La justicia atraviesa por un gran reto (desde hace mucho tiempo), especialmente cuando los índices de impunidad se han conocido por ser tan altos y porque no existe una verdadera política de Estado para administrarla, algo que no sólo deviene de esfuerzos aislados, ni señalamientos particulares, sino de la transformación de una estructura que intenta satisfacer los problemas sociales, pero en su lugar condiciona el accionar de particulares, evitando con ello el cumplimiento del Estado de Derecho.
La administración de la justicia pasa más por entender el concepto claro en cada uno de los casos que se le presentan, ya sea una deuda civil o comercial, o quizá situaciones propias laborales o de familia; o más aun situaciones graves como los procesos penales, que involucra antisociales acusados de no seguir el ordenamiento jurídico del país y por ende, considerados peligrosos para convivir en la misma sociedad. Cada proceso tiene su propia naturaleza y especialidad, situación que se evidencia con procesos distintos unos de otros, aunque con características comunes, que redundan en alcanzar una satisfacción a los conflictos sociales. Pero la justicia a veces se le increpan grandes procesos de relevancia pública, cuando el verdadero sentir es el desazón que siente un trabajador al ser despedido y no protegerle sus derechos; o bien un comerciante que ve incumplido su contrato; o quizá la madre que no alcanza a percibir una pensión alimenticia para sus hijos de parte del padre; y por supuesto, los crímenes cometidos en contra de personas o bienes, cuyas características se enraízan en la violencia y la venganza. Esos procesos son los que la justicia ha olvidado y la razón por la que algunos buenos juristas prefieren ser investigadores, asesores, consultores o dedicarse al notariado, entendiendo que el sistema per se, está tan corrupto que por más que se cambien aspectos sustantivos, no hay mucha alternativa en llevar los casos, porque las posibilidades de lograr una justicia razonada y fundamentada en ley, cada vez se vuelven más escasos.
La Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones mantienen un bastión de defensa de estos procesos, logrando algunas veces detener arbitrariedades de la justicia de instancia, pero sin que tampoco se tenga una plena confianza en sus fallos. Se dice que solamente es para acabar con las instancias legales, y así poder transferir casos a una justicia paralela, la constitucional, en donde se discuten y deciden casi siempre los casos de alto impacto y de naturaleza política. Así, los Magistrados de un Organismo Judicial no pueden ni siquiera incidir en aquellos jueces acusados de parciales o de inobservancia de las leyes, pues estos mismos rápidamente acuden a esa justicia paralela constitucional, y logran revertir las pocas acciones que intentan poner orden en ese espacio judicial.
Por su parte la Corte de Constitucionalidad, la cual por su propia naturaleza de creación y competencia se determinó sería un tribunal político, ha logrado causar terribles sentimientos en el foro jurídico, al establecer criterios tan inusuales y sin una verdadera trascendencia doctrinaria, imponiendo con ello su criterio como cámara jurisconsulta, y causando con ello grave perturbación al propio estado de derecho, evidenciando quedar lejos de una verdadera protección constitucional.
¿Jueces vitalicios? No es el momento para ello, sino para un cambio profundo en las estructuras reales del Estado, que involucra lograr un presupuesto público suficiente para promover una renovación completa de un sistema tan necesario para el país, como lo es el de justicia.