La Iglesia Católica, que cuenta con 69 millones de fieles en Estados Unidos, no ha logrado dejar atrás los escándalos de sacerdotes pedófilos, que desde 2002 socava su reputación y sus finanzas.

Ayer, la justicia ratificó un acuerdo, el mayor del paí­s, que puso fin a demandas contra la Arquidiócesis de Los íngeles (California, oeste) a cambio de una indemnización por 660 millones de dólares a más de 500 ví­ctimas de sacerdotes abusadores.

En diciembre, esta Arquidiócesis ya habí­a aceptado pagar 60 millones de dólares a otras 45 ví­ctimas, que también obtuvieron la publicación de informes de los cuestionados curas.

Como en la mayorí­a de los casos de pedofilia, durante años aquellos que sufrieron el acoso de sacerdotes no fueron escuchados. Las demandas eran acalladas, archivadas o solucionadas en la mayor discreción, mientras los curas cuestionados eran trasladados de parroquia en parroquia.

Pero a comienzos de 2002, el cardenal Bernard Law, arzobispo de Boston (Massachussets, noreste) reconoció haber encubierto a un cura culpable de acosos sexuales, lo cual generó una gran conmoción en la sociedad estadounidense.

De esta manera, las voces se empezaron a escuchar y las demandas se multiplicaron. Según la organización «Bishop accountability» (La responsabilidad de los obispos) unos 3.000 sacerdotes, de un total de 42.000 en Estados Unidos, fueron denunciados.

Algunos de ellos fueron llevados ante la justicia y condenados, a veces por casos de manoseos a decenas de niños. Otros se beneficiaron con la prescripción de los hechos, que en algunos casos datan de 1940 y se dieron a conocer en su mayorí­a entre 1960 y mediados de 1980.

Pero como en varios paí­ses europeos, las ví­ctimas también se volvieron contra la propia Iglesia Católica, más solvente, acusándola de complicidad.

En junio de 2002, los obispos estadounidenses emprendieron una vasta reforma institucional, proponiéndose apoyar a las ví­ctimas, formar su personal, y mostrarse trasparentes ante las denuncias.

Unas 5,7 millones de personas recibieron una formación sobre la prevención de riesgos, una profunda investigación fue llevada a cabo sobre 1,6 millones de religiosos y empleados que trabajan en contacto con niños, y el ritmo de las denuncias disminuyó: 1.092 fueron presentadas en 2004, 783 en 2005, 714 en 2006, en su mayorí­a por hechos pasados.

Pero la Iglesia Católica debió pagar: 2.100 millones de dólares ya fueron destinados a las ví­ctimas.

Aunque las aseguradoras pudieron solventar parte de la suma, las diócesis también debieron deshacerse de varias propiedades. El Arzobispado de Boston vendió su sitio histórico, un suntuoso caserón, y varios locales parroquiales.

Frente al aumento del dinero reclamado y obtenido por las ví­ctimas, cinco diócesis se declararon en quiebra. Sin embargo, en algunos casos, se habrí­a tratado de una maniobra para obtener un mejor acuerdo con los abogados de los demandantes.

La diócesis de San Diego (California), que enfrentó más de 150 denuncias, se declaró en bancarrota en febrero. Según la prensa, propuso 95 millones de dólares a los damnificados, mientras que si el acuerdo de Los íngeles se aplicara a este caso la diócesis deberí­a desembolsar más de 200 millones.

Pero la historia no termina tan simplemente, puesto que el escándalo podrí­a viajar al Vaticano. En enero, un juez federal validó la demanda de tres ví­ctimas que exigen la indemnización directa de la Santa Sede, reprochándole haber incitado a su clero a callar durante años.