Cada vez se hace más recurrente que trasciendan informaciones sobre violaciones a la libertad de expresión así como ataques y amenazas dirigidas a periodistas y comunicadores sociales.
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Aun así, en medio de esta serie de situaciones que se registran diariamente, a veces sin que se hagan visibles por lo poco mediático que resulta, surge una nueva forma de comunicar, según expertos, en pro de la auditoria social y cuyo contexto es el medio electrónico y las redes sociales.
Durante el presente año, las violaciones a la libertad de expresión y las agresiones contra la prensa y ciudadanos que se atreven a denunciar anomalías en contra de grupos de poder aumentaron considerablemente en Guatemala.
Hasta el 25 de noviembre, el Observatorio de los Periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) documentó 54 violaciones contra miembros de la Prensa, en comparación con 36 que registró durante el 2012 y 33 en 2011.
En la región centroamericana, Guatemala reporta cuatro periodistas asesinados, principalmente en el interior del país, posicionando los niveles de violencia cercanos a los de Honduras, que ha sido catalogado, junto a México, como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, sin estar en condiciones de guerra o conflicto civil.
No hay que olvidar que la situación para la Prensa a nivel departamental, es considerada sumamente peligrosa en comparación con el ejercicio en la Capital, pues se cree que la injerencia del crimen organizado y del narcotráfico, e incluso políticos o funcionarios locales, ha implantado un clima de censura y autocensura en el gremio, violando así la libertad de prensa y el derecho a la información de la sociedad.
Para Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), aunque haya avances en materia de libertad de expresión en el país, aún existe una gran deuda por parte del Estado puesto que cuando los ciudadanos, organizaciones o periodistas expresan su opinión, en muchas ocasiones son objeto de agresiones por parte de grupos poderosos.
Por otro lado, el director del GAM sugiere recordar que aunque se cuenta con una Ley de Acceso a la Información, son las mismas autoridades las que han cerrado los espacios y no están brindado la información a pesar que esta los obliga; situación que se replica porque la ley como tal no tiene ningún mecanismo coercitivo por no brindar la información.
SIN DEMOCRACIA REAL
Otra de las situaciones denunciadas por los miembros de la Prensa y sociedad civil es que en instituciones del Estado se les niega el acceso o información, pero a los comunicadores afines a las autoridades se les brindan todas las facilidades para realizar su trabajo.
Estas actitudes han sido denunciadas sin que hasta el momento se tenga respuesta por parte de los entes de investigación como el Ministerio Público.
En ese marco, la impunidad sigue cobijando a los actores que limitan, restringen, agreden y violentan la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información a consecuencia de un Estado guatemalteco que podría catalogarse como débil y que no responde a las necesidades de seguridad de la población, ni a garantizar que en el contexto se ejerce la fiscalización y la auditoría social sea el adecuado.
FACTOR RESPONSABILIDAD
Para nadie es un secreto que grupos paralelos como el crimen organizado, autoridades prepotentes, funcionarios corruptos, fuerzas de seguridad y en algunos casos pobladores en conflictos; son algunos de los actores que han mermado el ejercicio periodístico y de fiscalización pues intentan coartar este derecho fundamental del ser humano.
En términos comparativos internacionales, en Guatemala se hacen algunas expresiones públicas de descontento, incluso de insulto, que no se dan en otros países y eso se logra corroborar a través de las manifestaciones o bloqueo de carreteras. Sin embargo, en términos generales y tomando en cuenta el panorama actual, podría decirse que cada vez está más restringida la libertad de expresión en Guatemala.
En ese contexto, el analista Hugo Maúl, expone que como periodistas y como comunicadores sociales se tiene una responsabilidad muy grande por las cosas que se escriben o se dicen en los medios de información y solo si los ataques de los que se dice son objeto los afectados, están debidamente identificados y comprobados, sí debe ser algo no permitido, pero hasta que ese tipo de cuestiones quedan manifiestas.
Además, el investigador aboga a una cultura de tolerancia y de respeto así como de no violencia para cesar las amenazas o agresiones que pudieran estarse originando desde diferentes actores, así como una autorregulación y una autocrítica para no permitir ese tipo de amenazas.
“Hay una ética del diálogo que debe prevalecer pero al final de cuentas es una responsabilidad ciudadana y no creo que el Gobierno pueda hacer mucho para implantar esta ética del diálogo”, especifica Maúl.
