El asesinato del que fue víctima el locutor y periodista mazateco Carlos Orellana Chávez, desemboca en un determinante imperativo para que los comunicadores sociales abandonen su característico individualismo y que los que nos dedicamos al periodismo en sus diferentes modalidades, facetas o categorías nos unamos sólidamente en defensa de la libre expresión del pensamiento, del derecho de dar a conocer acontecimientos devenidos en noticias, de manifestar nuestras opiniones y de tener acceso a las fuentes de información, además de resguardar nuestra seguridad física y la vida misma.
Es difícil admitir la versión oficial respecto a que los crímenes cometidos contra periodistas y locutores en el interior del país, fundamentalmente, no se han perpetrado a causa de sus actividades profesionales, sino que, como cualquier guatemalteco que está expuesto a ser objeto de agresiones físicas y mortales, los comunicadores sociales no son ajenos a esta generalizada violencia delictuosa, y de ahí que, según la versión gubernamental, los colegas o compañeros que han sido agredidos o perdido la vida durante las semanas recientes, han sido blanco de venganzas o conflictos personales, y no por ejercer su trabajo de informar o comentar sobre sucesos acaecidos en sus localidades.
Se pretende deslindar esos hechos criminales de la actividad mediática, como una forma de soslayar responsabilidad del Gobierno en las embestidas contra una de las garantías individuales y sociales más preciadas, como es la libertad de expresar nuestras ideas, críticas o reclamos en bien de la colectividad.
Mientras los periodistas pretendamos que somos una especie de islas en un multiforme archipiélago dividido en intereses egoístas, no lograremos constituir un frente común frente a la acometida de quienes persiguen exterminar el derecho de disentir, independientemente de que los atentados se fragüen en establecimientos gubernamentales, locales políticos, despachos municipales, oficinas empresariales o antros de narcotraficantes.
Afortunadamente, la APG está saliendo de su prolongado letargo bajo la conducción de Miguel Ángel Álvarez, un periodista de la Costa Sur que por su experiencia conoce las vicisitudes de sus compañeros que ejercen en el interior del país; pero no para recordarle al Presidente lo que prometió en su campaña en torno a su compromiso de respetar la libertad de prensa, sino para proceder con entereza, exigiendo, no rogando, que el Gobierno cumpla con su deber de respectar el artículo constitucional que garantiza la actividad de la prensa y la ley específica que desarrolla esa norma.
Los reporteros, fotógrafos de prensa, camarógrafos y otros comunicadores, por su parte, deben asumir conciencia que es imprescindible la unidad del gremio, ya sea afiliándose a la APG o a otra organización similar, para actuar colectivamente como lo hicimos los periodistas en su momento, ahora devenidos en veteranos, durante los gobiernos autoritarios, evitando hasta donde fuera posible que otros colegas se sumaran a las filas de los compañeros que fueron asesinados por las hordas de la derecha terrorista entronizada en el poder político y el económico.
(El solidario reportero Romualdo Tishudo cita a Martin Luther King: -Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda).