La apertura democrática de 1985 significó un rompimiento con un pasado ominoso que se caracterizó por la violación permanente de los derechos humanos y la afectación profunda del tejido social y la pérdida de credibilidad en las instituciones. La visión era contrainsurgente primordialmente y dentro de esa inercia las instituciones pasaron a convertirse en instrumentos para concretizar el absurdo de cualquier atisbo de oposición resultaba contraria al régimen imperante.
Las instituciones cayeron en ese hoyo negro propio del abuso militar y se convirtieron también en herramientas de corrupción y de intereses, en donde convergía la necesidad de apuntalar la lucha contrainsurgente sin dejar de percibir los beneficios de conducir el Estado y su administración pública.
La apertura democrática y sus sucesivos cambios de regímenes cambió diametralmente la visión contrainsurgente, pero consolidó el poder en una élite política que mantuvo las instituciones a su merced para hacerse beneficiarios de los recursos del Estado y la lógica de corrupción continuó y continúa sin detenerse, sólo que hoy se encuentra arropada de “civilidad” en su mayoría, pero todos los regímenes han tenido su cuota de militares que continúan la fiesta.
En ese juego irresponsable, las instituciones han perdido su credibilidad, su rumbo y se las ha confinado a ser presa de representación de intereses tanto de los partidos políticos, los gobiernos respectivos y las élites. La idea principal es mantener el control de las instituciones por medio de postular personas que sean parte de las “necesidades” propias de políticos marrulleros, de funcionarios corruptos y de élites conservadoras. “Es conveniente mantenerlas alineadas”, dicen ellos; “no podemos perder su control”, dicen los mismos; “requerimos de su apoyo incondicional”, señalan los otros.
La sujeción y manipulación de las instituciones ha mostrado su cara más patética en la integración del Tribunal Supremo Electoral, entidad que decayó precipitadamente en las últimas gestiones y su prestigio e independencia se mostraron seriamente cuestionados. Hoy, la presión ciudadana, ha permitido que su integración haya sido medianamente decente, en tanto se buscó integrarlo en un consenso de los diputados y no por las “cuotas” de representación, aunque seguramente el resultado no fue del agrado de los partidos políticos.
Ojalá los honorables magistrados electos, tanto titulares como suplentes, dentro de ellos dos buenos amigos: Sheny Mijangos como titular y Aquiles Linares como suplente, sabrán jugar su papel de funcionarios independientes y recobrar la legitimidad de una institución venida a menos. Otro buen abogado Sergio Figueroa Godoy, no fue electo, pero estimo que haber participado y pasar en el listado de los cuarenta es una muestra de su calidad profesional y humana.
En fin, los nuevos magistrados deben tomar independencia de las presiones de los políticos, del gobierno y de las élites para hacer de las instituciones políticas, entes independientes, instituciones técnicas y profesionales y con una vocación que apunte a profundizar y democratizar el Estado de Derecho y que rompan con el estigma equivocado de pretender ahogar e instrumentalizar las instituciones de la democracia. Buena suerte e independencia señores Magistrados Titulares y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral.