Cada vez que se cuestiona un negocio sucio producto de sobornos a funcionarios públicos, se escucha alguna voz reclamando que se respeten las reglas claras para que no se ahuyente al inversionista extranjero. El caso de la autopista Palín Escuintla es un ejemplo concreto, puesto que se pactaron regalías de vergüenza para el país a cambio de una concesión que implica el mantenimiento de la ruta construida con recursos de los guatemaltecos y que ha generado utilidades millonarias a la empresa extranjera que se hizo con la concesión. Nadie, con dos dedos de frente y una pizca de decencia, puede suponer que el negocio que incluyó la construcción de la carretera a Puerto Quetzal, haya sido transparente y que se hizo con base en reglas claras.

Un negocio con reglas claras es prácticamente imposible en Guatemala porque aquí nadie pasa sin saludar al rey. Quien no está dispuesto a dar una mordida, que se olvide de poder hacer negocios en nuestro medio y por ello es que nos llenamos de inversionistas piratas porque los verdaderos inversionistas, los que quieren hacer bien las cosas, se van a otro lado. Eso no es nuevo y basta recordar, por ejemplo, que el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, se pensó para ser establecido en Guatemala, pero el gobierno de Ydígoras le pidió dinero a la gente de Harvard y éstos prefirieron irse a Nicaragua, donde Somoza, más vivo, no les exigió soborno.
 
 Cuando el Presidente de la Cámara de la Construcción dice que hay que respetar los contratos, pasa por alto la forma en que los mismos se negocian y él, representando a ese gremio, no puede ignorar lo que pasa y cómo es que se pacta entre empresarios y funcionarios. No se puede suponer ignorancia porque es parte del día a día en el sector que representa el tener que negociar con los funcionarios de turno para asegurarse las obras o, como él perfectamente lo sabe, el pago, porque muchas veces los atrasos en la liquidación son para cobrar más. No sólo hay que pagar soborno para que les den la obra, sino además tienen que hacer nuevo desembolso para que les paguen. Será que el Presidente de la Cámara de la Construcción no está enterado de esa realidad.
 
 Por supuesto que si un contrato de obra se negocia no sólo legal sino éticamente, debe ser honrado y garantizado. Pero un negocio como el que se hizo cuando se dio la concesión en términos que han causado espanto hasta a los que ahora ver los trinquetes como la cosa más normal del mundo, no puede escudarse en el concepto de reglas claras.
 
 Necesitamos inversión privada, ciertamente, pero de gente que actúe honestamente, que gane lo justo. Un contrato como el de la autopista, que ha generado miles de millones a los concesionarios y centavos al país, debe ser objeto de discusión y análisis, aunque sólo sea para poner en la picota a los largos que lo hicieron y evitar que en el futuro se vuelva a sangrar nuevamente al pueblo.
 
 Y que el Presidente de la Cámara de la Construcción vaya a la nocturna, a ver si agarra elemental sentido común.