---

Es prácticamente imposible garantizar una acción efectiva y duradera frente a estructuras de poder criminal, cuando su alcance ha penetrado las propias estructuras de la institucionalidad del Estado en materia de seguridad y justicia.

Por ello es impostergable que se proceda a reflexionar, debatir y establecer una ruta crí­tica que asegure que lo que se haga hoy servirá de base en la construcción de una nueva capacidad institucional para mañana. Esto implicarí­a empezar enfrentando dos retos fundamentales: (1) contar con el conocimiento certero de qué está pasando, cómo está pasando, y porqué está pasando; y (2) precisar los bloques institucionales que prioritariamente habrí­a que desarrollar, a fin de ganar capacidad de intervención en los espacios estratégicos correspondientes.

Ideas para estructurar una propuesta

Veintiún años después de haber iniciado el proceso de democratización en Guatemala, el saldo de lo actuado en materia de seguridad y justicia apunta hacia un patrimonio teórico y conceptual, incluido en una serie de propuestas que no ha logrado impactar sensiblemente en las estructuras del Estado guatemalteco. Por ello, es necesario recoger, articular y dar coherencia a esos aportes, mediante el diseño y puesta en práctica de un Programa de Reformas al Sector Seguridad y Justicia (PRSSJ).

Es conveniente que esta sea la base de una negociación entre el gobierno que se instalará el próximo 14 de enero, los partidos polí­ticos y las organizaciones sociales especializadas en estos temas.

Los principales acuerdos estratégicos que deberí­an buscarse:

Los tres sectores antes identificados buscarí­an establecer acuerdos orientados hacia:

1) Fortalecer y estrechar la coordinación entre las instituciones que tienen competencia en el ámbito de seguridad y justicia, asumiendo un acercamiento programático focalizado directamente en el Sector Seguridad y Justicia, captándolo como una totalidad comprensiva e integrada, a fin de dotar al Estado de las herramientas indispensables para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

2) Asumir el enfoque que articule en las polí­ticas públicas el desarrollo humano, la seguridad y la justicia como parte de un mismo sistema, apoyando la conversión de los Sectores Seguridad y Justicia en Sistema de Seguridad y Justicia, es decir, como una totalidad coherente e integrada.

3) Diseñar y poner en funcionamiento un Programa de Reformas al Sector Seguridad y Justicia, partiendo de la integración y articulación de dos equipos de trabajo: Un equipo a cargo del enfoque preventivo y otro equipo a cargo del enfoque operativo.

4) Acordar como medidas preventivas de mediano y largo plazo la ejecución de las siguientes acciones:

4.1) Instalar un equipo de operadores polí­ticos para incidir y cabildear en el Congreso de la República, a fin de lograr la aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

4.2) Asesorar al equipo de gobierno que le corresponda la instalación del Sistema Nacional de Seguridad (SNS).

4.3) Apoyar la instalación y el inicio de actividades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), proponiendo como componente fundamental el diseño y ejecución de un Programa de Investigación Criminal, debatiendo ampliamente con el equipo operativo la conveniencia de su ubicación institucional, considerando alguna de las siguientes opciones: unidad de apoyo a la Investigación Criminal ubicada en el Ministerio de Gobernación, unidad ubicada en el Ministerio Público o la creación de un ente autónomo.

4.4) Aprovechar este contexto para solicitar el apoyo de CICIG en la definición de la Polí­tica del Estado contra el Crimen, la Polí­tica de Persecución Penal del Sector Justicia, y la Polí­tica de Persecución Penal del Ministerio Público, mediante un trabajo conjunto con los equipos preventivo y operativo.

4.5) Dar seguimiento a las acciones de cabildeo e incidencia para la aprobación de la Agenda Legislativa de Seguridad y Justicia.

4.6) Definir una Polí­tica de Prevención, que cubra prioritariamente los siguientes componentes: prevención de la violencia, incluyendo la polí­tica de desarme y las articulaciones con la polí­tica de desarrollo social; prevención para la reinserción y la no reincidencia; y prevención para niñez y adolescencia en riesgo y en conflicto con la ley penal.

5) Acordar como medidas operativas a cargo de la institucionalidad regular del Estado, en el corto y mediano plazo:

5.1) Dar inicio a las operaciones de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI); y a la reingenierí­a de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (DI-EMDN).

5.2) Generar y debatir una iniciativa de ley orientada hacia la conversión de la Secretarí­a de Análisis Estratégico (SAE) en Secretarí­a de Inteligencia de Estado (SIE), en cumplimiento a lo estipulado por la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

5.3) Generar una iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, conforme a lo previsto en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

5.4) Instalar y poner en funcionamiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ubicándolo dentro del proceso estructural del Programa de Investigación Criminal.

5.5) Proceder a la inmediata aplicación de la Ley del Sistema Penitenciario, partiendo con la reestructuración del sistema mediante un diseño ágil, eficiente, respetuoso de los derechos humanos y acorde a los mandatos legales que regularán su funcionamiento.

5.6) Definir una Polí­tica Penitenciaria que considere la situación legal del imputado (recluidos sin sentencia o recluidos cumpliendo sentencia); la naturaleza del ilí­cito cometido; el grado de reincidencia; y la obligación estatal de cubrir programas de reeducación y reinserción.

5.7) Definir Polí­ticas Públicas en materia de Seguridad, prioritariamente la Polí­tica de Seguridad Ciudadana, que deberí­a incluir a la Polí­tica Policial y la Polí­tica del Estado Contra el Crimen, la definición de la Polí­tica de Defensa y de la Polí­tica Militar, en el contexto de la Polí­tica Exterior del Estado, incluyendo los procesos de depuración institucional que sean necesarios.

5.8) Generar y debatir la creación de la «Academia de Formación del Sector Seguridad».

El objetivo de la discusión de estas ideas es lograr un salto cualitativo en la transformación de las Estructuras de Seguridad y Justicia en Guatemala.