Estamos convencidos que el problema más grave que afecta a Guatemala es la impunidad porque rompe con el estado de Derecho, alimentando todos los vicios que nos afectan pero, sobre todo, la violencia y la corrupción. Lamentablemente vemos que es poco lo que eso importa a los habitantes del país, acaso porque en el fondo no deja de ser más cómodo vivir en medio de una anarquía generalizada y el irrespeto a la ley, puesto que cuando se inician acciones contundentes para atacar el problema, las pocas reacciones que se dan parecen ir en contra de quienes plantean el remedio y en defensa de quienes causan el mal.
Ante evidencias concretas de cómo opera el crimen organizado en las estructuras de justicia, impresiona la forma en que la llamada opinión pública termina haciendo causa común con esos operadores que han sido los garantes del régimen de impunidad y la forma en que se tiende a la descalificación del esfuerzo por desnudar las realidades. Mientras la sociedad no asuma el reto de entender lo que la impunidad significa para el país, nada se logrará por mucho que avancen investigaciones que hagan entidades como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, porque al fin de cuentas el trabajo y la responsabilidad terminan siendo nuestros.
La CICIG puede terminar su mandato en Guatemala y los expertos extranjeros que vinieron volverán a sus países o realizarán en otro lado su trabajo con la ONU, pero el problema al fin de cuentas no es para ellos sino para un país que lamentablemente tiene sus estructuras carcomidas por la forma en que distintas organizaciones criminales han penetrado sus instituciones. La falta de aplicación de la ley, que a lo mejor nos parece muy cómoda cuando nos pasamos un semáforo o cuando damos una mordida para agilizar un trámite, tarde o temprano nos pasará la factura, porque nadie está libre de la violencia y todos estamos expuestos a sufrir alguna forma de delito debido a la incapacidad del Estado para aplicar la ley y sancionar a los delincuentes, tanto los armados como los de cuello blanco.
Nadie está libre de que algún encopetado empresario use un banco, cree un sistema de pirámide o simplemente estafe con habilidad a sus clientes, porque la experiencia demuestra que en Guatemala el que la hace NO la paga. Y de la misma manera el usuario de un bus estará siempre expuesto a ser asaltado porque los ladrones saben que aquí NO hay justicia.
El problema no es de Castresana ni de la CICIG. El problema es de los guatemaltecos y si nosotros no lo entendemos y mantenemos esa postura indiferente ante la lucha contra la impunidad, jamás lo solucionaremos.