“Aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar” Albert Einstein
Un debate originado por Virgilio Álvarez, durante una disertación sobre crecimiento económico y desarrollo humano, sumado a un análisis político, motivó una reflexión final del conferencista, traducido a una casi sentencia definitiva: si los académicos no intervienen en la política, el país seguirá cuesta abajo y tendrá una difícil tarea de remontar a los indicadores de desarrollo humano deseables.
Al analizar la participación de la academia en los últimos años, se encuentra que el legislador optó por darles una encomienda muy importante, al hacerlos parte de múltiples comisiones de postulación para puestos trascendentales para el país, como la integración de órganos como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General, entre otros. Y es que la percepción a nivel internacional, y hasta hace poco también en Guatemala, es que los académicos son gente de bien, incorruptibles y por su dedicación a la enseñanza e investigación, desinteresados en negocios siniestros, y más bien empujados a alcanzar logros para la sociedad, además del reconocimiento personal.
La misma calificación de los candidatos a ejercer función pública, privilegia aspectos como créditos y méritos académicos, y experiencias investigativas o docentes. Algo que pareciera indicar que quien sea electo o designado, debe contar con una preparación efectiva del intelecto y la experiencia.
La academia ha participado desde siempre en las sociedades gobernadas por reyes, tiranos o democracias; basta con recordar grandes científicos que evolucionaron sus estudios para fortalecer sistemas de seguridad o guerra; o bien los doctrinarios y filósofos griegos que continuamente eran parte de los gobiernos de las penínsulas griegas y de donde se constituyeron conceptos tan reconocidos como el principio de legalidad, la justicia y la República. Y quien puede olvidar de los franceses que en medio de revoluciones e independencias, generaron academia hacia la formulación de nuevos gobiernos y teorías sociales como el reconocimiento de los derechos humanos y el pacto social. Y así existen múltiples ejemplos de cómo la sociedad ha aprovechado los conocimientos económicos, sociales, médicos, culturales y de otras concepciones que la academia ha ofrecido, ya sea por medio de la investigación, o la educación de sus principales figuras.
Sin embargo, delegar la responsabilidad de gobernar y hacer política en profesores e investigadores, puede ser un riesgo alto para el desarrollo de la institucionalidad de un país. Es imposible dejar de pensar que la mayoría de ellos no tienen el conocimiento empírico del manejo institucional del Estado (aunque quizá esto pueda ser considerado como algo positivo). Pero ese detalle, haría que los ciclos de trabajo productivo de la burocracia fuera no sólo más lento, sino más riguroso (como característica casi siempre del perfil del académico). También puede pensarse que las lides políticas no son precisamente el fuerte de un grupo de estudiosos que regularmente pasan su vida en bibliotecas y aulas, desconociendo parcialmente los problemas diversos del Estado; aunque su solución estaría al alcance de propuestas ingeniosas, con las que se caracterizan a cualquier académico.
Quizá sea la mejor solución, quedarse al margen de la participación directa, y mantenerse en el back office como le dicen; una expresión que explica que no tendrán exposición, decisión o responsabilidad sobre sus acciones, al ser solamente asesores o consejeros de los políticos.