PRINCIPAL AGRESOR
Es de resaltar que ni el crimen organizado ni la narcoactividad ha sido en estos años los mayores agresores de los periodistas en Guatemala, sino las autoridades de gobierno y fuerzas de seguridad pública.
Los registros de Cerigua detallan que este año autoridades gubernamentales estuvieron involucradas en nueve casos de agresión y amenazas a la libertad de expresión, las fuerzas de seguridad en ocho y pobladores en cinco casos.
Incluso, en varios hechos, agentes de la Policía Nacional Civil así como miembros del Ministerio Público fueron señalados por periodistas como violadores de sus derechos. En otros casos, alcaldes municipales fueron acusados de ejercer amenazas e intimidaciones contra miembros de la Prensa.
Es de enmarcar también que la impunidad sigue prevaleciendo en los casos de periodistas asesinados, pues del 2000 a la fecha, Cerigua ha contabilizado la muerte violenta de 24 miembros de la Prensa. En 2012 no se lamentó ninguna víctima, en 2011 se registraron dos casos y uno en 2010. Hasta el momento solo se han alcanzado dos sentencias condenatorias en este tema.
LIBERTAD TEÓRICA
La Constitución Política de la República en su artículo 35, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, es solo parte del marco legal que garantiza el pleno ejercicio de esta ante la sociedad, es decir que el derecho como tal.
Pero el ejercerlo en la práctica implica cierta autocensura porque los ciudadanos mismos y periodistas en general a veces evitan hablar de ciertas cosas por las represalias que podría haber, tal como lo denuncia Rafael Cañas, secretario general de la Asociación de Periodistas de Guatemala.
“A través de los medios de información, no existe la libertad de expresión y pensamiento porque a cualquier periodista le editan las notas, las cortan o les cambian el sentido. Indirectamente, se está reprimiendo el derecho a la libre expresión y del pensamiento. Los periodistas responden a los intereses de las empresas, porque los medios de comunicación son una empresa y responde a un interés porque no se puede publicar algo que salga de los parámetros”, dijo Cañas.
REDES SOCIALES
Es un hecho que las redes sociales han venido a fortalecer en cierta medida la libertad de prensa, pero aún se debe considerar que existen límites que se deben respetar para evitar perjuicios sociales.
Las nuevas tecnologías han permitido una democratización para exteriorizar el pensamiento, pero esto conlleva responsabilidades.
Cabe mencionar que en Guatemala se ha popularizado el uso de celulares con redes sociales para estos fines, aunque aún solo un 16 por ciento de la población guatemalteca tiene acceso a la tecnología del Internet.
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente se registran 21 millones 79 mil 422 teléfonos móviles activos. Asimismo, según estudios realizados recientemente por empresas consultoras, la red social Facebook cuenta ya con 2 millones 186 mil usuarios en Guatemala.
Sin embargo, a decir de Mario Polanco, mientras no existan mecanismos para informar de manera correcta a través de las redes sociales, todavía no constituye una herramienta de auditoria social.
Hugo Maúl opina que el problema con estas nuevas formas de comunicar es que no se puede mantener una constante observancia lo cual provoca en algunos casos, el abuso de estos espacios para persecución en lugar de auditoria social.
Finalmente, el Secretario General de la APG, enfatiza en que en las redes sociales, si hay cierta libertad de expresión porque la gente incluso publica “palabrotas” y nadie las censura, siempre y cuando se resguarden los parámetros enmarcados en el respeto, los valores, la no publicación de pornografía; es decir, aspectos más enfocados hacia la moral que hacia la crítica real.
Alamilla: “Es indispensable la responsabilidad con la que se trabaja, la ética y la autorregulación”
Ileana Alamilla, directora del Observatorio de Periodistas Cerigua, expone su punto de vista en este tema y otros tópicos que tienen relación a la libertad de expresión en el país.
POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
¿Cómo percibe la serie de ataques y amenazas en el presente año en contra de periodistas y comunicadores sociales?
