Diferentes razones podrían argumentar aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para acudir al Congreso con el propósito de pedir, solicitar o suplicar a distintas bancadas para que los apoye en sus gestiones; pero, en todo caso, presumo que esas diligencias deben ser incómodas para los pretendientes a guiar los destinos del TSE durante los próximos seis años.
Ese peregrinaje al edificio legislativo se repite con alguna frecuencia, de parte de las personas que oportunamente optan por ocupar los cargos de Fiscal General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, el nominado por el Congreso en la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Procurador de los Derechos Humanos.
Los 40 abogados que sobrevivieron al escrutinio de la respectiva Comisión de Postulación ya fueron examinados y pasaron las pruebas a las que se sometieron, y para fortuna de quienes quedaron al margen de los 116 iniciales candidatos, esta vez por lo menos no se dieron a conocer públicamente las llamadas “tachas”, o sea señalamientos de cualquier persona, algunas veces infundados y otras con argumentos sostenibles en torno a faltas, delitos o conductas impropias cometidas por los aspirantes.
Precisamente a causa de que indistinto individuo se cree con autoridad moral de poner en duda la honorabilidad del aspirante a uno de los cargos enlistados líneas arriba, muchos abogados de reconocido prestigio, vasta experiencia y solvencia académica se abstienen de presentar sus legítimas candidaturas, con lo que la institución de que se trate y el país mismo pierden la oportunidad de contar con funcionarios respetables, capaces y honestos.
Por supuesto que también muchas veces las “tachas” son justificadas, porque los aspirantes censurados previamente no reúnen las cualidades y calidades necesarias para llegar a desempeñar funciones de mucha responsabilidad que demanda la idoneidad requerida; pero aun así logran atravesar el colador de las comisiones de postulación, porque entran en juego los llamados poderes ocultos, que, al parecer, no están tan escondidos porque casi todo el mundo sabe de las existencia con pelos y señales de los mañosos.
Pero retomando el tema inicial, supongo que un abogado honorable en todo el sentido de la palabra que aspira a servir con decencia a su patria en determinada posición, tiene que hacer acopio de mucha humildad para acudir con diputados de muy dudosos antecedentes, para solicitarles su voto, a sabiendas que esa clase de parlamentarios estarían dispuestos a acceder a la petición planteada a cambio de futuros y oscuros favores.
Dicho en otras palabras, lo probable es que sin proponérselo, el aspirante a magistrado del TSE, en este caso, se vea en la necesidad de adquirir compromisos deshonestos y ajenos a su voluntad, para alcanzar el ansiado voto, y de esa manera contribuye a pervertir más el modelo político-electoral.
Precisamente para evitar esa clase de componendas, es que se debe insistir en que la elección de magistrados al TSE –y en los subsiguientes casos– se realice con la más lúcida transparencia, a fin de que se logre rescatar esa instancia cuya imparcialidad y magnífico desempeño son imprescindibles.
(Un mañoso diputado le comenta al ujier Romualdo Tishudo:–Soy tan buena persona que no madrugo para que Dios ayude a otro).