Cuando se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, se pensó que la institucionalidad que se generara cambiaría las condiciones en que se trabajaría la tributación, pensando que la institución iba a ser completamente técnica, independiente financiera y administrativamente y con ello la tributación y los males a alrededor de los ingresos tributarios vendrían a ser menores e incluso, se pensó, se erradicarían de tajo.
Al crear una superintendencia se pensaba que sus funcionarios iban a ser personas que calificaran por méritos profesionales y técnicos y con ello, se buscaba darle un perfil de recursos humanos de alto nivel, buscando emular, de alguna forma, la tecnocracia ligada al Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, por ello las expectativas eran realmente optimistas.
Desafortunadamente varios de los gobernantes que han sucedido a partir de la creación de la SAT, únicamente la concibieron como una institución en la cual podían meter las manos para agenciarse fondos ilícitos, e igualmente utilizarla para resolverle problemas tributarios a amigos y financistas, puesto que el Presidente es el único que puede otorgar exención de impuestos e intereses, con lo cual la SAT pasó a ser una institución vulnerable y sujeta a las presiones políticas de funcionarios y gobernantes.
Pero no todo quedó ahí. Las aduanas, la peor expresión de la corrupción en el país, nunca llegaron a limpiarse, jamás llegaron a estar exentas de problemas de tráfico de mercadería, de facilitar pasos ilegales de furgones, en fin de toda suerte de “facilidades” para “dejar hacer y dejar pasar”, esta entidad que fue coto de militares por mucho tiempo, no dejó de serlo totalmente, pero permitió el ingreso de otros poderes, con lo cual su eficiencia y limpieza quedó en el olvido.
Así los gobernantes usaron la SAT para enriquecerse, como en el caso de la devolución del IVA, un monumental negocio para funcionarios y gobernantes; utilizaron la SAT para ejercer presión política como el caso del exsuperintendente que actualmente se encuentra purgando una condena y también para movilizar toda suerte de mercadería de contrabando que se desaparecía en el camino.
El actual gobierno también la usó burdamente. Primero, un exministro irresponsable que se le “ocurre” la brillante idea de intervenirlas militarmente, un hecho que resultaba completamente absurdo y antihistórico –en ningún gobierno democrático se recurrió a tal tontera– y bajo la mirada complaciente y dócil de un superintendente que acepta, únicamente para quedarse en el puesto y beneficiarse de los negocios que sus antecesores han hecho también.
Hoy la SAT es una caricatura de lo que se quiso que fuera. El directorio es inamovible, una enorme equivocación en su concepción original; hoy es una entidad expuesta a las veleidades y caprichos de los gobernantes y el superintendente es escogido con anticipación, siempre y cuando sepa que debe ceder y conceder; por acción u omisión.
De esta forma, la baja tributación no es más que un resultado lógico de la vulneración de una entidad técnica, presionada por los políticos, las élites y hoy las mafias. Un paso más en la destrucción permanente de las instituciones democráticas del país y de nuestro futuro como sociedad.