La Comisión Nacional del Salario se reúne para evaluar las condiciones económicas que han prevalecido a lo largo del año y luego debatir si el sueldo que devengan los trabajadores debe ser sujeto de incremento. A criterio de los empleados, los niveles de precios y salarios vigentes son incompatibles, por lo que se cuestionan la efectividad del sistema de determinación del salario y piden un aumento; los empleadores también ponen en duda la efectividad de un pago mínimo por decreto, aunque su propuesta implica un salario por productividad.

PREVALECEN POSTURAS ENCONTRADAS ENTRE PATRONOS Y TRABAJADORES

Según los convenios a los que llegue la Comisión, sus miembros elevan al Presidente de la República el consenso o disenso sobre el tema, para que sea este último el que decida si de acuerdo a otras consultas internas del gobierno, incrementa o deja invariable la remuneración mensual de los trabajadores.

Por una parte, a la Comisión llegan los representantes de los trabajadores con las propuestas de que el salario debería incrementarse de manera sustancial, para cubrir adecuadamente las necesidades de una familia; por otro lado, los patronos, que argumentan que la mejor forma de generar empleo en cuanto al elemento salarial se refiere, es teniendo un sistema de pago por productividad.

Entre las variables que la Comisión debe analizar para hacer su propuesta, está la inflación de precios que se presentó durante el año, sobre la cual pesa parte de los debates que se tienen para lograr un acuerdo.

La inflación, que es el incremento generalizado de precios, en el país se determina a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) mide la variación promedio en los precios de un grupo de bienes y servicios que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de consumo final de los hogares.

NO REFLEJARÍA LA REALIDAD
Según Victoriano Zacarías, secretario General Adjunto de la Central General de Trabajadores de Guatemala, la integración de los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) “fue determinada en los años cuarenta y cincuenta (del siglo pasado)”. Por esta razón, en la actualidad “hay muchos artículos que no están en la Canasta”, por lo cual, a criterio del líder sindical, se deberían integrar para reflejar la realidad de los precios de los productos que las familias consumen.

Zacarías comenta que anteriormente, para la CBA se contemplaba el uso de la leña o carbón de parte de los hogares, pero este insumo se sacó de las mediciones sin incorporar el sustituto que sería el gas propano, cuyo precio puede oscilar en gran medida en ciertos periodos del año y con ello afectar la prioridad del gasto de los consumidores que tienen responsabilidades familiares.

Algunos enseres para higiene personal no se contemplan, refirió el sindicalista y tampoco la medición del gasto de agua adecuada para el consumo humano, “cosas como esas son las que hemos solicitado que se revisen clara y precisamente”, para que de esa manera se sepa lo que se discute y “conocer lo que se debe pedir”, argumentó.

“Lastimosamente”, dijo Zacarías, “los representantes de los patronos siempre han hecho caso omiso a esto y el peor de los casos, es que después de que se analiza la coyuntura, lamentablemente cada mes se incrementa el precio de las canastas alimenticia y vital”. Esta situación, lo único que trae consigo es “afectar al trabajador y favorecer al empresario y lastimosamente los empresarios siempre lo niegan”.

En las mesas de negociación del salario en que Victoriano Zacarías ha participado, según comentó, “los patronos siempre dijeron que había que incrementar el salario a cero por ciento porque no hay condiciones”.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) comentó que es necesario tener claro que “a los empresarios nos interesa que los trabajadores ganen bien, porque al ganar bien ellos cumplen con sus obligaciones, ven que pueden progresar”, pero cuando eso no ocurre los trabajadores tienen problemas y preocupaciones. “Hoy, la mentalidad del empresario es que nos interesa que los trabajadores ganen bien”, subrayó.

“NUNCA HAY CONDICIONES”
Según Zacarías, para el sector empresarial, “toda la vida nunca hay condiciones para elevar el salario”, ya sea “porque llovió, por el huracán tal, por el cambio de gobierno, por la inseguridad, etcétera, toda la vida viven poniendo pretextos”.

Este año, a decir del sindicalista, no se sabría cuál sería la excusa, si la erupción del volcán Santiaguito o posiblemente el terremoto del 7 de noviembre, comentó de manera irónica.

Jorge Briz sostuvo que esa postura no es correcta. Si los trabajadores viven bien y tienen buenos ingresos, pueden cumplir con la satisfacción de sus necesidades y tienen una familia que vive bien. Con ello, “van a rendir mucho más en sus puestos de trabajo”. Si lo contrario sucede, “no van a rendir bien en su empleo”, argumentó.

TRES CUARTAS INFORMALES
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso de este año (ENEI-2012), que el Instituto Nacional de Estadística presentó recientemente, cuya información fue levantada entre junio y julio, el sector informal de la economía nacional “absorbe a las tres cuartas partes del empleo a nivel nacional, destacándose el área rural, en donde ocho de cada 10 trabajadores son informales”.

