Los registros oficiales indican que 88 niños y 113 niñas, desde recién nacidos hasta de 4 años, han sido reportados como desaparecidos por el Sistema de Alerta Alba Keneth. Según la Fundación Sobrevivientes, en esta edad específica los menores de edad son utilizados por estructuras delictivas principalmente para adopciones ilegales,

Que los comercializan en el extranjero hasta por US$100 mil; esta organización y otras instituciones exigen al Estado articular acciones de forma interinstitucional y responder ante la problemática.

De enero a septiembre se han activado 480 alertas de menores de edad desaparecidos y de esta cantidad las autoridades han logrado recuperar a 280 niños y niñas menores de 5 años, sin embargo, aún hace falta localizar a 201 infantes, de quienes se desconoce su destino.

Según el Procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Érick Cárdenas, hasta el 4 de septiembre se reportaban 22 niños robados en el 2013, principalmente en la Capital y el occidente, donde hay menos control del Estado. (Lea la entrevista “Niñez está inmersa en el presupuesto de la PGN”).

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, lamenta la situación de estos menores, pues usualmente en ese rango de edad son utilizados por las mafias dedicadas a las adopciones ilegales que los comercializan hasta por US$100 mil en el extranjero. 

La activista refiere que la edad, el género y la salud del menor son aspectos que interesan a quienes adoptan de manera ilegal a los niños guatemaltecos; la declaración de la entrevistada coincide con el número y las características de las niñas desaparecidas.

“En el mercado internacional se tiene preferencia por las niñas. Si usted se da cuenta, el mayor número de menores desaparecidos son de sexo femenino, porque son las más cotizadas en ciertos mercados como Estados Unidos, también que estén saludables; y la edad apetecible es de 0 meses hasta 4 años porque es la edad donde aún no identifican a sus padres y se pueden adaptar a otro núcleo familiar”, explica.

La activista indica que es posible –aunque aún no es comprobable– que cierto porcentaje de los infantes sea utilizado para la extracción de órganos.

¿Y EL ESTADO?

Activistas sociales y defensores de los derechos de la niñez demandan del Estado una respuesta oportuna para localizar a los niños desaparecidos, así como articular acciones interinstitucionales que respondan ante la problemática.

El 3 de agosto fue robada una bebé recién nacida del Hospital San Juan de Dios, aunque fue abandonada en la estación de los Bomberos Voluntarios, dos días después del hecho; hasta hoy no se reportan capturas.

La directora de la Fundación Sobrevivientes criticó que después de un mes, las autoridades no reporten la detención de quienes sustrajeron a la bebé, a pesar de que se tienen imágenes de las delincuentes.

“A estas alturas no hay capturas por el robo de la bebé sustraída del hospital. Están hablando de 22 casos, pero ¿dónde están las detenciones? ¿En dónde están las investigaciones? Este tema nos preocupa”, expresa Cruz.

El 29 de julio fue robado el bebé de seis meses Vinicio Fernando Ramos Maldonado, en el caserío Roble Blanco, Aldea Terreno Borroso, Chiquimula.  Los delincuentes asesinaron a la madre del menor, quien trató de evitar que le quitaran a su hijo.

Días después la población linchó a los presuntos responsables del robo; el menor fue recuperado y entregado a su padre.

Aunque el 7 de septiembre la Fuerza de Tarea contra Secuestros recuperó al niño Ángel Gabriel Caal Caal, de 3 meses, y capturó a las dos presuntas responsables del robo, la sociedad civil advierte que todos los casos documentados son competencia de las instituciones de Estado –PGN, MP, Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio de Salud, Migración– que deben coordinarse para lograr la recuperación del resto de menores de edad.

Gloria Castro, Defensora de la Niñez, dice que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) demanda controles en los hospitales e investigaciones profundas que sienten precedentes para evitar que continúe el robo de menores.

“Es necesario que en los hospitales se fortalezcan los controles de seguridad, que se investigue administrativamente a quienes están involucrados, porque es muy difícil sacar a un niño de un centro asistencial.  Además debe existir una investigación más profunda, dar prioridad a este tipo de casos y sentar precedentes”, indicó.

Por aparte, Marvin Rabanales, asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), considera que las instituciones que tienen responsabilidad en este problema, deben ser más ágiles para localizar a los menores, pues el tiempo es imprescindible para recuperar a los niños.

“Necesitamos ser céleres, especialmente cuando son bebés y no hay una prueba genética, porque los bebés cambian rápido y las madres olvidan cuáles son esos rasgos; entre más tiempo pasa más difícil será recuperarlos, salvo que haya un registro genético que podría empezarse a documentar desde el momento en que nacen en un hospital, pero la mayoría son atendidos por comadronas y ese es un problema”, reitera.

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES

Según la PGN, cuando se reporta la desaparición de un niño se activa la Alerta Alba Keneth y según el caso se coordinan acciones con el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

La Fundación Sobrevivientes argumenta que aunque se creó la Fiscalía contra la Trata de Personas y se designaron 100 investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) para atender el tema –que incluso son capacitados en Estados Unidos–, aún no hay investigaciones profundas y bandas desarticuladas dedicadas a este delito.

La Hora buscó la reacción del Fiscal contra la Trata de Personas, Alexander Colop, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

Mientras que, el ministro de Gobernación (Mingob), Mauricio López Bonilla fue consultado el pasado 30 de agosto sobre el tema, respondió que destinaría a un grupo de los 1 mil 735 agentes graduados para investigar el robo de niños.

Por aparte, se intentó obtener una reacción del ministro de Salud, Jorge Villavicencio, para conocer las acciones que coordina con la Cartera del Interior, para controlar a las estructuras de roba niños, incrustadas en el sistema de salud, pero no fue posible conocer su respuesta.

En lugar del funcionario, fue consultado Gustavo Barillas, portavoz de dicho Ministerio, quien respondió que se analizan los perfiles de las personas que trabajan en los hospitales y próximamente se levantarán eventos de cotización para la compra de cámaras de vigilancia.

“El Ministerio de Salud solicitó el apoyo de Gobernación para trabajar en conjunto el tema de seguridad, se está haciendo una evaluación de los perfiles que deben estar en el sistema de seguridad porque hay mucho trabajador de seguridad que cuando inició ingresó con puestos de cocineros, de limpieza, mantenimiento que obviamente su función no es el tema de seguridad, por eso se analizan los perfiles para contratar a personal funcional”, indicó.

Barillas agregó: “En el Hospital San Juan de Dios se levantaron eventos de cotización para adquirir más cámaras, son 90 cámaras las que se van a adjudicar en un par de semanas a la empresa que haga la oferta.  Y en el Hospital Roosevelt se hizo un análisis, se habían pedido 30 cámaras, pero el ministro pidió que se compraran más; además se ha tenido un poco más de restricción en algunas áreas, que el ingreso al área de bebés sea por una sola puerta y se sigan los protocolos internos”.

Asimismo el portavoz fue consultado sobre la destitución de los jefes de seguridad del San Juan de Dios, pues si estas personas estuviesen involucradas en el robo de una niña en agosto pasado, podría ser difícil ubicarlos después.

“Hay dos cosas, cuando fue el robo de la niña se les pidió –a los jefes de seguridad– que se presentaran inmediatamente al hospital para poder dar parte al MP, pero ninguno de los dos se presentó, por lo mismo se tomó la decisión de destituirlos.  El MP tiene toda la información para poder ubicarlos a ellos y nosotros estamos en la disposición de apoyarlos, nosotros no podíamos mantener a una persona que no se presentó y que puede ser investigado porque podría continuar sucediendo lo que sucedió”, indicó.