Durante la opinión anterior, se hizo la reflexión sobre si efectivamente era necesario alcanzar una reforma constitucional o bien, si por el contrario era posible modificar las estructuras del Estado mediante la actualización legislativa, especialmente en aquellos temas que configuran una base sustancial del accionar institucional y jurídica del Estado, como lo son el sistema judicial, el sistema de partidos políticos y el sistema de control gubernamental.
La Constitución, como cualquier norma fundamental, establece parámetros generales sobre los pilares jurídicos e institucionales que configuran al Estado, y con ello establece principios de aplicación fundamental, como la independencia de los órganos de Estado, la delimitación del marco de los deberes y derechos políticos, y los distintos sistemas normativos dentro de los cuales están los de control gubernamental, servicio civil, y aquellos cuyos parámetros básicos configuran el resto de especialidades propias del país, como los ejes municipalistas, el régimen de garantías humanas y muchos otros más. Nuestra Constitución entonces, ha sido descrita como humanista y desarrollada, en comparación con otras normas del mismo rango alrededor del mundo, con algunas otras limitaciones.
Identificar cuáles son los cambios necesarios parece sencillo, especialmente ante las circunstancias que el país ha vivido en los últimos años; en donde estriba la complejidad es en determinar la forma en los que esos cambios serían funcionales o dañinos para Guatemala, puesto que en algunas normas propuestas en la reforma constitucional (incluyendo ya su última versión), deja la duda sobre la intencionalidad del fondo que se persigue. Mejorar los distintos sistemas que por su situación actual requieren actualización y fortalecimiento, pasan más por una voluntad y decisión política, algo que requeriría el apoyo no sólo de los gobernantes de turno, sino también de la llamada oposición política, grande o pequeña. Un aumento en el presupuesto al Organismo Judicial, por ejemplo, no requiere de una reforma constitucional, sino de una reforma a la política de gasto público y tributaria: se debe gastar mejor y priorizando ese gasto en donde el país lo necesita.
El Organismo Legislativo debe hacer también lo propio, logrando los acuerdos políticos transparentes que sean necesarios para los consensos de esas reformas, algo que en el futuro próximo parece difícil, pero que con un buen liderazgo se podría alcanzar en un mediano plazo. Y no se puede olvidar el papel importante del resto de la sociedad, tanto las organizaciones sociales, como los tanques de pensamiento académico y los ideológicos de los partidos políticos, conjuntamente con los medios de comunicación y opinión, que se esperaría entre todos, encaucen las actuaciones formales del Estado, hacia su construcción o reconstrucción, según las necesidades que se requieran.
Para ello, el Congreso de la República debe mejorar en aspectos organizacionales y de régimen interior, algo que durante años se ha pensado e intentado, pero que con el tiempo parecen ir empeorando, desde las relaciones laborales entre diputados y su personal de apoyo, hasta el comportamiento de los congresistas dentro del pleno y comisiones legislativas, lo que habrá que respaldar en futuro muy cercano.