Implicado en Caso MDF logra detener su deportación desde EE.UU.


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Byron Rodolfo Sánchez Corzo, señalado de haber participado en el desvío de Q82.8 millones del Congreso de la República hacia la casa de bolsa Mercados del Futuro (MDF), ha logrado frenar su deportación de Estados Unidos, desde que fue capturado.

POR JODY GARCÍA
jgarcia@lahora.com.gt

Según la información de investigadores de la Fiscalía contra la Corrupción, desde la aprehensión de Sánchez, la cual se hizo efectiva el 24 de julio del año pasado, el sindicado ha logrado frenar su deportación a través de acciones de impugnación promovidas ante el Juez de Inmigración del país norteamericano.

No obstante, este viernes, el acusado debía comparecer ante las autoridades del país norteamericano para discutir su proceso migratorio  y resolver su ingreso al país.

Sánchez Corzo tenía orden de captura por el delito de abuso de autoridad. Según consta en el informe enviado por las autoridades de Interpol a Guatemala, la detención se ejecutó porque tenía la visa vencida y se encontraba de manera ilegal en el país norteamericano.

De forma paralela, puesto que el trámite de deportación se ha retrasado, el Ministerio Público también promovió la petición de extradición.

EL CASO
El señalado fungió como Secretario Privado del Congreso, y está implicado en el desfalco millonario, dentro del cual ya hay personas condenadas.
En octubre del año pasado, el gerente de MDF, Raúl Girón, y el expresidente del Congreso, Eduardo Meyer Maldonado, fueron sentenciados por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, que le impuso una pena de 20 años de prisión al primero y de 3 al segundo.
La sentencia fue apelada por la defensa de ambos condenados, con el fin de buscar una absolución, mientras que el otrora  Procurador General de la Nación (PGN), Larry Robles, por medio de un abogado, presentó una apelación especial en contra de dicha sentencia  con el propósito de buscar responsabilizar también a los exdirectivos del Banco Uno.
Pese a críticas de diversos sectores, el Ministerio Público y el Congreso, durante el proceso, se abstuvieron de presentar apelación, aduciendo que el órgano jurisdiccional aplicó la pena máxima requerida contra los sindicados.