Esta es una profesión en la que desafortunadamente cada día enfrentamos nuevos problemas. Ahora existen nuevos riesgos para la Prensa por los nuevos actores que nos están amenazando y nos crea inseguridad a toda la ciudadanía. Valoro grandemente los reportajes a profundidad que permiten conocer los “pedacitos” de realidad que se transmite a través del género informativo o del género de opinión. Luego esta todo en contingente de jóvenes que trabajan a través de las redes sociales y otros medios electrónicos y que también es innovación y adelantos para el país.
Precisamente, ¿cuál es la importancia de estos nuevos medios?
Si hay una nueva contribución desde estas nuevas formas de hacer periodismo, pero hay nuevos retos porque si es un medio como tal, constituido debe respetar toda la técnica periodística; pero hay una nueva forma de comunicar o de poner en conocimiento al ojo público los hechos que no son transmitidos por periodistas profesionales; ahí es donde veo un riesgo en relación, no solo con la veracidad, sino con los efectos que esto puede producir. Por eso es que, tanto para estos medios y sus formas de comunicar así como para los medios tradicionales, es indispensable la responsabilidad con la que se trabaja, la ética y la autorregulación para que la comunicación respete todos los cánones, que no se incurra en abusos que incluso podrían ser hasta delitos y que la ciudadanía no se vea perjudicada por este tipo de comunicación sino que al contrario, sea un vehículo más para interconectarnos.
¿Cómo se debe comprender el derecho a la libertad de expresión?
Es un derecho básico y fundamental del ser humano. Es un derecho individual y colectivo, de la ciudadanía. En el caso de los periodistas, tenemos el privilegio de ejercer este derecho de manera profesional y por eso debemos asumir con toda responsabilidad, este ejercicio que hacemos porque tiene un impacto muy fuerte a nivel de la población pero también puede incidir en los imaginarios sociales, y puede contribuir ya sea a mantener estatus o a avanzar y transformar en la búsqueda de un país mejor.
¿Qué pasaba con el derecho a la expresión en el pasado?
Aquí tuvimos una época “negra” para el periodismo en donde era imposible dar cobertura a los hechos que eran la noticia porque se había implantado una censura y autocensura desde el Estado. El Estado fijó los limites e incluso impuso terminología para que los periodistas cubrieran ciertas notas y hechos que tenía muy poca cabida en los medios, debido a la situación de inseguridad y la implantación de una política contrainsurgente no solo a la Prensa, sino a toda la ciudadanía se le puso una mordaza, un bozal. Pero también hay una limitación nueva impuesta ya no desde el Estado sino de actores que ha incursionado en la realidad y que están de nuevo, fijando los límites de la libertad de expresión.
A pesar de lo que dice la ley, hay ahora nuevos peligros y la situación de inseguridad generalizada en la que nos encontramos, es por la debilidad del Estado y la vulnerabilidad que hay especialmente en los departamentos del país, donde se ha establecido de nuevo la censura y la autocensura. La ciudadanía, no sabe que es lo que está pasando excepto cuando irrumpen hechos escandalosos que ya no se pueden ocultar o evitar como las matanzas o las capturas. Pero lo cotidiano, lo que a diario ocurre en el área rural, especialmente en zonas fronterizas, no está siendo divulgado.
Eso quiere decir, que no tenemos libertad de expresarnos porque hay mucho temor de las consecuencias que puede traerle a un periodista o un comunicador, abordar temas que afectan intereses de los corruptos, de los poderes paralelos que están incrustados en el Estado, de los narcotraficantes y de los criminales que han sembrado zozobra, inseguridad y temor en la ciudadanía y que establecen los límites de hasta dónde se puede informar y qué hay que evitar mencionar, en resguardo de la vida.
¿Funcionará el plan de protección para periodistas impulsado por el actual Gobierno?
Eso va a depender de una verdadera voluntad política, va a depender de la hoja de ruta que marquen, va a depender de qué actores van a tener participación en ese plan porque hasta donde yo puedo ver, ese documento fue firmado por el Gobierno nada más, sin participación de entes externos, del gremio periodístico, de asociaciones, de periodistas; ese documento es un compromiso nuevo que asume el Gobierno con sus propias instituciones.
Lo que se está haciendo es asignarle una tarea más a las entidades encargadas de la seguridad y la justicia, pero sin ningún recurso extra ni la legitimidad que tiene que dar la participación del gremio periodístico, los interesados, especialmente los periodistas departamentales que no pueden estar ausentes de la conclusión de este programa.