Las actividades legislativas regresan con una realidad estancada para los trece bloques legislativos desde final de 2009 y que sigue siendo el tratamiento de un dictamen, cual medicina que puede devolver la salud al presupuesto 2010.

La reforma fiscal propuesta por el Organismo Ejecutivo sigue vigente, recordando que quedó firmada por apenas once legisladores comisionados de la sala de trabajo de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, aunque ellos son 21.

La dificultad no estriba únicamente en la falta de diez firmas para que tenga mayor peso y menor tensión su probable discusión y aprobación sin mayores dificultades «o trámite» dentro del pleno.

Es que una de las once firmas es la de Alejandro Arévalo Alburez, diputado Unionista, quien hace casi un mes dejó asentado su voto razonado y que resume no las dificultades de refinanciar las cuentas del Estado, sino una serie de condiciones para ser válido.

Además. el enigma de la polí­tica nacional, por qué los representantes del FRG, entre ellos un nuevo directivo 2010-2011, no firmaron dicho dictamen cuando en 2010 es una bancada que llega con dos representantes a hacer Junta Directiva.

O por qué los mismos integrantes de la Gran Alianza Nacional en la sala de trabajo no lo sellaron -a excepción de Manuel Barquí­n-, a pesar que dicen ser un bloque aliado del oficialismo y con la bandera del municipalismo arriba, para quienes van dirigidos parte de los recursos tributarios.

Tampoco firmaron los integrantes del Partido Patriota y menos la bancada Libertad Democrática Renovada, opositores definidos de cualquier decisión de la presidencia de la sala de Finanzas y Moneda.

Extrañó además, que el bloque Guatemala, tampoco se haya sumado a las decisiones de emergencia del ministerio de Finanzas Públicas, siendo funcionarios de trayectoria y de peso durante el gobierno de í“scar Berger.

CRITERIO

El diputado Arévalo Alburez, dice en su voto razonado de veinte puntos, que firmó el dictamen respetando la disciplina de partido, el cual no comparte a tí­tulo personal haciendo valer su experiencia en finanzas públicas.

Su punto de partida es la realidad económica nacional e internacional, las dos caras de la moneda que por un lado son de gasto y de inversión social y por el otro de endeudamiento público.

Para el legislador mencionado, lamentablemente se ha abusado del uso de fideicomisos y transferencias a ONG o entidades internacionales «para realizar gastos que no están sujetos al control público», describe.

Razona que la iniciativa de mérito, es una versión parcial, incompleta, modificada y alejada de la propuesta del Pacto Fiscal y que el grupo promotor planteó a la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz (Cenap) al iniciar el perí­odo de gobierno 2008-2012.

Otra apreciación, es que se debe avanzar en regular que los ciudadanos tengan derecho a obtener en cualquier momento, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, aplicando así­ la Ley de Libre Acceso a la Información.

DESTINO TEMPORAL

El parlamentario, en su voto razonado, muestra la preocupación que el producto de los tributos que el Gobierno está buscando imponer sean con destinos especí­ficos, temporales y decrecientes.

Un tema, que describe en su informe, es el municipal en particular por la representación de los distritos en particular y que contribuye a la descentralización de los recursos.

Sin embargo, la iniciativa no elabora a favor de una participación decisiva de los gobiernos locales en la recaudación de impuestos, como coadyuvantes en el control y fiscalización que realiza la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Alejandro Arévalo, sobre el debilitamiento de la SAT apunta lo lamentable que el partido oficial haya retirado del pleno la iniciativa de ley que abarcaba el fortalecimiento de la SAT para la persecución de evasores, defraudadores y contrabandistas.

Sobre el Código Tributario y la necesidad de reformas, en el inciso «g», en el punto 19 dice: «Reducir el monto para la obligación de usar medios de pago bancarios para evitar el fraccionamiento de operaciones y lavado de dinero mediante evasión tributaria».

Y termina diciendo: «[…] demuestra la necesidad urgente de realizar una evaluación serí­a y sosegada de la reforma planteada, revisándola cuidadosamente en forma integral, la cual no ha sido posible en el seno de la Comisión de Finanzas y Moneda porque no se propició debate alguno sobre la misma».