La asignación del listado geográfico de obras constituye uno de los focos más grandes de corrupción porque es el instrumento que se usa en el Congreso para comprar los votos de los diputados. Antes eran los sobres con dobletes, cuando había confidenciales, pero luego se diseñó el sistema que llegó a su extremo más burdo con el PACUR administrado por la Organización Internacional para las Migraciones en donde, agarrados con las manos en la masa, su director se excusó diciendo que en Guatemala no hay obra sin sobra.

Un gobierno que hable de cambio tendría que haber empezado por acabar con las mañas del pasado que han significado la corrupción extrema y que convierte al Congreso en un auténtico mercado donde todos los votos tienen su precio y cada diputado cobra por las decisiones que tiene que tomar. Pero definitivamente ese no es el ánimo del gobierno porque para concretar sus propios negocios, como el del puerto, necesita por fuerza la complicidad de un Congreso donde no se levanten olas para cuestionar los procedimientos administrativos que están salpicando con riqueza ilícita a altos funcionarios del Ejecutivo.
 
 El mismo diputado Mario Taracena, quien presidió la Comisión de Finanzas en tiempos de Colom y sabe cómo se hace la melcocha, ha criticado ese listado geográfico de obras por considerarlo como una fuente permanente de corrupción.
 
 No sólo se ayuda políticamente a los diputados a hacerse imagen en sus departamentos con obras que proponen en el listado, sino que, además, se les facilita que contraten a sus propias empresas o a las formadas por sus socios, amigos o parientes, para que el negocio sea redondo. Ganan en imagen política para seguir en el Congreso haciendo pisto, y ganan dinero contante y sonante porque pueden hacer micos y pericos con las asignaciones sin que la cacharpa inútil que es la Contraloría de Cuentas pueda detectar u oler al menos, algún negocio o trinquete.
 
 Y para dimensionar cómo está de fregada la cosa y hasta dónde estamos de podridos y con tan escaso margen de maniobra para salir de la corrupción, ahora salen diciendo que la alternativa es usar las alianzas público privadas en lugar de las empresas de los diputados. Como si nuestro empresariado fuera ajeno a la corrupción y los trinquetes los hicieran en solitario los funcionarios o políticos. Todos los negocios se hacen con particulares, sean estos empresarios de nuevo cuño o empresarios de “acrisolado prestigio” que se prestan al juego para repartirse el erario. ¿Quiénes son los socios de los españoles en el negocio del puerto? Se trata de personas de los más selectos círculos sociales, respetadas en sus relaciones profesionales y personales por tirios y troyanos. Y ese es apenas un caso ilustrativo, pero así como ese se procede en prácticamente cualquier negocio público porque no hay corruptos sin corruptores y ese axioma es absoluto.
 
 El tema es de voluntad política y de decisión ciudadana. Ninguna de las dos cosas hay para enfrentar la corrupción y por ello los diputados se  pueden reír de la opinión pública con la ley contra el enriquecimiento ilícito porque ya vieron que en el fondo ni ellos ni los empresarios quieren que se apruebe castigo contra el tráfico de influencias. Los extremos se unen, dicen algunos, y los intereses comunes unen más.
 
 La estructura administrativa del país está hecha para robar, para permitir el saqueo del erario y para alentar el enriquecimiento ilícito y pasmosamente rápido de funcionarios y contratistas. Los que no están en la jugada sueñan con entrar al paquete y por eso no hay realmente una fuerte presión pública contra la corrupción porque, mal que bien, es un juego que a todos les gusta.