Militares implicados en el desfalco de Q471 millones en el Ministerio de la Defensa Nacional ( MDF) en 2001, insisten en que la CICIG no continúe como querellante en el proceso en el que se encuentran ligados.
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La defensa del coronel retirado Luis Gómez Guillermo presentó una apelación con la que busca que una Sala revoque el fallo de la judicatura Novena de Primera Instancia, la cual confirmó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como querellante dentro del proceso.
Este caso se encuentra suspendido debido a una serie de acciones presentadas por los sindicados, quienes están en libertad bajo fianza.
Acción
Mario Cuevas, abogado defensor de Guillermo, explicó que la excepción de falta de acción fue presentada por considerar que «hay un procedimiento ilegal en el hecho que la CICIG sea querellante en el proceso contra mi defendido», argumentó.
A criterio del jurista, «el mandato de la CICIG indica que sólo puede intervenir en procesos en los que hayan cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad y este no es uno de ellos», consideró. No obstante, el juzgado Noveno declaró sin lugar esa acción, lo que motivó la apelación del militar.
Según Cuevas, en la apelación busca que la sala Segunda revoque el fallo del juzgado Noveno, pues considera que «el acuerdo de la CICIG contiene un compromiso de respeto a las leyes del país», indicó.
Diego ílvarez, jefe de Prensa de la CICIG, informó que la entidad internacional no tenía pronunciamiento alguno en este caso y que esta esperará a que las salas competentes conozcan los procesos y emitan los fallos correspondientes.
Caso
En este caso están ligados a proceso los militares: general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo del diputado Efraín Ríos Montt; el coronel retirado Sergio Hugo Cárdenas Sagastume, el capitán de navío Randolfo Leonel Chacón ílvarez, el capitán primero Adolfo Catalán Muñoz y el teniente Miguel íngel Salguero Torres; además de Guillermo, quien planteó la acción.
Los seis militares son sindicados de haber autorizado la erogación de Q471 millones 585 mil 965 de los fondos del Ministerio de la Defensa, sin documentos de respaldo ni justificación, porque aducían que el gasto era secreto militar.
En el período fiscal de 2001 se establece que se emitieron 79 certificaciones para facilitar la salida del dinero; Ríos Sosa avaló 34 certificaciones, por Q263 millones, según la acusación.