En una sociedad agobiada por la inseguridad, acciones como el vapuleo colectivo y el linchamiento parecen ser las únicas respuestas que encuentra la población para enfrentar la violencia, al tiempo que existe una creencia de que la institucionalidad de los derechos humanos únicamente sirve para “defender a los delincuentes”;

Analistas consideran que al hacer esos señalamientos, los ciudadanos renuncian automáticamente a sus garantías, en tanto que el Procurador de Derechos Humanos sostiene que esta malinterpretación de la justicia ha calado desde el conflicto armado interno y aclara que la institución no defiende a malhechores, sino que vigila por “el debido proceso”.

Un viernes por la mañana corre en la Universidad Rafael Landívar (URL) el rumor de que afuera de las instalaciones habían capturado a tres ladrones, que eran retenidos en el parqueo número 5. En cuestión de minutos, los estudiantes se dirigen al lugar en donde yacen boca abajo tres presuntos asaltantes: Un niño de 11 años, un adolescente de 16 y un individuo un poco mayor, que aparentaba unos 21 años.

De acuerdo con uno de los testigos, alguien dijo “démosle verga” y comenzaron a golpear a los presuntos asaltantes. Momentos después, el más grande intenta escapar pero es acorralado por unos ocho estudiantes, quienes nuevamente lo golpean. Llegando a este punto, el grupo de ocho alumnos se convierte en una turba de treinta, y entre agitaciones gritan a los detenidos “…sos un marica, sos un maldito, dejá de huevear”. Luego lo amarran y comienzan a patear. Un motorista que pasaba por el lugar se detiene a contemplar la escena e incluso ofrece gasolina para prenderle fuego, tras lo cual los jóvenes le dicen: “Lo vamos a patear y todo, pero tranquilo”.

Los policías de la Universidad toman el control de la situación e intentan calmar a la turba para resguardar la vida del presunto ladrón. Para entonces la multitud ya no se compone solo de 30 estudiantes sino que son más de 50 personas que exigen a los agentes de seguridad privada que entreguen al presunto ladrón.

Mientras tanto, el niño y el adolescente continúan en el parqueo, protegidos de la turba únicamente por la malla de la puerta del parqueo. El primero llora y el segundo aceptaba con voz audible el castigo que la multitud quería imponerle.

Los agentes de la Universidad abren la puerta del estacionamiento e intentan entregar al supuesto ladrón de 16 años a los agentes de la Policía Nacional Civil que acaban de llegar. Sin embargo, la furia de la turba es mayor y piden que les entreguen al joven, a quien posteriormente patean y luego golpean con un palo de madera hasta dejarlo inconsciente.
 
Cuando los agentes intentan cargar el cuerpo del joven para subirlo a la autopatrulla, los estudiantes comienzan a tirarles piedras. Uno de los participantes se coloca detrás del vehículo y le propina un último golpe al joven, que lo deja totalmente inconsciente.

El niño de 11 años sube al picop en medio de llanto y terror por lo ocurrido. Los dos mayores terminaron con la ropa rasgada, llenos de sangre y en estado crítico. La patrulla se aleja. En el lugar solo quedan los estudiantes quejándose de cómo les había quedado la mano después de la golpiza.

El anterior suceso fue objeto de estudio por parte de la alumna Stephanie López, de la URL, para su tesis, en donde hace ver cómo las víctimas se convierten en victimarios, muchas veces, sin percatarse de ello.

Cuando se recurre a los linchamientos y otras formas de agresión contra presuntos asaltantes, la gente piensa que está haciendo “justicia con mano propia”, pero realmente se manipula el concepto de “justicia” para no hacer ver que se está cometiendo otro delito, explica López. “Se aborda desde ese término y se piensa que no somos igual que ellos (los delincuentes)”, apunta.

Los linchamientos son actos cada vez más frecuente en Guatemala. De 54 casos ocurridos en 2004 la cifra se elevó a 304 en 2012, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). En total se han registrado mil 486 linchamientos desde 2004 y la tendencia va en aumento, al igual que los vapuleos y otras manifestaciones de agresiones colectivas.

El 10 de febrero pasado, el Centro Histórico se convirtió en un hervidero de gente furiosa, cuando después de un supuesto asalto que dejó un joven herido, una turba pretendió linchar a tres hombres supuestos responsables de ese hecho.

Dos de ellos se refugiaron en el edificio conocido como “El Centro”, mientras que otro fue vapuleado por la multitud.

Debido a que la situación se volvió incontrolable, se requirió la presencia de agentes antimotines y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes finalmente pudieron atrapar a los presuntos delincuentes y ponerlos en resguardo de la turba.

Socorristas que atendieron la emergencia resultaron con lesiones ocasionadas por algunas de las personas que se encontraban entre la turba y que les reclamaban por las atenciones médicas que estaban prestando a uno de los presuntos delincuentes.

