El 15 de enero, el presidente Otto Pérez Molina presentó al Congreso el paquete de leyes que propone la creación de empleo, inversión y competitividad, con el propósito de atraer nuevas inversiones y no perder a las que ya están en el país, otorgando beneficios tributarios a las empresas a cambio de que generen más trabajos formales, aunque esto último no resulta seguro.

La propuesta legislativa incluye tres iniciativas nuevas: ley de Promoción de Inversión y Empleo, ley de Inclusión Laboral y ley Marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad; reformas a dos leyes que están vigentes: Ley de Propiedad Industrial y Ley de Registro de Garantías Mobiliarias; además de cuatro iniciativas con dictamen favorable: ley de Estabilidad Jurídica de Contratos, ley de Factoraje, ley de Leasing –arrendamiento financiero– y ley de Sociedades de Garantías.

Estas nueve iniciativas tienen como ejes la inversión, la generación de empleo y la competitividad, con las cuales el Ejecutivo, desde un punto muy optimista, espera crear alrededor de 109 mil 148 nuevos empleos, pero también intenta esquivar la obligación que estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC) de eliminar para el 2015 regímenes de concesiones fiscales con una estrategia que, en vez de ofrecer las subvenciones tradicionales, propone un nuevo sistema de créditos e incentivos fiscales.

La iniciativa de ley de Promoción de Inversión y Empleo establece la creación de Zonas de Desarrollo Económico (ZOE), las cuales estarían contempladas en todos los departamentos, con excepción al de Guatemala, en donde se busca ofrecer beneficios tributarios a empresas para que inviertan en el país.

Durante la presentación de las iniciativas, Pérez Molina dijo que el principal propósito es “motivar” a los inversionistas para que ubiquen sus empresas en zonas con altos índices de pobreza en el país fuera de la Capital y de esta misma manera favorecer con empleo a las familias de escasos recursos económicos.

¿QUIÉNES SE VAN A BENEFICIAR?
En la iniciativa de ley de Promoción de Inversión y Empleo se consideran como beneficiarias las empresas que actualmente se contemplan en el Decreto 29-89, es decir, dedicadas a la exportación y las maquilas, además las que están incluidas en el Decreto 65-89 o de zonas francas, y todas las que se encuentren fuera de la lista de exclusión que identifica a las industrias azucareras, los bancos, las empresas de construcción, así como las mineras y petroleras.
 
Los inversionistas que entren en una ZOE no tendrán una subvención como se acostumbra, pero serán mejor beneficiadas con crédito en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR); esto significa que del pago total del ISR se le descontarán al empresario los costos de inversión realizados en la ZOE, lo que tendrá como resultado que los administradores de dichas zonas terminen sin obligaciones de ISR, ya que lo invertido en la ZOE puede ser suficiente para  que el descuento reduzca el pago de dicho impuesto a cero quetzales, por cierto período de tiempo.

El empresario también podrá acreditar el Impuesto Único Sobre Inmuebles hasta por 10 años, tendrá la posibilidad de beneficiarse de una exención del Impuesto al Valor Agregado y además las municipalidades le podrán otorgar exenciones en tasas municipales.

OPINIONES ENCONTRADAS
Según el economista Edgar Balsells, otrora ministro de Finanzas Públicas, con esta iniciativa se está convirtiendo al país –excepto al departamento de Guatemala– en una zona franca, ya que a diferencia de otros países con iniciativas similares, no se está delimitando bien el espacio de las zonas de desarrollo.

Balsells asegura que con todos los beneficios fiscales que se ofrecen se afectaría la recaudación tributaria anual. “Hay estudios que comprueban que brindando exoneraciones no van a generar más empleos (…) pero los análisis son muy ambivalentes”, explicó el economista, quien también advierte que dentro de la lista de exclusión no se le prohíbe a la producción de la palma africana y otras actividades productivas entrar en una ZOE.

De esa manera, el experto considera que la propuesta de Ley oficialista está muy focalizada en intereses tradicionales de desarrollo económico y la calificó como “carente de imaginación”.

Por otro lado, Fanny de Estrada, directora de competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), cree que de entrar en vigencia, la ley va a  resolver problemas para la economía, ya que a su criterio las empresas generarán empleo y se capacitará a los trabajadores. Esto se hará a corto plazo, mientras que al Estado le tomaría hasta veinte años, indicó.

De Estrada agregó que de esta manera se les estará otorgando un crédito fiscal a las empresas y no exenciones, como lo va a prohibir la OMC a partir del 2015. La OMC prohíbe las exoneraciones de impuestos, pero no los créditos, concluyó la entrevistada.

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica –en base a un estudio de esa entidad– que Guatemala solo recibe el 10 por ciento de la inversión extranjera en Centroamérica, mientras que Panamá y Costa Rica resultan más atractivos para los capitales foráneos porque ofrecen mejores servicios en seguridad, educación y salud. “Es por eso que otorgar privilegios fiscales no asegura la inversión”, explicó Menkos.

