El cambio del Estado no se consigue con exclusividad reformando la Constitución, sino también estableciendo una visión integral del país en el que se quiere vivir, y tomando acciones desde cada una de las áreas de más importancia para el país, empezando con los Organismos del Estado y aquellas dependencias que siguen siendo parte del sector público, pero que por su importancia e independencia cuentan con normativas propias, como el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas, entre otras.
Es claro que un Estado no puede funcionar igual en todas las etapas del tiempo, principalmente porque su población y las distintas influencias internacionales le hacen cambiar de hecho de forma periódica, obligando a las autoridades, a regular o normar las conductas, culturas y acciones que tiendan a actualizar la forma de vida y garantizar que la convivencia sea en paz (fin del derecho). Estas actualizaciones dependen claramente de la disposición de quienes ejercen el poder político del Estado, tales como los diputados al Congreso de la República, por lo que a veces los habitantes se encuentran escépticos sobre el alcance y los resultados que se puedan obtener por este medio.
Durante las últimas semanas se han propuesto una serie de cambios normativos para Guatemala, intentando razonar con ello una modificación a un sistema jurídico, político, económico, social y cultural definido por la Constitución Política en 1985, pero en realidad la iniciativa del Presidente se ha convertido en un huracán de críticas variadas, desde la técnica jurídica hasta el cuestionamiento sobre la profundidad de las mismas, aunque quizá de lo más relevante sea el peligro en el que parece estar el país si se realizan en este momento, con las actuales condiciones políticas. Los retos de seguridad, transparencia, justicia e igualdad social se ponen a prueba en esta propuesta, y a decir de los expertos, no se identifican avances a dichos retos en la iniciativa mencionada.
Por el contrario, parece que el esfuerzo de alcanzar una agenda legislativa que modernizara sistemas institucionales tendientes a fortalecer y mejorar capacidades del Estado en estas materias ha ido decreciendo y aun cuando se tuvieron algunos logros al inicio de la gestión del Congreso, nuevamente sus resultados se cuestionan ampliamente, como es el caso de la denominada reforma y actualización tributaria, la que perjudicó índices de competitividad y gestión de comercio internacional. De esto se rescata que los grupos que cuestionan esta reforma no reclaman el aumento de algún impuesto o bien un proceso de fiscalización más técnico, sino simplemente piden que existan normas que hagan fácil y efectivo la inversión en el país.
Modificar la Constitución obligará por lógica a una modernización legislativa, puesto que la Constitución no es más que una ley marco, al más alto nivel, pero no puede ni debe alcanzar desarrollo de gestión pública, por lo que para eventualmente hacer cumplir los cambios que pudieran aprobarse, deberán también cambiarse varias leyes. Para nuestro propio beneficio, ¿no sería mejor iniciar una modernización legislativa de aquellos temas tan delicados y tan importantes, antes de reformar nuestra Constitución?