El 14 de febrero pasado, según informes del Cuerpo Voluntario de Bomberos, los pobladores de dos localidades de San Pedro Ayampuc, Guatemala, vapulearon y quemaron a tres presuntos delincuentes, con saldo de un muerto y dos heridos con graves quemaduras.

En la aldea Brisas, los socorristas localizaron a dos personas que aún estaban prendidas en llamas y que habían sido vapuleadas. Cayetano Jiménez, de 54 años, falleció en el lugar, mientras que Víctor Manuel Beteta, de 49 años, sobrevivió.

Mientras tanto, en la aldea Durazno, otro presunto delincuente fue golpeado y quemado vivo, pero sobrevivió.

“EL MOTOLADRÓN”
Pocos días después, el 20 de febrero, en una transitada avenida de la zona 9 de la ciudad Capital, un hombre murió quemado cuando se incendió su moto. De acuerdo con uno de los testigos del hecho, cuyo vehículo fue alcanzado por las llamas que consumieron la moto y a su ocupante, fue un automovilista quien le disparó al conductor.

“Los disparos fueron certeros al depósito de combustible de la moto, que después se incendió junto con el motorista”, dijo el testigo del hecho a una periodista. En el lugar se encontró un arma corta, presumiblemente de calibre 9 milímetros. El hecho sigue sin ser esclarecido ante la opinión pública.

Ante lo sucedido, una cadena radial con amplia audiencia bautizó en ese momento al presunto delincuente como un “motoladrón” e incluso creó un hashtag (etiqueta) en la red de microblogging Twitter titulado #muertealosmotoladrones.

La cadena radial no fue la única que manifestó su apoyo a la muerte de los “motoladrones”; varios usuarios de redes sociales se congratularon por la muerte del motorista.

“Valiente el que lo hizo, esa gente ha matado a un montón de guatemaltecos por robarles cualquier cosa, ante la injusticia, ojo por ojo es razonable”, comentó un usuario. Otro indicó que “si era asaltante estuvo bien que lo mataran, no podemos seguir como estamos, jueces miedosos, derechos humanos solo para los asaltantes…”. “…Hay que matar a esas lacras, pese al que le pese y a lo que diga el de los Derechos Humanos, que en realidad no sirve para nada…”.
 
Los comentarios resumen el sentir de una gran parte de la población que se expresa en las redes sociales la creencia de que los “derechos humanos” y la Procuraduría de los Derechos Humanos únicamente defienden los derechos de los delincuentes y no de las víctimas de violencia y a cualquier otra persona cuyas garantías sean vulneradas.

DEFIENDE DEBIDO PROCESO
Sobre esta creencia, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, señaló que desde el conflicto armado interno se criminalizó a los defensores de derechos humanos y la política que se utilizó fue que los derechos humanos “defendían delincuentes”, porque los opositores a los regímenes dictatoriales luchaban por estas garantías.

“La salud, la vivienda, la educación, esos son derechos humanos. Nuestra Constitución Política es humanista y los principales artículos se refieren a la persona, sin embargo, se metió tanto el concepto de que se defiende a los delincuentes que fue calando en la sociedad”, informó De León.

Sobre el papel que juega la PDH, que tiene que velar cuando hay violaciones a esas garantías, el Magistrado de Conciencia dijo que “el PDH tiene que velar por los derechos de las personas, incluso de aquellas que cometen un ilícito, aun siendo el peor de los delincuentes”.

“Según nuestra Constitución, tienen derecho a que se cumpla con el debido proceso, que cuente con un abogado defensor, ser escuchado por un juez competente y cuando se han violentado estos procesos el Procurador se pronuncia”, dijo el Ombudsman.

De Léon indicó que entiende la incomprensión de la sociedad sobre el rol que tiene que jugar la PDH y pone un ejemplo: “Si el sindicado fuera tu padre, un hijo, un hermano o tu mamá, ya sea de un hecho delictivo o incluso de provocar un accidente de tránsito, tiene derecho a un debido proceso. Si se violentan sus garantías, el resultado puede ser fatal, el PDH defiende el debido proceso, no al delincuente, pero eso (la defensa del debido proceso) ha acentuado esa percepción”.

Por otro lado en la PDH se llegó a alimentar esa afirmación con acciones como esta: “Antes la PDH recibía denuncias por cualquier caso que eran susceptibles de ser conocidas por juez. A los tres meses les decían que la PDH no tenía que ver con esas denuncias, entonces se daba una respuesta tardía y negativa. Es cuando el ciudadano piensa que la institución solo sirve para defender a delincuentes. Esos factores junto con el desconocimiento que hay sobre los derechos y obligaciones llevan a esa creencia”, manifestó.

MÁS LEÑA AL FUEGO
La postura adoptada por la ciudadanía frente a la violencia que, incluso, puede llegar al asesinato, como ocurrió con el motorista de la zona 9, es considerada por Iduvina Hernández, directora de Seguridad en Democracia (Sedem) como “echarle más leña al fuego”, ya que lejos de apaciguarla, la está incrementando.

