Cuando se modificó el concepto de la comisión propuesta para combatir a los cuerpos clandestinos y caímos en una visión más amplia y al mismo tiempo más precisa, enfocando el tema de la impunidad, hubo fuertes oposiciones porque existía temor de que efectivamente se pudiera poner la pica en Flandes con un trabajo profesional e independiente que se centrara en el combate a la impunidad. Al fin y al cabo, y ese era mi argumento desde el principio, de nada servía atacar a los grupos y poderes clandestinos si persistía la impunidad que tanto les ha favorecido.
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Ahora resulta que en Naciones Unidas, al evaluar el trabajo que se ha hecho en los dos primeros años de funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, se piensa crear un órgano especial de Naciones Unidas para asistir a los países que tienen estructuras frágiles, como las nuestras, para crear un sistema de justicia confiable. Por supuesto que algunos consideran que es una intromisión de la comunidad internacional (y hasta dicen que con el patrocinio de los gringos) en los países del tercer mundo que son los que tienen ese tipo de problemas, pero está visto, por lo menos a la luz de la experiencia guatemalteca, que no hay posibilidad, ni siquiera remota, de que por nuestros propios medios podamos superar un problema de la envergadura que tiene la impunidad institucionalizada y que carcome como voraz cáncer toda la estructura de la justicia.
Si alguno ha sido permanente y celoso defensor de la soberanía del país he sido yo y eso me ganó muchas enemistades entre diplomáticos acreditados en nuestra nación, pero precisamente porque creo tanto en la soberanía es que no puedo aceptar que la misma haya sido secuestrada por los poderes ocultos, el crimen organizado y los grupos clandestinos, despojando al pueblo de la capacidad de administrar un sistema eficiente de justicia. Y entendiendo que no hay soberanía sin la capacidad del Estado para aplicar la ley en todo el territorio nacional, he abrazado la causa de la CICIG con todo entusiasmo porque reconozco que necesitamos de la ayuda de personal independiente, no contaminado ni susceptible de cooptación, para librar una de las más trascendentales y decisivas batallas de la construcción de la Nación.
Es evidente que la mayoría de países del sistema de Naciones Unidas entiende y valora la experiencia guatemalteca y por ello más de setenta estados miembros promovieron una resolución de apoyo a la CICIG y se habla ya de crear un órgano en el sistema de la organización mundial, que se encargue de ayudar a los países que tienen estados frágiles, incapaces de aplicar la ley.
En el siglo pasado, cuando se produjo la oleada independentista en ífrica, expertos de Naciones Unidas ayudaron a esos pueblos a redactar y estructurar su sistema constitucional, aporte que en muchos casos dio lugar al surgimiento de pactos sociales en verdad positivos y trascendentales. Desafortunadamente eran asistencias que muchas veces tenían más que ver con la inspiración del experto contratado que con una visión definida por la misma comunidad internacional para consolidar el proceso del surgimiento de nuevas entidades nacionales y por ello hubo también fracasos estrepitosos y constituciones que duraron semanas o, a lo sumo, meses. Ahora hay un experimento exitoso que no puede dejarse librado a la inspiración personal de alguien, sino que debe enmarcarse en un modelo conceptual que enfrente a la impunidad en los estados más débiles.