Los sucesos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, constituyen una acción injustificable desde todo punto de vista porque no hay razón para que la protesta social, aun por muy justificada que pueda estar, se traduzca en actos de violencia. De la misma manera en que criticamos que por instinto y principio se disponga criminalizar cualquier acto de protesta de los ciudadanos, también adversamos las actitudes ilegales y violentas porque nada justifica que se use la fuerza y se arrebate alguna vida humana.
Ciertamente tenemos problema serios en el país por la falta de institucionalidad que proporcione certeza legal a los derechos que se reclaman o a los deberes que se exigen, puesto que desde nuestros tribunales hasta las dependencias administrativas, todo está carcomido por la corrupción y eso impide que pueda confiarse plenamente en el Estado de Derecho y la salvaguarda de las garantías que le corresponden al individuo o a las comunidades. Pero el camino de la violencia, lejos de reivindicar derechos, nos lleva a justificar esa tendencia tan generalizada a criminalizar la acción de los grupos que pretenden defender derechos esenciales.
Si la intención fuera justificar los actos violentos, se pueden encontrar muchísimas razones para argumentar sobre lo que desata esos hechos, pero nada, ninguna razón, justifica que se actúe de forma tal que se mate a alguien. Relativizar el sentido de la vida y defender “ciertos tipo de violencia” es lo que nos ha llevado a las condiciones en que vivimos actualmente, sobre todo a generar ese marco de vida ajeno al respeto a las leyes y que es algo que tenemos que combatir con toda nuestra fuerza.
Lo que tenemos que hacer es defender el Estado de Derecho y promoverlo en todas nuestras acciones, para que no haya nunca necesidad de recurrir a medidas de hecho que, llevadas a extremos, se convierten en expresiones de violencia que no nos llevan más que al despeñadero.
Santa Cruz Barillas, como tantos otros lugares del país, ha sido escenario de enfrentamientos por inversiones de capital que entran en conflicto con los intereses de las comunidades. Por principio creemos que el diálogo debe prevalecer, pero tiene que ser un diálogo en el que al final de cuentas dispongamos de un gran árbitro, que debe ser nuestro sistema de justicia, para que con fallos apegados a derecho y ajenos a la corrupción, intereses políticos o tráfico de influencias, permita la convivencia pacífica de nuestros pueblos.
Reiteramos nuestra condena a la violencia, con el mismo vigor con el que hemos condenado prepotencia de autoridades indispuestas al diálogo, y reclamamos cordura en un momento crítico para evitar nuevos y mayores excesos.
Minutero:
Que la corrupción importa poco
es una verdad absoluta
pues el pueblo se hace loco
y no plantea disputa