El proceso de nominación y elección del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) está supeditado al poder y la influencia de los diputados del Congreso, de tal manera que aislar al Magistrado de Conciencia de la política parece una tarea prácticamente imposible.
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A lo anterior, se suma que el futuro PDH fue miembro y diputado del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y persona cercana a Roberto González y Ricardo Ortiz, quienes tienen las riendas del partido. Analistas explican los riesgos de este sistema y las implicaciones que tiene para el trabajo independiente que debería realizar el Defensor del Pueblo, lo cual supone un reto para el funcionario recién electo.
Más conocido por el recuerdo de su padre –quien fue presidente de la Replúbica, Ramiro de León Carpio– que por su fugaz paso por el Congreso, el exdiputado Jorge de León Duque es el nuevo Procurador de Derechos Humanos, un cargo que exige independencia política y determinación para actuar, en ocasiones, contra poderosos grupos.
Su situación no sería tan complicada de no ser porque los legisladores, sus propios colegas, fueron quienes lo nominaron y eligieron para ocupar el cargo, en medio de una serie señalamientos sobre su vinculación política con el partido Creo, que lo llevó hasta una curul en las últimas elecciones. El hecho que los legisladores soliciten, entre otras cosas, plazas a cambio del voto, empieza a complicar el panorama, aunque no lo es todo.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, señala que la elección de un diputado como Magistrado de Conciencia representa un “gran riesgo” y desata la posibilidad de que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) sea utilizada por el partido Creo para construir su proyecto político.
“Es un caso especialmente particular donde podemos anticipar que en el futuro la PDH va hacia una mayor politización”, indica el jurista.
Cadena argumenta su inquietud, indicando que por medio de la proyección y la infraestructura en el ámbito nacional, la institución del Procurador obedecerá a los intereses que fortalezcan las filiales del partido político de reciente creación.
Además considera “muy probable” que el otrora diputado negocie con sectores del Gobierno o sectores no estatales durante su gestión como Procurador: “se le facilita negociar, el no hacer nada en caso de un Estado de Sitio, por ejemplo; que no proteja a las personas o que no cuestione al Estado cuando lleve a cabo una política que no sea conveniente para la población”.
Para su elección como Ombudsman, De León Duque, en su calidad de diputado obtuvo principalmente los apoyos de las bancadas de Creo y del oficialista Partido Patriota, aunque posteriormente consiguió más respaldo, hasta recibir 142 votos favorables de quienes fueran sus colegas en el Congreso, incluido el partido Lider.
La activista Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, opina que en esta clase de puestos entra en juego el rol político y por lo tanto, no debe obviarse la incidencia política del nuevo Procurador.
“Lo que no debe hacerse es partidizarse, sino mantener su autonomía”, recomienda la consultada.
Mack recuerda el ejemplo del exprocurador y expresidente Ramiro de León Carpio, quien a su criterio tomó distancia del partido al que pertenecía y logró independizarse. Esa es la expectativa que se tiene sobre su hijo, De León Duque, puntualiza la activista.
INSTITUCIÓN ESTRATÉGICA
Son pocas las instituciones públicas con presencia en todo el país y que cuentan con cobertura que facilita la capacidad de incidir directamente sobre la población y la opinión pública, como en el caso del Procurador de Derechos Humanos.
De acuerdo con información brindada por la institución, para poder cumplir con sus funciones, esta cuenta con aproximadamente 823 trabajadores. El personal está distribuido en 31 sedes y auxiliaturas, de las cuales seis se encuentran instaladas en el occidente del país, siete en el oriente, nueve en el nororiente y otras nueve en el suroriente.
De acuerdo con Rolando Yoc, portavoz de la institución, el plan estratégico con el que rige su funcionamiento, parte del mandato constitucional que tiene el Procurador, en el que se contempla la supervisión de la administración pública.
En las delegaciones departamentales, los auxiliares que representan al Defensor del Pueblo ejercen la supervisión de la administración pública. “Ven cómo funciona y cómo no conculca derechos humanos de la población, los que van desde derechos de salud hasta el derecho a la educación”, indica Yoc.
“También tienen la facultad de identificar posibles factores que generan el atropello de los derechos humanos, y al igual que el Procurador tienen la facultad pública o privada de dictar cómo deben resolverse las situaciones que generan el irrespeto de los mismos”, señala Yoc.
El presupuesto con el que funciona la PDH es asignado por el Congreso de la República cada año. Datos obtenidos de la institución mediante la Ley de Acceso a la Información, refieren que en el año 2008 le fueron asignados a la institución Q100 millones exactos, en el 2009 y 2010 los recursos aumentaron a Q101.3 millones; en el 2011 se le dotó de Q106 millones y para el presupuesto de este año recibió Q106 millones 48 mil.
