En los años sesenta, una de las series más populares de la televisión se llamaba “Los intocables”. En ella se relataban las acciones de un grupo de agentes federales en Estados Unidos, dedicados a combatir el contrabando de licor y a las mafias encargadas de la producción, importación y venta del mismo en los años 30.

Los guatemaltecos saben que en nuestro paí­s hay grupos de poder, la supercúpula económica y sus allegados que, gobierno tras gobierno, actúan, influyen y manipulan para enriquecerse ilegalmente, no pagar impuestos y más grave aún, para ser superiores a la ley e independientemente de los hechos y acciones que cometan, convertirse en “intocables”.

Fue público y circularon grabaciones de cómo un miembro de un grupo multiempresarial, multimillonario, le reclamaba a sus consocios, sobrinos y demás familiares, que no le entregaban cuentas, ni le proporcionaban las utilidades multimillonarias que mediante las ventas no declaradas obtení­an en detrimento del pago de impuestos. El caso se ventiló en diferentes paí­ses, incluyendo Guatemala de donde el grupo empresarial es originario. El resultado en nuestro paí­s fue que las autoridades responsables del cobro de impuestos no concretaron y los tribunales mucho menos sentenciaron en contra de los miembros de este clan.

Otros “intocables” son los socios y directivos del Banco Empresarial donde por obra y gracia de miembros de la Corte Suprema de Justicia de ese momento, un juicio penal se convirtió en civil y hasta la fecha continúan sin recuperarse los Q532 millones que de los impuestos tuvieron que invertirse para que los ahorrantes y depositantes recuperaran sus recursos, sin que los socios y directivos de dicho banco hayan reintegrado los millonarios préstamos que se hicieron asimismo, a sus familiares y empresas en detrimento de los depositantes y del Estado.

Para culminar con los “intocables” tenemos hechos que a pesar de los señalamientos públicos de la fiscal de la CICIG, Gisel Rivera y del grupo de profesionales que coordinaba, de las contundentes publicaciones de fotografí­as, informes, incluso del libro “Crimen de Estado”, donde se señala que funcionarios de Gobierno súper ligados a parte de la cúpula económica, son responsables de tumbes de droga, apropiación de millonarias cantidades en dólares y quetzales relacionados al tráfico de estupefacientes, y posibles responsables del asesinato de tres parlamentarios centroamericanos de El Salvador y su piloto, de la muerte extrajudicial de varios reclusos en la toma de Pavón y de la muerte de cuatro policí­as en la cárcel El Infiernito; hoy el Ministerio Público y la CICIG opinan que debe desistirse de la extradición del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y del exdirector de la Policí­a Nacional Civil, Edwin Sperinsen, manteniéndose el reclamo de extradición contra Javier Figueroa, exsubdirector de la PNC, de quien su esposa dice “que si vuelve a Guatemala será asesinado por el conocimiento que tiene de las redes de poder entre familias ricas influyentes, el Ejército, la policí­a y la polí­tica”, con el criterio que en Guatemala no se les juzgarí­a con seguridad, adicionando que no existe un ambiente imparcial y subjetivo para ventilar el proceso.

¿Será procedente que en Guatemala sólo se someta a proceso, se mantenga detenidos por años, como lo hiciera Juan Luis Florido y Selvin Galindo, a quienes no pertenecen, ni son allegados a la supercúpula?

Ante lo descrito,  la credibilidad de un juicio independiente, imparcial y objetivo en los casos de alto impacto ya no existe.