Varias organizaciones sociales han manifestado su indignación acerca del hecho de violencia que se registró el dí­a de ayer, es decir, la muerte de cinco jóvenes, suceso que demuestra nuevamente la debilidad de la institución policial, constituyendo, sin duda alguna, una múltiple violación de derechos humanos, abuso de autoridad y uso ilegal de equipo, uniformes, insignias y recursos de la PNC.

Carmen Aí­da Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, manifestó que se está pidiendo a la ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, la destitución e investigación del director general de la PNC, Julio Hernández Chávez, debido a los actos de impunidad que sus subalternos realizaron utilizando equipo y recursos de la PNC, lo cual es una muestra de la debilidad de esa institución.

«Es indignante e intolerante que sigan ocurriendo hechos criminales que colocan a la institución responsable de la seguridad y el orden público en una situación de penetración criminal que no cesa, simplemente porque el Estado no tiene la capacidad para evitarlo, o no realiza los esfuerzos del caso para cambiar significativamente esa realidad institucional», añadió Ibarra.

A criterio del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) estos actos vienen a poner de manifiesto las evidencias de la falsedad de las declaraciones ministeriales respecto al proceso de depuración de la PNC, puesto que se establece de nuevo que las fuerzas encargadas de la seguridad pública se encuentran penetradas por los grupos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

Sin embargo, Yolanda Pérez, ex presidenta del Colegio de Abogados, manifestó que la investigación tiene que llevarse a fondo, en razón que esta descarada matanza demuestra nuevamente que en Guatemala existen y existirán los escuadrones de la muerte, realizando limpieza social, ya que aunque estas personas hayan sido delincuentes, los agentes no tienen el derecho de quitarle la vida a ningún ser humano.