Más adelante, la ENEI-2012 establece que quienes laboran en el sector informal, lo hacen “sin protección social y sin adscribirse a ningún marco normativo en el país”.

A este respecto, Briz sostiene que en la informalidad, “los salarios en nada corresponden a los que se pagan en el sector formal”, además de no cumplir con las leyes establecidas en el país. “Desafortunadamente”, aseveró el empresario, en el sector informal se pagan salarios “mucho menores” a lo que establecen las leyes y el salario mínimo.

Al sector comercial, sostuvo Briz, “nos interesa mucho que nuestros colaboradores ganen bien”, porque además de permitirle al trabajador cubrir los gastos que debe realizar para satisfacer sus necesidades, se incorporan recursos a la economía que permiten bienestar y crecimiento económico.

Sin embargo, según el líder empresarial, la realidad demuestra que “solo un pequeño porcentaje de los empleadores pagan el salario mínimo”, mientras el resto “no cumple con este requisito”.

CUMPLIR LEY, PERO AFECTA COMPETITIVIDAD
Lo que procede, a criterio de Briz, es “que las autoridades deberían de velar para que –el salario mínimo- se cumpla, por las leyes del país y una de las leyes es la de ese salario”.

Sin embargo, “cuando las mismas autoridades establecen que el 83 por ciento de los que estamos en la economía no cumple con ese requisito, se vuelve un tema sumamente grave”, cuestionó el Presidente de la CCG.

No obstante, uno de los elementos que el empresario considera importante y determinante en el aspecto de competitividad, además de la presión fiscal –la Actualización Tributaria recién aprobada, por ejemplo-, costos de insumos, etc., es el salario mínimo.

A los empresarios formales se les dificulta competir con los miembros de la economía informal y entre las dificultades “el salario mínimo es uno de estos elementos”, sostuvo.

Cuando una economía es sana hay generación de empleo, pero cuando hay problemas “aunque se determine por decreto, no hay condiciones económicas para que se den suficientes ingresos”. Si se determina un salario mínimo que está fuera de la capacidad de pago, “lo que se hace es generar más desempleo y pobreza”, agregó.

En Guatemala hay empresas que solo pueden pagar el salario mínimo y no más. Si se aumenta y ya no les es posible cumplirlo, “entonces genera desempleo”, aunque haya otras que puedan pagar incluso más que el mínimo.

Los salarios necesitan “un ajuste”, dijo Zacarías, porque no se habla de incrementos sino de equiparación del salario al costo de las canastas básicas referidas. “Con un incremento que hagan, que para nosotros es un ajuste, debería ser entonces el valor de la Canasta Básica Vital”.

¿CAMBIAR EL SISTEMA?
Según el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Carlos Contreras, el sistema de determinación del salario mínimo actual “es adecuado” y la Ley determina muchos elementos que deben tomarse en consideración para tomar la decisión final.

“Es un proceso de trabajo largo, pero sucede que el problema es el enfoque”, dijo el funcionario. La orientación que se le ha dado a esa negociación, “es que hay dos posiciones encontradas y realmente no hay una búsqueda de otros objetivos aparte del tema salarial para alcanzar acuerdos”.

Los aspectos que según Contreras debe tomar en cuenta la Comisión son la localización de las empresas, la necesidad de los trabajadores “no solo de tener un buen salario, sino también de tener ingresos, porque solo el diez por ciento de los trabajadores aproximadamente tiene salario mínimo. El resto no lo tiene”.

La variedad de salarios que existe –agrícola, no agrícola y de maquila- lo dispuso recomendar la Comisión en años previos, “pero eso no es obligatorio, puede variar”, dijo Contreras, pues una de sus atribuciones es recomendar cambios.

El problema con el salario mínimo “es que no se respeta la Ley”, comentó Zacarías, porque “el Código de Trabajo es claro al decir que el trabajador necesita un salario que le permita a él ser jefe de familia y sostenerla”.

Sin embargo, lo que argumentarían los patronos, según expone el sindicalista, es que cuando el salario no alcanza el monto de las canastas básicas se debe tomar en cuenta la economía familiar, es decir los ingresos de los demás miembros del núcleo familiar, existiendo la posibilidad de alcanzar o sobrepasar el costo de la CBV. “Pero la ley no dice así”, sostuvo el líder de un segmento de los trabajadores.

La Ley fue creada con esa metodología, dijo el sindicalista, “precisamente para burlarla y de esa manera hacer creer que sí hay negociación y discusión, pero al final son negociaciones de sordos y mudos, que no dan los resultados que la población necesita”.

Para Zacarías, en lugar de buscar otro sistema que determine el salario de los trabajadores, solo debe respetarse la Ley y establecer un porcentaje de incremento, “sin necesidad de estar discutiendo tanto”.

Briz explica que para cambiar el sistema salarial e implementar uno por productividad, que es parte de las propuestas que los empresarios impulsan, debe tenerse un sistema que permita medir esa productividad y que beneficie al trabajador.