Los principales expertos fiscales del medio han venido martillando y posicionando en la opinión pública que el próximo gobierno estará en trapos de cucaracha y que por ello hay que formular una propuesta tributaria este año, pues el ordenamiento institucional nuestro indica que si no es este año, no se puede implementar nada el año próximo. Ante tal motivo de alarma, las propuestas se centran en la secular discusión de imponer más tributos, y surge entonces la discusión sempiterna: si le entramos por el lado del Impuesto sobre la Renta, por el Impuesto al Valor Agregado, por la ampliación de la base tributaria de ambos, por más controles y la eliminación de deducciones, etcétera.

Estoy de  acuerdo con que tal tema  es importante, nadie con dos dedos de frente y un poco de conocimiento del mismo lo rechaza; sin embargo, es preocupante la escasí­sima discusión sobre la necesidad de priorizar el gasto, de gastar bien los recursos y de evitar los despilfarros a diestra y siniestra. Y para muestra un botón:
Multipliquemos 25 (“asesores” de cada diputado) por 158 de ellos. A ello multipliquemos un promedio de Q10,000 por “asesor”, teniendo en cuenta que hay escalas jerárquicas de ellos: el que lleva la maleta, el que le lleva sus asuntos distritales personales, y vaya usted a saber cuánta ayuda dispendiosa “asesorí­a” a costa del erario público.
Si tal cifra  la anualizamos nos da la friolera de 474 millones de quetzales. Compárelo usted con la mediocridad e incapacidad de la agenda y el trabajo legislativo, y utilizando técnicas de evaluación social de proyectos esa cantidad fácilmente se quintuplica: es un elevadí­simo costo social marginal, como le llamarí­a Joseph Stiglitz, experto en estos temas.
Y mire usted hacia Covial, el sistema de consejos de desarrollo, el abuso de las ONG, los abusos en contratación de asesores y en inflar gastos en entes tan diversos como las transferencias a los bomberos municipales departamentales, el abultado gasto en la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, las comisiones pagadas a diestra y siniestra en Fonapaz, en el  Fondo de Solidaridad, y las contrataciones de asesores superfluos en el Ministerio de Gobernación.
¿En qué concluimos entonces?: en que adicionalmente al tema impositivo nosotros los contribuyentes debiéramos hacer eco en imponerle una condicionalidad severa a los gobernantes, referente a que se necesitan cambios drásticos en materia de austeridad, priorización del gasto y ampliación del impacto de los destinos del gasto público.
El problema entonces es de ideas, posiciones y mentalidades y un tremendo miedo y conservatismo de nuestros tanques de pensamiento tradicionales a tomar al “toro por los cuernos”, y transitar por una ví­a más integral tendente a la Reforma urgente del Estado guatemalteco, incluyendo reformas constitucionales de peso, que revisen las incontables transferencias y subsidios que se tienen a entes autónomos sobre burocratizados y cuyo accionar tiene cada vez menos impacto en la sociedad guatemalteca, como es el caso concreto del deporte federado y olí­mpico, y muchos casos más.
Guatemala está urgida de soluciones radicales y estructurales. No podemos seguir con el comportamiento del avestruz, proponiendo incluso la creación de más instituciones que se ocupen de temas sectoriales diversos, sin que se liquiden otras que se han venido tornando obsoletas y poco productivas, pero muy lucrativas en su manejo, gracias a los diversos aportes constitucionales e institucionales.