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El año pasado, el Gobierno erogó más de Q300 millones para mantener el sistema de transporte público que funciona en la ciudad capital con subsidios otorgados directamente a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

El primer desembolso de Q255 millones fue aprobado con el Decreto 72-2008, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2009.

Sin embargo, los fondos no fueron suficientes para los empresarios, a quienes el oneroso aporte les alcanzó únicamente de enero a septiembre.

Por lo tanto, un segundo aporte de Q79.8 millones fue autorizado por el Gobierno, con el Acuerdo Gubernativo 281-2009, con el cual se esperaba cubrir los meses de octubre, noviembre y diciembre.

De la misma manera ocurrió en el 2008, cuando el Gobierno otorgó Q340.8 millones a la misma asociación.

Por otro lado, el Sistema de Contabilidad Integrada establece que la AEAU de la Ciudad de Guatemala recibió de 2001 al 2007 la cantidad de Q658.4 millones.

Así­, durante los últimos 9 años, los aportes se dirigieron directamente a las manos de los empresarios del transporte, pero la verificación de que los fondos fueran invertidos en el funcionamiento y mejoras de los autobuses fue escasa.

Un informe de la entidad contralora del gasto público refiere que en los archivos faltan documentos originales de las transferencias realizadas por el Gobierno hacia los empresarios del transporte.

Las dudas giran en torno al interés de la actual y las anteriores administraciones de Gobierno para trasladar fondos a los empresarios, sin que éstos tuvieran que rendir cuentas sobre el dinero recibido.

Fuentes cercanas al oficialismo se refieren a una firme alianza polí­tico-empresarial, entre el Ejecutivo y los empresarios, que se patentiza durante los procesos electorales y se paga con subvenciones a los transportistas en el Gobierno.

AUDITORíA

La Contralorí­a General de Cuentas (CGC) presentó un informe de auditoria gubernamental correspondiente al 2008, sobre los fondos transferidos a la AEAU.

La comisión de Auditorí­a efectuó el análisis técnico y legal del Acuerdo Gubernativo No. 132-2007 de fecha 24 de abril de 2007, pero el informe fue presentado en abril de 2008.

En la evaluación de los aspectos financieros se examinaron entre otras cosas, la Caja y Bancos, Formas Oficiales y las partidas simples registradas en los formularios de caja fiscal.

La auditorí­a pretendió evaluar la gestión administrativa y operativa, además de establecer si la entidad ha cumplido con las leyes y reglamentos, además de evaluar las posibles irregularidades cometidas en las transacciones.

Por lo tanto concretó un análisis financiero de la distribución del subsidio y los mecanismos institucionales para la distribución a los beneficiarios, que en ese entonces correspondí­a a las 28 empresas afiliadas.

Durante el proceso de revisión de libros auxiliares, se comprobó que los fondos trasladados en concepto de subsidio en los años 2005-2007 fueron por un valor de 500 millones 979 mil 862 quetzales, pero se detectó que no se cuenta con registros en el Libro de Bancos respectivo.

La cifra difiere del informe entregado por el Ministerio de Finanzas Públicas a La Hora, en el cual se informó de una transferencia de 488 millones 954 mil 326.54 quetzales en ese mismo lapso.

Sin embargo, lo que la CGC denuncia es la ausencia de registros en el Libro de Bancos, debido a que su presentación es de carácter obligatorio según el Artí­culo 10 del Decreto gubernativo 2082, que indica: «Las Comisiones o Juntas Recaudadoras estarán obligadas a llevar un libro de Caja y los Auxiliares que fueren Necesarios».

De acuerdo con el informe detallado de la auditorí­a realizada a la AEAU, el Ministerio de Finanzas desembolsó una gran cantidad de dinero y ahora las transferencias no se pueden comprobar por la falta de documentación original de las transacciones.

La falta de control y el riesgo del uso inadecuado de las formas oficiales extraí­das en perjuicio del patrimonio del Estado, según señala la CGC, son solo algunas de las anomalí­as detectadas, por lo que se aplicó una sanción de 30 mil quetzales a los empresarios.

También, se procedió a realizar un análisis financiero de los fondos desembolsados por Finanzas, que ascendieron a 500 millones 979 mil 862 quetzales, del perí­odo comprendido desde diciembre de 2004 hasta el 23 de enero de 2008, según la CGC. Mientras que el informe entregado por Finanzas Públicas a La Hora da cuenta que en ese lapso se transfirieron unos 22 millones de quetzales más de lo que fue reportado al ente fiscalizador

De acuerdo con el informe de la Contralorí­a, solamente en el 2007 se desembolsaron 199 millones 997 mil 718 de quetzales.

