Las universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landí­var, junto a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), han logrado que entre a discusión en el Congreso de la República una propuesta para reformar la Constitución en ámbitos de seguridad y justicia. Para concretar esta iniciativa es necesaria una consulta popular, en donde la sociedad tiene que definir si a 26 años de vigencia, la Carta Magna se adecúa o no a las necesidades actuales para hacer efectiva la persecución penal, judicial y la administración de justicia.

Las estadí­sticas de personas asesinadas aumenta dí­a a dí­a y el número de casos por resolver parece mantenerse estático. El sistema de justicia en el paí­s se ha envuelto en una crisis en donde las preguntas rondan a si los tribunales de justicia han colapsado, si los jueces y magistrados trabajan con independencia y honorabilidad y a si todo lo anterior es un reflejo de la situación actual del Estado de Derecho en el paí­s.

Ante esta situación, analistas y académicos plantean la necesidad de refundar el Estado y otros se dirigen más a la opción de corto plazo, de hacer reformas a la Constitución Polí­tica de la República.

De forma insistente, las universidades de San Carlos de Guatemala, Rafael Landí­var y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) han logrado que entre a discusión en el Congreso de la República una serie de reformas a la Carta Magna en materia de seguridad y justicia.

La culminación para lograr estas reformas es una consulta popular convocada por el Tribunal Supremo Electoral y señalando con precisión las preguntas que se someterán a los ciudadanos empadronados que votarán para ratificar o rechazar la reforma.

Pero antes de ello, la discusión en el pleno es imprescindible y el despliegue de información para que los guatemaltecos la conozcan lo es más.

“Hemos planteado una reforma de pocos artí­culos y que creemos indispensable, ya que está referida a una de las grandes preocupaciones de la población que es la seguridad y justicia”, dice Alejandro Sánchez, del Instituto de Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

Según indica Sánchez, se busca una transformación y fortalecimiento en las instituciones competentes en materia de seguridad y justicia, tales como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público y Policí­a Nacional Civil.

Las reformas se harí­an en los artí­culos 205, 208, 209, 214, 215, 217, 222, 250 y 251 (Lea: La Propuesta)

LAS PROPUESTAS
En la iniciativa, se propone que el presidente de la CSJ no sea electo en perí­odos anuales si no en término de cinco años y en el caso de los miembros de la Corte  sean nombrados para un perí­odo de diez años y electos por una Comisión de Postulación; además, el texto indica que estos funcionarios tengan las posibilidades de ser reelectos hasta el lí­mite de edad de la jubilación obligatoria.

Actualmente los magistrados de la CSJ son electos por el Congreso de la República, por un lapso de cinco años. La Presidencia de esa instancia se elige cada año, entre los 13 magistrados.
 
Raquel Zelaya, de ASIES, explica que con la Comisión de Postulación se fortalezca la carrera judicial y desvincula al Congreso la designación de estos funcionarios.

“Fortalece la carrera judicial despolitizándola y dándole más poder a los jueces y magistrados tanto de la Corte como de la Sala de Apelaciones, además que si un magistrado es rechazado al querer llegar a juez ya no podrá volver a postularse”, agrega.

Según indican promotores del proyecto, el darle mayor tiempo al perí­odo de funciones de los jueces y magistrados, permitirá darle continuidad al trabajo judicial.

“Eligiendo al Presidente de la Corte cada año politiza mucho el trabajo, ahorita ya están negociando quién es el próximo Presidente, en lugar de estar preocupados por darle continuidad al trabajo de la Corte”, dice Sánchez.

También se agrega a las garantí­as del Organismo Judicial, la carrera judicial necesaria para los jueces de Paz, de Primera Instancia y magistrados de la Corte de Apelaciones.

En el caso de estos últimos magistrados, se endurecen los requisitos para pertenecer a esta Corte, tal como lo es el tener como mí­nimo 35 años de edad, haber sido juez en Primera Instancia o haber ejercido la profesión  por más de diez años, ya que actualmente no se requiere una experiencia de ese tiempo como profesional en derecho, lo que evidencia la débil carrera judicial de los magistrados y jueces.

La Comisión de Postulación entra también a la elección del Fiscal General del Ministerio Público en donde se elimina la representación individual de los decanos de las facultades de derecho.

De esta forma se dará  una sola representación por todas las universidades privadas con facultades de derecho,  para que si en un futuro se crean nuevas universidades o facultades, esto no provoque el crecimiento desmedido de la comisión de postulación.

“Sin este cambio la Comisión crecerí­a de manera indefinida en correspondencia con la cantidad de facultades de derecho de las universidades privadas”, agrega.

