La Fiscalí­a contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) presentó un informe sobre los casos que conoció durante 2007 dentro de las diferentes alcaldí­as municipales de la región nacional. Entre otros datos, aproximadamente 38% del total de las denuncias fueron desestimadas y se lograron 27 sentencias.

Omar Contreras, titular de la citada fiscalí­a, informó que en 2007 el MP recibió un total de 93 denuncias por anomalí­as dentro de las administraciones ediles en todo el paí­s. Del total anterior, 36 fueron desestimadas porque no constituí­an delitos y 39 de las restantes fueron vinculadas.

Contreras añadió que 17 casos fueron ventilados en juzgados de paz, así­ también que se habí­an logrado 27 sentencias en procedimientos comunes o debates orales y 8 con procedimiento abreviado. De las 57 denuncias que diligenció la instancia investigadora, fueron acusadas 54 personas y sentenciadas 36.

La mayorí­a de los acusados en los anteriores casos por diferentes ilí­citos fueron miembros de corporaciones municipales, como alcaldes o tesoreros, sin embargo, también fueron acusados particulares que incurrieron en los hechos denunciados.

El fiscal contra la corrupción informó además que los delitos más recurrentes fueron los de peculado y falsedad material e ideológica, los cuales «tienen mucha relación porque para sustraer los fondos alteran facturas y es así­ como se cometen dichas ilegalidades», resaltó Contreras.

Quiché, San Marcos, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, Petén y Alta Verapaz, fueron las regiones con mayores denuncias de ilegalidades en las administraciones municipales.

La fiscalí­a inició 2008 con dos denuncias, las cuales ingresaron en diciembre último y se les dio seguimiento en los primeros dí­as del año, las cuales fueron presentadas por la Contralorí­a General de Cuentas (CGC).

Una de las anteriores fue presentada en contra de la alcaldesa de Génova, Costa Cuca y los miembros de dicha corporación, por anomalí­as en pagos de tres proyectos que han sido trabajados con mala calidad y es necesario demolerlos según la CGC.

Luis Reyes Ramí­rez Bautista, ex tesorero de El Tumbador, San Marcos, fue acusado de recibir fondos del Consejo de Desarrollo Departamental de San Marcos cuyo monto total fue de Q 122 mil, concerniente a un segundo aporte de un proyecto para ampliación de un instituto básico. En dicha municipalidad, el monto no fue operado como ingresos, pero sí­ como egresos.

José Alberto Ajcam Jolorná, ex tesorero de la municipalidad de Zacapa, fue capturado el año recién pasado y conducido a un juzgado penal, el cual le otorgó una medida de caución económica, la cual fue apelada y declarada con lugar por una sala regional.