La Corte de (In) Constitucionalidad (CC) ha respondido en la mayoría de los casos a los intereses de los poderosos, pero, en su arrogancia, al verse a sí misma como un súper-poder por encima de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el caso de la Fiscal General ha pecado una vez más de incapacidad o simplemente nos quiere ver la cara de tontos. En apego a las “sugerencias” de la Presidencia y la Vicepresidencia y otros intereses económicos, políticos y militares con dudosas intenciones, la CC retorció la Constitución para conceder un amparo que recortaría el período constitucionalmente establecido para Claudia Paz y Paz.
Hay que señalar, en primer lugar, que la propia CC intenta devaluar la Constitución, al traer al nivel de la misma a leyes secundarias o menores, en donde los procesos de nominación son establecidos. Se olvidan los “guardianes de la Constitución” que no hay norma que se le equipare. Todo debe definirse en términos solamente de la base constitucional. La CC se basó para dar su amparo en artículos transitorios de la Constitución aprobada en 1985. La Fiscal General tuvo a bien explicarle a la CC, diccionario en mano, lo que transitorio es; lo transitorio no puede tener vigencia una vez cumplida su función inicial. ¿Sabe la CC cuáles son los otros artículos transitorios? ¿Los ha aplicado alguna vez en los diez años últimos? Lo que dice la Constitución en su parte no transitoria es muy concreto: “El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones…” (Art. 251). Reducir el período de cuatro años, para satisfacer a los poderosos, sería inconstitucional y abriría la puerta para un golpe de Estado. Algo así como el “Serranazo”, el autogolpe de 1993, que llevó a un segundo golpe de Estado para restaurar el Estado de Derecho. En esta dirección, coincido con el comunicado de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), de fecha 10 de febrero, exigiendo la reconsideración de su amparo provisional: “Entendemos que este resultado no va a ser fácil. Fuerzas poderosas están contra ella (la Fiscal), incluidos diputados del Partido Patriota y el Presidente y la Vicepresidenta de la República. Además, todos aquéllos que quieren garantizarse que los criminales, ya sea por violencia común o por violencia con motivaciones políticas, no sean llevados a los tribunales de justicia y sigan estando libres de juicio por crímenes, abusos de poder y corrupción sueñan con reemplazar a la señora Paz y Paz de inmediato. No es una lucha fácil sostenerla; pero nosotros, los integrantes de la RPDG, parte de los 2.0 millones de personas que nos encontramos en la Diáspora por todo el mundo, creemos firmemente que tenemos el poder del pueblo para lograrlo”.
Para no caer en la tentación del golpe de Estado, que sería funesto para el país, así como son funestas las manipulaciones de los Estados Unidos, vía su Embajada y la CIA, con la intención de derrocar al presidente Maduro en Venezuela (como se hizo en Guatemala 60 años atrás), la CC debe corregir su desaguisado y reafirmar la norma constitucional que mandata a la Fiscal General a estar en su cargo durante cuatro años. Por otro lado, con suficiente tiempo de anticipación, es decir ya, la CC debe comunicar al Consejo Superior Universitario de la Usac que la convocatoria en noviembre pasado a elecciones de Rector(a) es inconstitucional, al marginar del proceso a cerca de 50 mil personas vinculadas a la institución, y que debe corregirse el proceso de elecciones. Con estas dos acciones la CC puede empezar a modificar su fama, ahora que ya se recogen firmas para pedir la reforma constitucional que elimine la CC. Si demostrara en algún momento que efectivamente defiende los mejores intereses del pueblo, quizás lograra que en el referendo nacional la población decidiera mantener su existencia. No con mi voto, sin duda.