Resta solo un año para la convocatoria formal a las elecciones generales de 2015, y aunque es vox populi que la campaña está ya empezada, en plena y flagrante violación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, un soplo de aliento y esperanza se dio este año al elegir el Congreso de la República a los nuevos Magistrados del TSE, titulares y suplentes, con una dinámica si no perfecta, al menos monitoreada por la veeduría social y que permitió a encontrar a candidatos no señalados directamente con vínculos hacia los partidos políticos.

Una de las más esperadas acciones del TSE es justamente la fijación de una postura sobre la forma en que los partidos políticos están posicionando a sus candidatos, y no precisamente generando una agenda política de afiliación o bien de estudio y análisis de la situación nacional.  Debe recordarse que los partidos son instituciones de derecho público, que tienen además de una responsabilidad moral para con la población de ser transparentes y generadores de ideología política, también tienen obligaciones legales para con el Estado, y principalmente la del cumplimiento de la ley.  Sin embargo, para evitar esos inconvenientes y para dar rectoría a todo el proceso, no sólo eleccionario sino de formación, afiliación y promoción partidista, los constituyentes crearon una ley específica para ello y dentro de ésta, a un ente «supremo» que debía mantener el orden y el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, el irrespeto mantenido desde hace varias elecciones pasadas y ahora más que nunca previo a la convocatoria, ha dejado un sabor amargo de boca para la población, especialmente en el caso de aquellos que utilizan la maquinaria oficialista para su promoción, algo que es prohibido por la ley.  Y además del sinsabor, la población ha volteado a ver con ojos críticos a una de las instituciones que hasta hace veinte años era de las que más crédito público tenía, especialmente luego de la negativa que se le diera al expresidente Serrano para convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, cuando diera el «autogolpe» y quería legalizarlo.

Pero la pregunta que circula en el ambiente, es que aun cuando hace muy poco fueron electos y tomaron posesión, y que se conoce  que salvo uno de los magistrados titulares, los demás tienen muy poco conocimiento del TSE y de los procesos electorales –sin que esto signifique demeritar sus créditos profesionales–, es cuándo van a emitir los lineamientos claros que eviten a los futuros candidatos, ganarse la salida y promocionarse, violando la ley.  Hay muchas cosas que hacer en este año formal previo a la convocatoria a las elecciones generales, sin embargo este elemento de detener la campaña anticipada debiera ser también una prioridad para  dicho colectivo.

Otro aspecto por demás importante también, aunque si la lógica priva, ya no es tan urgente, es el pronunciamiento sobre la recién aprobada reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que duerme por ahora en la Corte de Constitucionalidad, esperando seguro a que las elecciones del 2015 se lleven a cabo.  Sin embargo, al ser este TSE quien la pondrá en marcha, sería valioso para el tribunal constitucional, conocer los puntos de vista de los nuevos Magistrados, en lugar de quedarse con el pronunciamiento hecho por quienes ya estaban por salir, y que por cierto, tampoco fue muy bueno.

No pueden tardar mucho los nuevos funcionarios. La fe y confianza en que podrán hacer una buena labor se mantiene, pero la paciencia es poca de la población, especialmente cuando día a día, camino por camino y anuncio por anuncio, se les recuerda que a pesar que las votaciones serán 18 meses después, hay una gran campaña por adelantarse en el menú electoral.

Guatemala los necesita, y los necesita con honradez, con decencia y más importante, los necesita ahora.