Se habla ahora de la judicialización de la polí­tica porque la solicitud de inscripción de la candidata oficial terminará en las cortes, criticando que se lleve a los tribunales la decisión sobre si alguien puede o no participar en elecciones. De hecho, si un ciudadano menor de 40 años es postulado y solicita su inscripción, la misma será rechazada, pero el individuo en cuestión tendrí­a posibilidad de judicializar su caso apelando y metiendo amparos hasta la última instancia. Se estarí­a judicializando su caso, pero no serí­a más que responsabilidad de quien propuso una candidatura imposible por las prohibiciones de ley.

Algunos hacen creer que el tema que se discute es si nos gusta o no una candidatura y hay quienes hablan de sandrismo o de sandrofobia para referirse a quienes hemos expresado alguna opinión respecto a este tema. Se trata de un tema constitucional, cuya discusión por supuesto corresponde fundamentalmente a gente con formación jurí­dica que sí­ entiende de qué se está hablando, pero en materia de respeto a la Constitución cualquiera tiene derecho a exigir que se cumplan sus normas en general y las que tienen que ver con la alternabilidad en el ejercicio del poder en particular.
Es una mentira decir que la candidatura de la señora de Colom la creó la prensa, barbaridad que expresó primero el mismo Presidente en una intención de zafar bulto y negar que su mujer estuviera usando los recursos públicos para hacer su campaña. La verdad es que ella arrancó su proselitismo el mismo dí­a en que tomaron posesión, cuando Colom anunció que ella serí­a la encargada de los programas sociales. Desde ese mismo dí­a ella está en abierta campaña y eso no lo puede dudar nadie. Es más, yo hasta digo que tení­a todo el derecho de promocionarse polí­ticamente ya que su marido le daba la oportunidad de manejar todo el Estado a su sabor y antojo y tonta hubiera sido de no aprovechar ese vací­o de poder causado por un Presidente como el que tenemos actualmente. Pero nadie hubiera dicho nada si acomoda sus ambiciones a la Constitución de la República y siembra mediante trabajo con la gente más necesitada para optar a la Presidencia en las elecciones del 2015, cuando lo hubiera podido hacer con pleno derecho y de manera incuestionable porque ninguna norma le prohibirí­a aspirar al cargo.

Es impresionante cómo se trata de manosear la cuestión diciendo que es por capricho que alguien se opone a que se inscriba a una candidatura que no procede. Tan no procede que los Colom se ingeniaron un divorcio exprés para evitar que la Constitución le cerrara la puerta, sin darse cuenta que al declarar cándidamente que se divorciaban con ese fin, poní­an en evidencia el fraude de ley que algunos abogados ignorantes creen que es una figura delictiva tipificada en el Código Penal, sin entender el significado de su concepto en la Ley del Organismo Judicial.

En el 2003 la señora Torres de Colom manifestó contra la candidatura de Rí­os Montt y me imagino que estuvo de acuerdo con la judicialización del caso porque ella adversaba la propuesta contraria al enunciado constitucional. Si entonces era válida la judicialización de la polí­tica, por qué ahora no. Claro que hay gente a sueldo que tiene que defender lo indefendible y otros que tienen la atadura ideológica que les impide entender que no todo es parte de la lucha de clases, sino que existen cuestiones que son simplemente de respeto al estado de derecho que, es cierto, en Guatemala vale tan poco como la moral (de acuerdo a lo que dicen en el oficialismo sobre cómo hay que apartar la moral de la polí­tica), pero que es fundamental para la democracia y la vida en sociedad.