“Para la actual administración y la que venga, Q102 millones es insuficiente”, asegura Yoc, pero advierte que si se reduce el financiamiento se dejará mucho más “precarizada” a la institución y difícilmente podrá cumplir con su papel.
Yoc señala que el presupuesto se distribuye en gastos fijos y de funcionamiento; un 80 por ciento, aproximadamente, es para pagar el sueldo de los empleados, el porcentaje restante es utilizado para adquisición de insumos y para costear los procesos de gestión.
Creo es un partido político que hasta la fecha cuenta con 21 mil 500 afiliados en todo el país; analistas se debaten entre la posibilidad de que la institución pueda ser utilizada en esta nueva administración como plataforma política o que se mantenga al margen de la politización.
EL RETO
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, señala que se tiene la expectativa de que De León Duque ponga una barrera entre el partido político Creo y su desempeño como procurador. “Lo más sano para él, para la figura PDH y para la institución, es que establezca un plan estratégico de trabajo que promueva la trasparencia, para que todos estemos enterados de qué decisiones político-administrativas está tomando a efecto de que cualquier factor de riesgo que haya, pueda ser detectado en el momento oportuno”, dice.
Además refiere que la sociedad civil tiene la expectativa de que no use la institución para favorecer intereses políticos partidarios: “siendo el (ex)miembro de un partido político es lógico que exista el temor de que se aproveche y por supuesto que alguien sin escrúpulos podría llegar a hacerlo pero (…) no podemos adelantarnos”.
La directora del Pro Justicia urge que se establezcan políticas públicas de trasparencia; que los funcionarios sean nombrados por mérito y no por recomendación política o que provengan de cualquiera de los sectores interesados en ver a la PDH con fines políticos.
“Que el nombrado imponga medidas institucionales de transparencia, credibilidad, de austeridad, que sea adecuado con el tamaño de la institución, que recorte las plazas que tenga que recortar, y en la medida que establezca esas políticas para transparentar la institución, podremos tener todos acceso a la información de lo que se está haciendo y será más fácil detectar en forma prematura, lo que nos permitirá actuar en prevención, en caso haya algunas divisiones que sean no oportunas y no pertinentes”, concluye Ibarra.
“Un voto de confianza”
Jorge de León Duque, el procurador electo, ante las opiniones de los analistas, pidió a la población guatemalteca que le otorgaran un voto de confianza: “Yo fui criado en una familia con valores, no estoy pensando en ningún momento fortalecer algún partido político. No es ese el camino”.
“Los que hemos estado metidos en el tema político sabemos que la Procuraduría no es un vehículo político. Lo que sucede es que el antecedente de mi padre (Ramiro de León Carpio, exprocurador de los Derechos Humanos y expresidente de la República) pone a muchos nerviosos, pero su llegada a la Presidencia fue una cuestión de pura coyuntura. Me atrevería a decir que eso no se va a volver a repetir, me atrevería a decir que eso no sucederá nunca, es muy difícil”, afirmó el magistrado de conciencia recién electo.
De acuerdo con De León, después de su padre, muchos de los siguientes procuradores intentaron convertir la institución en plataforma política, y no les dio resultado. “Me parece un poco ingenuo pensar que esa será la plataforma, que uno diga que primero es Procurador y luego ¨Presidente; le aseguro y le vuelvo repetir que muchos, si no todos los que ya pasaron por allí, después de mi padre, hubieran querido salir con una imagen limpia y con una proyección para ser presidentes, pero de nada les sirvió, y en todo caso el actual procurador quiso participar políticamente y ser candidato, pero de nada le sirvió la institución ni la publicidad que hizo”.
Ante la falta de confianza de la sociedad en la PDH, De León indicó saber que no será fácil recobrar la confianza de los guatemaltecos en la institución, pero que “yo siempre he dicho que Guatemala necesita que se vele por los más necesitados y hacia ahí enfocaré mi gestión”.
“Estoy convencido que recobrar la confianza de la población será una tarea ardua que deber iniciar con ejemplo, actitudes distintas, con divulgación, conciencia y con un acompañamiento responsable de la sociedad civil y de los grupos de derechos humanos, el apoyo y el respaldo de los medios de comunicación. La institución del procurador genera un rechazo en la población, pero estoy convencido de que vamos a cambiar; con otra actitud, la percepción será distinta” manifestó el Procurador electo.
“Indudablemente me tocará tomar decisiones en contra de los poderes del Estado, incluyendo el económico, pero más que prometerle a los guatemaltecos, demostraré en mi gestión lo que he venido diciendo”, enfatizó.
Carmen Aída Ibarra
Pro Justicia