La necesaria reforma del Estado tiene que pasar, por fuerza, por el Congreso de la República, sea porque los diputados aprueben las modificaciones que luego serán sometidas a consulta popular o porque ellos convoquen a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente encargada de modificar la parte de nuestra Carta Magna relacionada con las garantías individuales y la forma en que se puede reformar la Constitución.

Y sinceramente es algo que a mí me mantiene preocupado porque parto del sencillo ejercicio de pensar si tendría yo la confianza de dejarle mi escuálida billetera, sin las tarjetas de crédito desde luego, a alguno de los llamados representantes del pueblo para que me la cuide. Si no puedo confiarles ni siquiera un pobre billete de diez quetzales, mucho menos debiera confiarles a ellos la tremenda decisión sobre el rediseño de nuestro ordenamiento legal.
 
 Y el asunto es más grave, porque la pregunta en general debiera ser si podemos confiarles algo a nuestros políticos, esos mismos que han creado un sistema clientelar en el que las elecciones se ganan con la abundancia de recursos que ponen financistas con los que pactan los trinquetes para que de los fondos públicos, siempre escasos, salga el resarcimiento que buscan los que acuden a los partidos políticos para poner el dinero que sufrague los elevados costos de la compra de votos.
 
 Yo creo que mientras no haya una reforma política profunda, que rompa con el secuestro que del sistema hacen los financistas de las campañas políticas, todo lo que se diga o haga para reformar al Estado serán puras babosadas. Imaginar que una Constituyente puede ser solución es pecar de ingenuo y caer de baboso, porque para llegar a la Constituyente en el marco actual se tiene que jugar con esas perversas reglas de juego que significan el enorme poder de los que ponen el pisto para financiar a los partidos. Y ese financiamiento nunca ha sido filantrópico o caritativo, sino siempre ambicioso y plagado de malsanos intereses.
 
 El gobierno, si realmente está interesado en la reforma del Estado, tendría que empezar con una propuesta coherente de reforma política a partir de la cual se pueda esperar que en el futuro el cambio tenga mejores probabilidades. Hoy en día cualquier cambio será únicamente para acrecentar el poder, la influencia y los privilegios de los que tienen secuestrada a la democracia desde hace tantos años. A esos poderes fácticos que operan en la sombra pero que son los que capitalizan todas las ventajas que ofrece un sistema corrupto en el que la impunidad es la norma.
 
 Se ha tejido de tal forma el círculo vicioso de nuestro modelo político que romper la madeja será sumamente difícil y acaso tarea si no imposible por lo menos descomunal. Porque están bien parapetados y entrelazados los intereses políticos y empresariales que sangran al país y que se aprovechan de una debilidad institucional que no se produjo de manera casual sino que fue producto de una bien pensada estrategia en la que se minó el poder público, privilegiando el criterio de que únicamente la iniciativa privada es sana.
 
 Y a la maniobra se le dio el barniz de acción ideológica para darle sustento público, convenciendo a mucha gente de que un Estado débil es lo que más nos conviene, escamoteando la realidad de que lo que en el fondo buscaban era un Estado incapaz de regular, de cumplir sus funciones moderadoras de los abusos particulares. Un Estado tan débil que no sirve ni para administrar justicia ni para garantizar seguridad a los habitantes de la República.
 Es en ese grotesco contexto que hablar de reforma profunda le termina parando los pelos a cualquiera.