“Como sociedad necesitamos tener un espacio profundo de reflexión, crear los espacios necesarios para bajar los índices de violencia y encontrar una salida concertada y que reduzca los caminos de violencia, pero no podemos hacerlo sin la intervención de las autoridades, que tienen enormes responsabilidades dado el rol que desempeñan”, subrayó Hernández.

La directora de Sedem considera que, por otro lado, los responsables de promover una política nacional de derechos humanos y de educar a la población en esa materia han fallado, y a su criterio, por eso se ha creado un imaginario social falso “de que cuando se habla de derechos humanos solo se habla de la defensa de los delincuentes”.

Los delincuentes son personas y tienen derechos, ya que los derechos humanos son para todas las personas, estén o no estén privadas de libertad. “Si el planteamiento de “derechos humanos” fuese parte del proceso educativo en el sistema de educación nacional, estatal o privado, creo que tendríamos otra sociedad con una visión distinta y más apegada a la generación de conductas y comportamientos sociales enfocados a la no violencia”, recalcó Hernández.

“En el momento en que la sociedad plantea que los derechos humanos solo son para los delincuentes, cualquier persona que esté diciendo eso está automáticamente renunciando a tener derechos para sí mismo como persona; el derecho al que todos debemos aspirar es el derecho a la vida y es el que en este momento sentimos que está siendo amenazado por las condiciones de inseguridad que estamos viviendo”, anotó la activista.

“NOS HA DEJADO CIEGOS”
Jorge Santos, del Centro Internacional para los Derechos Humanos (CIIDH) señala que si bien se considera que el Estado es el único que puede violentar los derechos humanos y los particulares cometen faltas o delitos, “en este proceso de descomposición estamos en un proceso de agotamiento por parte de la población frente a una sistemática violación a sus derechos”.

De acuerdo con Santos, el Estado guatemalteco está obligado por su legislación nacional y la internacional, a garantizar la seguridad ciudadana y que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con libertad. “Sin embargo, cuando la sociedad guatemalteca se encuentra ante un desamparo, lo que emerge son rasgos propios de un modelo de “barbarie” que permite que la ciudadanía incurra en faltas y delitos como una manera de atender esa indefensión en que se encuentra frente a la ausencia de la garantía de derechos humanos que el Estado está obligado a realizar”, indicó.

Para Santos, la creencia sobre que los derechos humanos “defienden delincuentes” es una visión que se desarrolló desde los grupos de poder económico y político del país, y sostiene que es una visión falaz porque defender derechos humanos es una condición básica de la humanidad y un defensor de derechos humanos es una persona que organiza a su comunidad o que busca el desarrollo.

“Hay una condición básica que debemos entender; la defensa de derechos humanos lo que pretende son las garantías que cualquier persona debe tener en el momento en que presuntamente comete un delito. Cuando las garantías no se cumplen entramos en espirales de violencia como la que vivimos en el presente”, reveló Santos.

En Guatemala hay suficiente evidencia para poder decir que en este “ojo por ojo” nos hemos quedado ciegos porque muchas de las personas que sufren la violencia de esta “justicia por mano propia” son personas que no han cometido ningún tipo de delito, es el caso de los linchamientos, indicó.

MEDIDAS
Jorge de León Duque, quien asumió el cargo de PDH en agosto de 2012, aseguró que se están tomando medidas para cambiar la percepción que la población tiene sobre el trabajo que realiza la institución.

“Existe una responsabilidad de la Procuraduría para promover la defensa de los derechos humanos que no se hacía. Ahora estamos haciendo una programación para que sistemáticamente se enseñen los derechos humanos a toda la población”, indicó. También está por finalizar una gestión en el Mineduc para que se incluya en la currícula nacional la enseñanza de los derechos humanos.

El Magistrado de Conciencia considera que se ha abandonado a la víctima frente al victimario, lo que alimenta la creencia del papel erróneo que juega la entidad, y “eso es parte de lo que hemos tratado de revertir en estos seis meses, antes teníamos dos sicólogas, ahora son diez  profesionales, les damos acompañamiento a las víctimas y a los familiares de las víctimas”.

Entre los casos que ha atendido la Procuraduría se encuentra el del niño colombiano, de 3 años de edad, que fue encontrado con vida junto a su madre, quien fue asesinada y abandonada en el kilómetro 20 de la antigua ruta a Amatitlán. También le dio acompañamiento a las esposas de agentes de la Policía que fueron asesinados recientemente en la ciudad Capital cuando realizaban su trabajo.

Estamos tratando de trasladarle ese mensaje a la gente, de que la institución está para apoyar a la víctima y al guatemalteco que sufre la violación de sus derechos fundamentales. “Es una tarea dura y difícil porque la percepción está muy arraigada, pero tengo la esperanza de que finalizada mi gestión pueda dejar una institución sólida y con credibilidad y eso lo lograremos con hechos, con una actitud de transparencia y de respeto hacia el que más lo necesita”, puntualizó De León Duque.