Esta semana se hizo público el pedido que el sector privado organizado en el CACIF hizo sobre la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado con el fin de convertirla en más práctica y que se reduzcan los concursos “dirigidos” o diseñados con dedicatoria especial.

Es importante el planteamiento del CACIF, principalmente, porque algunos de sus agremiados son usuarios del sistema y han sido también parte de esos concursos que otorgan beneficios a los participantes y, por ello, el aporte que podrían dar para las modificaciones sería con información certera sobre lo que debe evitarse si es que verdaderamente se quiere transparentar la operación pública.
 
Las leyes de control del gasto y, claro está, la de Compras y Contrataciones es fundamental, están hechas para que la utilización de los fondos sea a los ojos de la gente y la auditoría sea viable en un país en que retorcer la ley y adueñarse de plata que no les corresponde es muchas veces la práctica normal y cotidiana.
 
Y todo esto es porque la cultura del negocio con el sector público es, en su mayoría, corrupta. Igual como corrupta es muchas veces la actitud de una ciudadanía que se quiere salir con la suya pagando menos impuestos o aspirando a ser el participante de la “relación” con el funcionario de cuello, el conecte, etc.
 
 Lo fundamental para evitar que se siga haciendo un chiste de las leyes de control es terminar con determinación la utilización de las “emergencias” para realizar todas las compras, adquisiciones, contrataciones y concesiones del Estado. No puede ser que no haya planificación real para poder programar en tiempo la compra de medicamentos, útiles escolares, armamento para las fuerzas de seguridad, combustible para los vehículos del sector público, etc.  No puede ser que se siga considerando de “excepción” un método que ya es la costumbre para poder burlar un mínimo y muy falible sistema de control que se tiene en Guatemala.
 
Lo peor es que Dios guarde a quien diga que hay funcionarios, jueces, políticos o empresarios corruptos, porque se le tiran encima para pedir las cuentas y pruebas.  Porque se pretende que todos den por buenos los métodos que usan jueces, diputados, ministros, secretarios, presidentes y vicepresidentes para convertirse en millonarios con el aval de los contratistas que compraron su derecho de piso financiándoles sus campañas.
 
Hay que hacer una revisión en las prácticas, sin duda alguna. Pero lo más importante es que se cambie la actitud y sea obligatoria la utilización de los métodos de control. No más contratos abiertos sobrevalorados, no más excepción, fraccionamiento, ni nada de eso que solo significa corrupción.
   
Minutero:
El aporte empresarial
 puede ser fundamental
 si lo que buscan es decencia
 y una mayor transparencia