Sánchez indica que es necesario ver, de forma paralela, estas reformas desde el punto de la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la CSJ, “es que la Corte pasa una gran cantidad de tiempo en cuestiones administrativas, es una vieja deuda que se tiene y que a este momento no se ha resuelto”.

Las funciones administrativas continuarí­an a cargo del presidente de la Corte, pero con la ampliación de su gestión, tendrí­a más tiempo para equilibrar sus obligaciones administrativas y judiciales.
 
En cuanto a la profesionalización de los agentes de la Policí­a Nacional Civil se hace de vital importancia, dándoles reconocimiento constitucional de la institucionalidad policial y la profesionalización de su recurso humano.

Los análisis han detectado una ausencia de regulación constitucional sobre el órgano encargado de proporcionar seguridad. Con esta regulación se espera evitar las constantes variaciones que ha sufrido su cuerpo normativo  ordinario, respondiendo a las tendencias  de los diversos gobiernos de turno, deformando la institución.

Además de beneficiar a quienes trabajan y sirven en estas instituciones, estas reformas también plantean el reconocimiento constitucional de la asistencia legal gratuita a quienes carezcan de medios para sufragarla.

En materia penal, la defensa legal continuará siendo prestada obligatoriamente a quienes determine la ley de la materia y dejando al Instituto de la Defensa Público Penal como el ente encargado de proporcionar esta asistencia.

VOLUNTAD
El politólogo ílvaro Pop indica que las reformas a la Constitución son totalmente imperativas: “í‰sta es una propuesta congruente que ve la necesidad de evolucionar el texto constitucional y de constatarlo con las lógicas sociales, polí­ticas y culturales del paí­s”.

Pero además de reformar la Constitución hay que tener voluntad polí­tica. “Se necesita la aplicación misma de las reformas sabiendo que habrán estructuras de redes criminales que estarán dispuestas a oponerse a este tipo de ejecución de cambio, tanto en la Policí­a, en el Ministerio Público y en la administración de justicia”, menciona.

Pop agrega que lo que le harí­a falta es un enfoque más multicultural, recogiendo lo que la ley marco de los Acuerdos de Paz establece en términos de reconocimiento de la multiculturalidad del paí­s y su multilingí¼ismo.

El analista del IPNUSAC reconoce que esta propuesta no se hace como una solución inmediata a los problemas del paí­s, “es necesario un compromiso que vaya más allá de aprobar las reformas, se necesita un compromiso de Estado”.
Por lo que la lucha tendrí­a que hacerse de varias maneras, con voluntades, con cambios reales, con participación ciudadana.

“Los efectos son a largo plazo, pero los cambios hay que hacerlos ahora y hay que aprovechar ahora que hay una inquietud y un debate popular más o menos avanzado alrededor de esos temas para poder desarrollarlos”, finaliza Pop.

DIPUTADOS COMPROMETIDOS
Luego de una serie de reuniones con la mesa técnica de Seguridad y Justicia dirigida por el diputado por el Partido Patriota, Oliverio Garcí­a Rodas, se logró que la propuesta de Reformas Constitucionales que estas instituciones presentaban, se convirtiera en iniciativa de ley con el respaldo de ese legislador y el presidente del Congreso, Roberto Alejos.

Actualmente la está analizando la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales presidida por el mismo diputado, que de darle un dictamen favorable tendrá que regresar al pleno del Congreso para iniciar sus lecturas en busca de su aprobación por la mayorí­a calificada.

“La primera prueba del proceso polí­tico es ésta, es ahí­ donde se discutirán en primera instancia las reformas para que el segundo paso sea la aprobación de la población”, dice Alejandro Sánchez.

Un pequeño inconveniente podrí­a ser que la dinámica de trabajo y análisis de este anteproyecto de ley disminuye con el cambio de legislatura.

“No creemos que vaya a caer al vací­o, ya que todos los diputados que la avalaron van para la reelección y tienen grandes posibilidades de ser reelectos y sabemos que ellos profesionalmente se apropiaron de la iniciativa”, agrega la directora de ASIES.

Los diputados que firmaron la propuesta fueron José Alejandro Arévalo, del partido Unionista; Carlos Fión, de Bancada Guatemala; José Gándara, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Ovidio Monzón, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Francisco Contreras de Acción de Desarrollo Nacional (ADN).

Así­ como Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG); Valentí­n Gramajo, del Partido Patriota (PP); Jaime Martí­nez Loahyza, de la Gran Alianza Nacional (GANA); Roberto Alejos, de la UNE y Oliverio Garcí­a Rodas del PP.

“La iniciativa la firmaron casi todas las bancadas del Congreso y esto no es casualidad, quiere decir que hay un consenso con las bancadas mayoritarias por lo que hay fuertes posibilidades que pase”, agrega el analista del IPNUSAC.