La semana pasada pasará a la historia como una de las semanas más nefastas para el Estado de Derecho, como una semana en la que los poderes ocultos dieron un paso monumental en la consolidación de ese sistema paralelo que viene funcionando desde hace muchos años, bajo el principio que se ha aplicado desde que somos independientes y que se resume en que unos pocos sacan gran raja en perjuicio de las grandes mayorías.

Como no todo ha sido retroceso, hemos reconocido los pocos avances, advirtiendo que ello ha hecho que muchos actores que desde siempre han sido piezas clave en el manejo tras bambalinas, tuvieran que ir poco a poco mostrándose y poniéndose rostro, nombre y apellido para poder seguir manteniendo y fortaleciendo los beneficios de un sistema secuestrado para consolidar la impunidad.

A media semana fuimos testigos de cómo, tras haberse dictado orden de captura, los abogados de los alcaldes de San José del Golfo y Chinautla negociaron lo que hizo falta hasta asegurarse que sus clientes no iban a pasar ni una sola noche en la cárcel, a pesar que evadieron la justicia por día  y medio. ¿Para qué jocotes entonces emitió la orden de captura el juez Aguilar?

Tan seguros estaban de las negociaciones y del éxito del sistema paralelo, que el alcalde de Chinautla declaró con todo descaro que «no iba a pasar nada». Esa es la mejor muestra que si un alcalde del interior es capaz de tejer, durante años, una red que políticamente lo hace atractivo (el PP y Baldetti defienden a Medrano como un padre cegado con un hijo irresponsable) y además le da una capacidad financiera increíble, ¿qué no podrán hacer los que verdaderamente tienen el poder?

Y para terminar la semana, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados se dispara una resolución que nos deja perplejos para vengarse de la «abusiva» jueza que se atrevió no solo a juzgar a Ríos Montt si no darles órdenes a algunos abogados. La resolución es tan cuestionable como el mismo actuar de los miembros del tribunal, pero les valió gorro siquiera mantener las apariencias.

Y lo anterior sucede porque la suerte ya está echada. El «nunca más» que han jurado los grupos que se sintieron durante un par de años amenazados por el proceder de la justicia hace que hagan lo que sea necesario para garantizarse que Guatemala no solo sea un reino de impunidad, sino que además sea una jurisdicción en la que sean capaces de utilizar el aparato estatal para robar y tirarlo en contra de los honrados que anden pensando o haciendo «babosadas».

Si usted, estimado, lector, aún creía que las advertencias de que somos un Estado casi fallido y que el aparato estatal está instrumentalizado para todo, menos pensar en el ciudadano y combatir el hambre, la desnutrición, la inseguridad, las injusticias y la corrupción, entre otras cosas,  la semana recién pasada le debería servir para abrir los ojos y darse cuenta que si no ejercemos nuestro papel ciudadano, unos pocos seguirán haciendo lo que les venga en gana.

Guatemala pasa momentos apremiantes porque aquí no hay una cultura pareja de respeto y aplicación de la ley y todo descansa en un doble rasero para aplicarla. He ahí la facilidad para actuar tan selectivamente, unas veces para beneficiar y otras para cobrar revanchas.

¿Esa es la Guatemala que deseamos? Por lo menos, esa es la que hasta ahora hemos construido con nuestra indiferencia.