El gobierno sostiene que es defensa del Estado de Derecho asegurar la libre locomoción e impedir el bloqueo de las carreteras y eso estaría muy bien con dos condiciones. La primera es que se establezcan mecanismos de diálogo para atender las demandas de la población a efecto de que no tengan que recurrir a medidas de hecho para hacer oír su voz, permanentemente ignorada. Y la otra es que la ley se aplique por parejo, a todos, en todas las circunstancias y no sólo en el tema del derecho a la libre locomoción.

¿No hace falta aplicar la ley cuando un funcionario se roba 82 millones de quetzales? ¿No hace falta aplicar la ley cuando las autoridades descuidan el sistema de salud porque su único interés es hartarse con las comisiones en la compra de medicinas? Creemos que es imperativo que se respete la ley para que los estudios de impacto ambiental sean técnicamente elaborados y no económicamente motivados.
 
 Que se combata con idéntica firmeza el contrabando, la extorsión, el robo de celulares y cualquier otra forma de despojo a la propiedad y acaso hasta de la misma vida.
 
 Si un grupo de campesinos pobres y además indígenas, quiere que se le oiga, la fuerza pública está presta para impedir que afecten los intereses de la mayoría con un bloqueo de carreteras. Pero no hay Ministerio Público ni Contraloría ni nadie que mueva un dedo cuando se disfraza de usufructo una concesión para privatizar el puerto más importante del país. Los diputados se reparten gustosos su listado geográfico de obras y se ríen de su obligación elemental de sesionar (aunque no aprueben nada) y en ese caso nadie alega el respeto al Estado de Derecho, al régimen de legalidad, a los derechos del resto de los ciudadanos.
 
 Creemos en el imperio de la ley, pero tiene que ser parejo. Imperio de la ley para acabar con la corrupción pactada entre poderes económicos y poderes políticos para saquear el erario nacional. Imperio de la ley para impedir concesiones otorgadas mediante soborno para que se lleven nuestra riqueza. Imperio de la ley para que los contratos de energía eléctrica abandonen el patrón que se estableció desde tiempos de Serrano y que sigue determinando la forma en que se compra la energía al por mayor.
 
 Imperio de la ley para que sean instrumentos técnicos los que se usen para decidir una reforma al magisterio y no el capricho empecinado de una Ministra que siente el respaldo de las bayonetas para ordenar que se le haga caso.
 Construyamos el Estado de Derecho parejo y así no habrá necesidad de bloqueos de carreteras.

Minutero:
Tomar una carretera
 parece un delito mayor;
 una afrenta tan artera
 castigada con lo peor