Durante los años 2005 y 2006 la evaluación de la muestra establece por concepto de distribución de subsidio la cantidad de 300 millones 982 mil 144 quetzales, aunque como la información que soporta la distribución no se encontraba al momento de la auditorí­a en la Asociación, fue muy limitada la revisión, denunciaron.

Entre otros aspectos, el informe señala que es notable la falta de presentación de Informes al Congreso de la República de la distribución del subsidio otorgado a los empresarios.

De acuerdo a lo que se indica en las cláusulas de los convenios con la AEAU, al finalizar cada año debí­an rendir informes sobre la distribución de los fondos, por tratarse de dinero público manejado por manos privadas.

Dentro del área de control interno, la falta de normas, polí­ticas y procedimientos de control son el reflejo en los detalles de la auditoria y la pérdida de formas oficiales incide en que la información no sea confiable y oportuna.

HALLAZGOS

De acuerdo con la CGC, durante el proceso de revisión de libros auxiliares se comprobó que los fondos trasladados por concepto del Aporte Económico y Temporal (AET), denominado subsidio distribuido por los años 2005-2007 no cuenta con el Libro de Bancos respectivo y además, los datos no son exactos, en comparación con los informes del Ministerio de Finanzas.

Durante la práctica de auditorí­a a la AEAU, se detectaron deficiencias en la operatorí­a de caja fiscal, la cual no es técnica y sistemática, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que por su importancia, merecen revelarse dado que incide en que la información administrativa y financiera no sea confiable y oportuna.

Se determinó que en los años 2005 y 2006, la distribución del AET se efectúo a través de la emisión de cheques a nombre de cada propietario de autobuses; sin embargo, no aparecen los documentos que garanticen la recepción de dichos fondos (nóminas originales) por la suma de 300 millones 982 mil 144 quetzales.

Además se detectó que dentro de la documentación de los archivos de la AEAU no se encuentran todas las nóminas fí­sicas originales, es decir que no se conoce con exactitud qué documentos existen, de qué tipo y a qué áreas pertenecen para el control.

También se estableció que la AEAU extravió en diciembre de 2004 la forma oficial 63-A2 de los recibos de ingresos número 963264 por un monto de 12 millones de quetzales.

DEFENSA DE LOS USUARIOS

Ante la situación cuestionable en el actuar de los empresarios transportistas, í‰dgar Guerra de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), pidió a los empresarios que dilucide los problemas de los hallazgos de la CGC y si ya lo hicieron, que los hagan públicos.

Pero a pesar de ser beneficiado con fondos públicos, el servicio de transporte sigue dando problemas.

«El beneficio que se ha visto es al sector de propietarios de buses y empresarios», criticó Guerra, quien cree que no hay ninguna mejora, menos en el trato al usuario del transporte público, porque existen varias denuncias por la violación de los derechos de los adultos mayores.

Actualmente la tarifa autorizada es de Q1.10 pero no se respeta en ningún sentido, primero los pilotos prefieren no cobrar los 10 centavos por la falta de sencillo y según las denuncias establecidas en la AUTUE, los pilotos cobran el doble luego de las 3 de la tarde.

Algunas de las denuncias explican cómo los pilotos dejan las rutas a la mitad de su recorrido y deciden bajar a los pasajeros de los autobuses, por lo que éstos tienen que tomar otra unidad y en algunas ocasiones no les devuelven el pasaje.

«Hemos recibido denuncias que hay escasez de autobuses y ven autobuses parqueados que no prestan los servicios», relató el representante de la defensorí­a de los usuarios y dijo que es muy complicado conocer un dato real de cuántas unidades prestan el servicio, toda vez que no exista un registro donde se puedan controlar este tipo de situaciones anómalas.

Entonces para Guerra serí­a importante instalarle a todas las unidades un sistema posicional de control (GPS, por sus siglas en inglés), que pueda determinar en donde se encuentran todas las unidades y los lugares en los que prestan los servicios.

TRANSPARENCIA

Se intentó conocer por la ví­a telefónica las reacciones de Luis Gómez, la AEAU y Ronaldo Robles, secretario de Comunicación del Gobierno, sin embargo fue imposible localizarlos.

De acuerdo con Guerra, hace falta que se realice una auditorí­a profunda de las transferencias de fondos públicos que recibieron los empresarios del transporte público por parte del Estado para aclarar las anomalí­as detectadas por la CGC.

«Si queremos tener un buen servicio de transporte tenemos que empezar exigiendo la transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes y demandando claridad en el gasto», puntualizó el defensor.