Nunca he simpatizado mucho con la Contraloría de Cuentas de la Nación porque entiendo que se trata de un ente que no cumple con sus obligaciones y que en muchos casos termina siendo tapadera de la corrupción, sea por falta de recursos o por falta de interés real de entrarle al toro por los cuernos. Pero debo reconocer que la actual Contralora, si bien carga con buena parte de ese lastre, ha tenido una actitud definida y categórica en su reclamo para que sean eliminados los fideicomisos que constituyen una de las formas más burdas de corrupción por la forma en que permite que se mangoneen los recursos del Estado.

Insisto en que los reparos y multas que impone la Contraloría son generalmente aplicados a funcionarios menores y no a los cabezones que hacen los grandes negocios, pero el tema de los fideicomisos va directamente con éstos porque no se puede negar que fue una sucia maniobra aconsejada por perversos abogados la de utilizar una figura del Derecho Privado para evadir hasta los tibios controles que hay en el país para fiscalizar el gasto público. Se contrataron expertos en Derecho que encontraron la forma mañosa de manejar los fondos públicos y hasta la fecha los fideicomisos son seguramente la mayor vergüenza que hay porque es una forma descarada de huevear. La expresión es dura, pero no cabe otra porque la intención precisa de la utilización de esa institución del Derecho entre particulares fue la de mantener el ojo de cualquier ente de control alejado de la forma en que se dispone del dinero de los contribuyentes.
 
 Y se utilizan con el mayor de los descaros, con la más absoluta desfachatez porque en Guatemala los políticos y sus socios en el sector privado que se alzan con el dinero público tienen piel de danta. Cualquiera sabe que desde el momento en que se usa un fideicomiso es para encubrir pagos a parientes y paniaguados que reciben emolumentos fuera de toda lógica y proporción en el sector público. El secreto en el manejo de las partidas es tal que se puede contratar a familiares aun dentro del grado de ley porque no hay forma de que se puedan auditar las cuentas al detalle y en ese sentido es valioso lo que ha logrado, en medio de tanta adversidad, la Contralora de Cuentas en este período, cuando entre los hallazgos del año pasado ya aparecen algunas anomalías detectadas en los mismos fideicomisos.
 
 Legalmente, sin embargo, es difícil determinar la comisión de actos delictivos por la forma de constitución de los fideicomisos y porque siendo una institución de Derecho Privado, no hay mecanismos en el derecho público para hacerlos transparentes. Por definición, el fideicomiso se constituye como acto de buena fe, de confianza entre el fideicomitente y el fiduciario para administrar lo fideicometido y beneficiar a quienes sean designados como fideicomisarios. En cambio, por definición, el fideicomiso constituido con fondos públicos es todo lo contrario, porque de entrada es una sucia maniobra para evadir controles dizque con la intención de agilizar las operaciones del Estado.
 
 Yo pienso que en esa lucha hay que apoyar a la Contralora de Cuentas porque se trata de uno de los pasos más importantes en pos de la transparencia en el país. Mientras los funcionarios sigan teniendo acceso a instituciones que tienen finalidades distintas al manejo de la cosa pública, siempre harán micos y pericos con lo que tienen bajo su administración. En ese sentido el Congreso ha sido y seguirá siendo responsable porque no ha tenido la entereza de suprimir dicha práctica y permite que el pernicioso consejo dado por aquellos abogados que inventaron el agua azucarada, siga siendo fuente de podredumbre.