Luego de la difusión de abundantes noticias de prensa sobre los despojos de inmuebles emprendidos por verdaderas mafias, en contubernio con bufetes de abogados, ha venido saliendo a la luz pública el uso de “prestanombres” para fungir como “Administradores Únicos”, o bien como “Representantes legales” de sociedades anónimas.

Y entonces si la inversión privada y el capitalismo, con el folclore con que se practica en Guatemala, “son el alma del sistema”, muy bien podría afirmarse que vivimos en un país  de cartón, con empresillas muy bien configuradas por “reputados” y “encopetados” bufetes de pacotilla, que se embolsan mensualmente cuantiosos honorarios, sugiriendo formas inmorales de actuar, y lucrando con las necesidades de peones de la guerra mercantil, usados como “carne de cañón”.

Desde la entrada en vigencia del  denominado “Ajuste Estructural”, en los años noventa, se han venido haciendo cambios en el régimen mercantil guatemalteco,  para flexibilizar el ingreso de inversionistas privados y facilitar el régimen de inversiones en el medio. Así, se ha modificado el Código de Comercio, y se armó la  “Ley del Mercado de Valores y Mercancías” pero se cree erróneamente que la “Transparencia” tan sólo compete al sector público.

Es decir, no se le entró a fondo de reformas que tienen que ver con el hecho de que las empresas privadas, la mayoría de ellas, deben estar de cara al público, en virtud de que, al igual que los bancos del sistema, tienen una serie de responsabilidades, primeramente con su  entorno y actores involucrados, como también con el fisco y con el numeroso concierto de accionistas y prestamistas de dinero que componen hoy el complejo mundo de los sistemas financieros modernos.

Tanto una sociedad anónima, como una empresa individual, pueden acudir a cuantiosos recursos de los bancos del sistema, emitir de diversas maneras, esquemas para prestar dinero del público, y llevar a cabo proyectos de diverso calado. Resulta ridículo, folclórico, y muy propio de la realidad caricaturesca del medio, que un conserje que además trabaja en un hospital público, sea apoderado de más de 150 empresas, y actúe como un “trabajador a domicilio” de uno de los selectos bufetes notariales, armadores de empresillas acartonadas.

Conozco personalmente a varios de los notarios señalados en alguno de estos entuertos. Los he visto actuar en otras situaciones, y me aterra la frivolidad con que explican la tramitología notarial mercantil que se analiza, haciendo notar a la opinión pública, y en los corrillos de la comunicación informal guatemalteca, que “esas son situaciones normales en el ejercicio del notariado, y que todo es producto de las circunstancias del medio”.

A mi juicio, la utilización de un prestanombres en el régimen del Derecho Mercantil guatemalteco, tiene la similitud de la utilización de “sicarios” en el Derecho Penal. Es decir, se está utilizando gente sencilla y necesitada, en términos de status social y pago de honorarios, para ejecutar las más duras tareas, que tienen que ver con la responsabilidad en última instancia, y con la actuación ante las instituciones del Estado, y en potenciales problemas con los particulares.

Y lo más delicado de todo esto, es que como muy bien lo dicen los críticos del sistema, todo este caos y desconcierto, está siendo utilizado por una forma de capital dinerario cada vez más peligroso, siendo éste el que compone el crimen organizado, en todas sus manifestaciones, incluyendo el narcotráfico.