Durante el período democrático no se ha podido actualizar la Ley de Servicio Civil, ni mucho menos se ha buscado la institucionalización de la carrera de funcionario civil dentro del Estado. Aunque en cada gobierno surgen propuestas alrededor del mismo tema, ninguna de las mismas se concretiza y a excepción de una reforma sugerida durante el Gobierno de Berger, que nunca llegó a materializarse, ni mucho menos a convertirse en iniciativa de ley, dentro de este ámbito no ha ocurrido nada en el cuarto de siglo de ejercicio democrático.

La idea de contar con una moderna Ley de Servicio Civil se entiende en el marco de contar con un grupo de funcionarios o trabajadores de carrera dentro del Estado, situación que permitiría dotar de personal especializado dentro de las diferentes instituciones de gobierno, así como tener un importante número de personal fijo dentro de las instituciones que permitan el seguimiento del trabajo de las mismas, sin los embates de los cambios de régimen, que contribuyan a darle sostenibilidad al sistema de gobierno y que dichos funcionarios tengan la posibilidad de escalar dentro los diferentes puestos asignados, así como sean beneficiarios de la indemnización y jubilación correspondientes.  En fin, la creación de la carrera de funcionario civil.

Sin embargo, después de veinticinco años, nada ha ocurrido en este sentido, al contrario, los funcionarios de gobierno resultan ser los puestos más frágiles en cualquier cambio de régimen, pues aún personas que trabajan como personal permanente (011) y otras de tipo semipermanente (022), sufren de las presiones, los desplazamientos, las reasignaciones, incluso, hasta geográficas, para empujarlas a tomar la decisión de renunciar y retirarse. Y ni hablar de las personas que trabajan por contrato (029), quienes tienen mayor fragilidad con contratos que se pueden prescindir inmediatamente.

En toda esta vulnerabilidad laboral, no solo salen afectadas las personas, sino también el propio Estado pues se pierde personal que se ha especializado dentro de la esfera gubernamental y que mal que bien ha hecho carrera, pero el “síndrome del retorno al cero”, por parte de gobiernos y funcionarios que acceden con nuevos regímenes, siguen erosionando la posibilidad de constituir la carrera civil dentro del Estado.

Esta carencia de sentido de sostenibilidad en la carrera de funcionarios, se explica en la medida que los gobiernos buscan incorporar personal que trabajó en la campaña con su partido y requieren de espacios para hacerlo, por ello se abona la fragilidad de los puestos de gobierno para colocar a correligionarios y colaboradores, pero esta explicación resulta todavía inocente.

La realidad de las cosas, es que en cada régimen y  funcionarios priva el deseo de enriquecerse dentro del Estado y para ello requieren de personal que se convierta en operador de negocios, para asegurarse que los ilícitos se hagan bajo el manto de la secretividad y la confianza, con lo cual se incide mayormente sobre la frágil e inestable carrera civil.

Pero todo no termina ahí.  En la actualidad y durante los últimos gobiernos democráticos se ha podido observar que el Estado contrata directamente a funcionarios de alto nivel que son representantes de corporaciones, cámaras o empresas, quienes son nombrados ministros o asesores que  cautelan los grandes negocios del Estado, aun cuando todavía se encuentran como socios activos de empresas de diferente índole.

Pero desafortunadamente tampoco termina ahí.  También hoy se contrata a operadores de negocios de los contratistas dentro de las instituciones de gobierno y se sabe que el expediente de la compra por excepción es el más utilizado y que el contrato abierto también resulta un mecanismo perverso y que propicia la corrupción. Como se puede observar, la carrera del funcionario civil se ha dejado para la posteridad y el olvido.