Un año después de una intermediación que logró la liberación de una cincuentena de presos políticos, la iglesia Católica hizo un balance de su actuación y salió al cruce de críticas que se le formularon.
Los reclamos que dieron origen a las liberaciones fueron «puramente humanitarios, no políticos, aunque tendrían posteriormente importantes connotaciones políticas dentro y fuera de Cuba», expresó una nota colocada en la edición digital de la revista Palabra Nueva, órgano de la Arquidiócesis de La Habana.
LA HABANA / Agencia AP
El artículo fue firmado por Orlando Márquez, quien fungió como vocero y comunicó públicamente las liberaciones producidas entre mediados del año 2010 y comienzo del 2011.
Márquez recordó que en mayo de 2010, cinco «Damas de Blanco» como se conocía a esposas de los presos se acercaron al cardenal Jaime Ortega solicitando mejoras en las condiciones de encarcelamiento de sus maridos –algunos estaban alojados en penitenciarías alejadas sus hogares– y una eventual liberación de los mismos.
Tras una primera reunión entre Ortega con el presidente Raúl Castro se anunciaron los traslados de los presos para que estuvieran cerca de sus parientes y la liberación de Ariel Sigler, quien se encontraba postrado, comentó Márquez.
Luego de un segundo encuentro entre las autoridades, Ortega y esta vez con la presencia del entonces canciller español Miguel Angel Moratinos, se informó sobre la decisión de liberar a 52 disidentes pacíficos presos –y su eventual traslado a Madrid–, los que quedaban de un grupo de 75 opositores arrestados en 2003.
«Nunca intentó (la iglesia) convencer a nadie de emigrar. De los 52, solo 12 dijeron que no deseaban viajar a España y permanecen en Cuba. Unos pocos preguntaron si viajar era una condición para salir de la cárcel, a lo que el cardenal les respondía que no», expresó la nota de Palabra Nueva, que se puso al cruce críticas al papel de la jerarquía religiosa.
«Más incorrecto aún es decir que el gobierno cubano y la Iglesia se aliaron para desterrar a estas personas», agregó.
A quienes viajaron se les permitió llevar a sus parientes cercanos.
El gobierno finalmente revisó otros casos de personas condenadas por delitos contra la seguridad del Estado, incluso sin antecedentes de ser opositores y terminó por excarcelar a lo largo de meses a 126 personas, de las cuales 114 fueron a España «sumando cerca de 800 personas», dijo el portavoz eclesial.
«La mediación de la Iglesia, concretada en las excarcelaciones, no fue la solución ideal. Su propósito era lograr, mediante el diálogo, una salida a la gran tragedia de estas familias. No hay solución ideal en un conflicto prolongado y que ha implicado a tantas personas ubicadas en las más disímiles posiciones», expresó el artículo.
Sin embargo «bueno decir también que no fue una mediación neutra, sino bien comprometida, que tomó riesgos y aceptó estar en el epicentro del torbellino», señaló.