Sucedería tarde o temprano y el gobierno de turno, el que fuera, se vería comprometido por razones políticas a empujar desde el ejecutivo a su rebaño de diputados a intentar aprobar la llamada Ley de Desarrollo Rural Integral. Al animarme a opinar sobre este proyecto de ley decidí leerlo de principio a fin, incluidas las modificaciones propuestas a última hora por miembros del actual Congreso. Me parece que el documento en su conjunto y por sus partes es una mamarrachada de verborrea romántica sin sentido que no debiera de engañar ni siquiera a mis contrincantes ideológicos de izquierda.
Cualquiera de ellos que conscientemente lea el documento y que, además, cumpla con el requisito de no estar buscando rentas en el nuevo aparato burocrático que la ley pretende crear para su implementación y administración o que, por otro lado reciba pago alguno de entes nacionales, extranjeros o mixtos para mantener su fundación, sindicato, ONG o partido político debiera de darse cuenta que la ley lejos de perseguir el supuesto objetivo del “Desarrollo Rural Integral” es una nueva condena que una vez instaurada será difícil revertir.
No creo que se logre ni un ápice de desarrollo, ni rural ni integral con esta nueva legislación porque no explica cómo lo logrará, en cambio deja en manos de la discrecionalidad política la aplicación de la ley con aspectos sumamente peligrosos para los principios de propiedad privada y de igualdad ante la ley de los individuos guatemaltecos.
Irónicamente esta propuesta de ley pretende, por lo que entiendo, eliminar por decreto la discriminación haciendo una clara diferencia entre los indígenas campesinos rurales y todos los otros guatemaltecos. Ya imaginarán ustedes lo difícil que será determinar quiénes son realmente sujetos de esta ley y para quiénes aplican las otras leyes.
Otra de las grandes contradicciones es que la ley habla de proteger la producción nacional, receta que hasta la fecha nos tiene pagando productos y servicios a precios ridículos derivado de las barreras arancelarias y las no arancelarias pero si de origen político. No entiendo cómo es que las geniales mentes a quienes se les ocurrió esta propuesta de regresar a proteger al productor local no se han dado cuenta que es precisamente de esa forma, con privilegios políticos legales, que grandes industrias nacionales han amasado fortunas a costa del consumidor local con pretextos supuestamente loables como el de mantener los puestos de trabajo que generan.
No tengo dudas que lo que logrará la implementación de una ley como esta no será el desarrollo rural sino, por el contrario, el retraso nacional. Nuestra visión debiera de ser precisamente la contraria; leyes que nos encaminen a ser iguales ante el imperio de la ley y no al revés, leyes que permitan al consumidor obtener los mejores productos a los mejores precios sin importar en dónde se produzcan y aprovechar como consumidores las pendejadas de otros burócratas que subsidian producciones en otras latitudes; finalmente comprar productos con precios por debajo del costo de producirlos es, en todo caso, un regalo que debiéramos de usufructuar sin dudar.
En cuanto a la propiedad privada de la tierra, repartirla, porque digan lo que digan, eso y no otra cosa es lo que permite el Artículo 10 de la ley propuesta, es algo que no funciona, que en Guatemala misma se ha hecho sin ningún éxito y que sospecho traerá problemas graves para la viabilidad política del Estado sobre todo porque es muy romántico y bonito el escenario hasta que las tierras que toca repartir son las de uno. Pregunto ¿Qué sucederá si después de una primera ronda de repartición, en la segunda se aplica el mismo artículo de la ley para repartir las tierras de los beneficiarios de la primera ronda? ¿Será que estarían dispuestos a seguir viviendo bajo los mismos principios que defienden al proponer esta ley? ¿O para entonces los señores hacendados pensarán distinto?