En Guatemala ha existido la política económica de subvenciones fiscales desde hace 23 años, debido a que desde que en 1989 se permitió la exoneración de impuestos por un período de diez años a inversionistas extranjeros, para que crecieran y generaran empleos, especialmente a las empresas maquiladoras.

Pero la Ley de Maquilas perdió su esencia, pues al cumplir los 10 años de beneficios los empresarios cerraban y luego creaban otra pequeña empresa igual a la que poseían antes, para gozar una decena de años más los privilegios fiscales. Con relación al Producto Interno Bruto (PIB) generado, desde 1989 hasta el 2005, según el estudio realizado por Icefi, Guatemala ha disminuido en inversión extranjera directa, ya que a finales de la década de los ochenta se encontraba a 0.9% y durante los primeros cinco años del siglo XXI se identificó en un 0.7%.

El diputado independiente, José Alejandro Arévalo, atribuye esta situación a un mal control de la materia por parte del Ministerio de Economía, ya que es responsabilidad de esta cartera el monitoreo de cada una de las empresas que se benefician de los “incentivos”. Arévalo indicó que con la nueva iniciativa no se pretende tanto atraer nuevas inversiones, sino que se queden las que ya están.

Arévalo es también el creador de la iniciativa de Ley de Estabilidad Jurídica de Contratos, la cual ya tiene dictamen favorable y que se encuentra dentro del paquete de leyes presentadas por el Ejecutivo. Esta iniciativa pretende garantizar la certeza jurídica con un contrato para asegurar que no se modificarán las leyes tributarias de las empresas durante diez años. Para esto, los que quieran invertir en el país tendrán que pagar un seguro correspondiente al 1% de la inversión que realicen.

El legislador considera que esta ley es necesaria para el país, ya que las empresas van a querer invertir en Guatemala y generarán más empleos. Arévalo coincide con De Estrada, ya que asegura que una política de empleo le tomaría a Guatemala obtener resultados en 20 años.

Menkos dijo que el Icefi aún no quiere emitir conclusiones sobre las iniciativas de inversión y empleo de este paquete de leyes, ya que aún las están analizando, pero les parece que “el mismo Gobierno que el año pasado empujó una reforma necesaria para mejorar los ingresos, hoy está presentando una ley que destruye las capacidades de recaudación y además dejan con muy poca legitimidad del quehacer de la administración pública”.

¿CÓMO SERÁN LOS EMPLEOS?
Crear más trabajo y formal es el gran reto que se plantea con el paquete de leyes, que incluye la iniciativa que dispone aprobar la Ley de Inclusión Laboral. Esta nueva normativa pretende fraccionar el tiempo de trabajo en horas.

Según la iniciativa, se fomentará el acceso al trabajo decente y formal –ya que será más fácil para las empresas contratar y eventualmente, despedir–, y se reducirá el subempleo, “beneficiando” principalmente a los jóvenes y mujeres. La remuneración del trabajo por hora no podrá ser inferior a la parte proporcional del salario mínimo vigente, lo cual equivale a ocho quetzales por hora, y se considerarán las prestaciones laborales que brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

La tasa de desempleo en Guatemala está alrededor de 5.9%, aunque con esta cifra se contempla que el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA), de unos 4.9 millones, se encuentra en la denominada economía informal. No obstante, Ricardo Barrientos, economista senior de Icefi, indica que con esta nueva ley se corre el riesgo de que las empresas solo quieran contratar a sus empleados por hora, ya que le resultará más barata la mano de obra, y perjudicará al trabajador que está contratado por tiempo completo, dado que con esta ley le podrían reducir sus horas de trabajo, aunque en el derecho laboral existen los derechos adquiridos

Carlos Barreda, diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, coincidió con la opinión de Barrientos y agregó que la ley contiene un vacío, ya que en el artículo cinco, punto número uno, establece que la hora laboral será entendida como “hora efectivamente laborada para los efectos de pago”.

Sobre esto, Barreda ejemplifica la situación de un trabajador que tenga una fuerte carga durante solo dos horas y las demás no sean productivas, pero tiene que estar en una empresa sin hacer nada. “Esas horas sin hacer nada” no se las van a pagar, pues la ley es clara en determinar que sólo serán remuneradas las horas efectivamente laborales” detalló.

Barrientos también agregó que esta ley podría ser inconstitucional, ya que en el artículo 106 de los derechos laborales de la Constitución se establece que los derechos regulados para los trabajadores son irrenunciables. Según Barreda, esta ley también viola lo dispuesto en el artículo 102 inciso G (límites de las jornadas de trabajo), pues como está la redacción, sólo protege las relaciones laborales preexistentes entre sujetos de la relación laboral, pero no los contratos futuros.

De acuerdo con Barreda, este paquete de leyes es de suma importancia para cualquier gobierno, ya sea el actual o el próximo en gobernar, porque se podrá mantener a las empresas que ya tienen beneficios fiscales, y así cumplir con la promesa de que se van a generar más empleos, pero sin explicar el costo de esto para la recaudación fiscal y los trabajadores, concluyó Barreda.