Es indudable que sin los serios cuestionamientos que se formularon a la nominación que se hizo para que el Congreso eligiera al Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, hubiera sido imposible detener mediante amparos la maniobra del Consejo de la entidad que simple y sencillamente demostró actuar con criterio de compadrazgo, designando una terna más arreglada que señora para ir a un casamiento.
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La actual titular del Instituto ha sido señalada durante su gestión de varias anomalías que incluyen privilegios que, por lo visto, ahora están rindiendo frutos porque los que recibieron ese trato especial son los que de alguna manera accedieron a integrar una terna en la que se le estaba sirviendo en bandeja la reelección, no obstante que no llenó los requisitos. Un atinado interrogatorio realizado por la diputada Nineth Montenegro fue crucial para desenmascarar las alteraciones que hubo en el proceso de calificación de las credenciales de los aspirantes, y con ello la diputada volvió a demostrar su buen criterio y su dedicación para escrutar con propiedad en los negocios públicos.
Este precedente puede ser crucial si lo vemos en la perspectiva de lo que viene, es decir, de la elección de los magistrados de las Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, puesto que ahora gracias a que se demostró manipulación en los criterios de calificación de las credenciales de los aspirantes, los tribunales dictaron el amparo provisional para evitar los agravios irreparables que se iban a producir si el Congreso hace la elección definitiva con base en la propuesta que tiene todos los visos de estar amañada y que pretende favorecer a la abogada que ha manejado ese instituto como si fuera su propio bufete, no sólo en términos de viajes y viáticos, sino también de compadrazgos y privilegios que, ahora se ve, tenían la finalidad de asegurar la lealtad de los que debían de hacer la postulación.
Los guatemaltecos en general siempre nos mostramos demasiado reacios a la participación ciudadana y a la fiscalización, lo cual puede ser en parte porque hay materias muy especializadas en las que no se tiene la capacidad para emitir juicios certeros, pero también porque en el fondo sabemos que la historia demuestra que hagamos lo que hagamos, de todos modos los largos siempre se terminan saliendo con la suya. Pero ahora estamos viendo que la presión social, la decisión de pequeños pero importantes y significativos grupos de la sociedad guatemalteca, es suficiente para abrir pequeños resquicios que debemos esforzarnos por mantener abiertos.
Lo del Instituto de la Defensa Pública Penal es, y así debe tomarse, un precedente que nos servirá porque el día de mañana deberemos exigir a las comisiones de postulación que nos entreguen razonados los criterios de selección que utilizaron para postular a los candidatos a magistrados y si los mismos no están basados en mecanismos equitativos y razonables, deberá procederse de la misma manera que ahora con el IDPP.
Y justo es reconocer nuevamente que la diputada Montenegro se ha convertido en pieza fundamental del esfuerzo por ir revirtiendo los mecanismos no sólo de impunidad sino de corrupción que han permitido la cooptación de las instituciones públicas por el crimen organizado y las mafias de distinto sino. Unas que buscan su propio beneficio y otras que se colocan descaradamente al servicio del crimen organizado. Contra ellas es que hay que mantener una lucha irrenunciable e inclaudicable.