El 6 de octubre de 2013 los guatemaltecos acudirán a las urnas, en una jornada extraordinaria, para definir colectivamente si el histórico conflicto territorial que el país mantiene con Belice será sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, en Guatemala no todos los ciudadanos cuentan con suficiente información para tomar esa decisión con un claro conocimiento del diferendo.

Al ser consultados por La Hora, a través de medios sociales, más de la mitad de 46 guatemaltecos indicaron que no saben en qué consiste el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Mientras tanto, una decena aseguró que conoce algunos antecedentes del reclamo, pero no lo suficiente para tomar una decisión al respecto y solo cinco dejaron ver que conocen detalles de cómo se originó el conflicto y la situación actual.

El desconocimiento de la mayoría sobre este tema es la causa por la que Guatemala tiene previsto realizar una campaña de información, para que el 6 de octubre de 2013 los guatemaltecos acudan a las urnas con una visión clara del diferendo territorial, insular y marítimo, y puedan decidir si éste debe ser resuelto o no en la Corte Internacional de Justicia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Comisión de Belice, explicó a La Hora que para cumplir con ese objetivo “se llevará a cabo una campaña de socialización de la importancia del diferendo territorial, como tema prioritario de soberanía y la obligación de cumplir con el deber cívico de participar en la Consulta Popular”.

El canciller Harold Caballeros, en una cita en la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, junto a su par beliceño Wilfred Elrington, aseguró en abril que se darán los pasos necesarios para iniciar el proceso de información a la población en sus respectivos países, para sensibilizarla sobre el diferendo territorial y la necesidad de encontrar una solución pacífica y permanente a la controversia.

Según la Comisión de Belice, por ley corresponde al Tribunal Supremo Electoral trabajar en materia de promoción al voto, por lo que la Cancillería concentrará sus esfuerzos en  “proseguir con la campaña de divulgación y concientización de los antecedentes históricos, jurídicos y políticos que sustentan la justa reclamación de Guatemala” con el apoyo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Esto se realizará mediante presentaciones en  universidades, centros de enseñanza secundaria, nivel primario, cámaras empresariales, asociaciones cívicas, organizaciones no gubernamentales y otros actores de la vida nacional, explica la fuente diplomática, que destaca que la  campaña  también debe ser orientada a los principales actores del ámbito político.

Aunque los electores son libres de tomar la decisión que crean conveniente, la campaña de divulgación se realizará por el “Sí”, para honrar el acuerdo compromisorio suscrito  de ir a la Corte Internacional de Justicia.

EL DIFERENDO

De acuerdo con documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corona Española otorgó  en 1783 y 1786, concesiones a súbditos británicos para el corte de palo de tinte y otras maderas finas en las áreas que van del río Hondo al norte hasta el río Sibún al sur.  Posteriormente, Inglaterra fue usurpando el territorio  de Guatemala que va del río Sibún al río Sarstún, con un área que abarca 11 mil 013 kilómetros cuadrados.  (Vea: El Mapa)

Sin embargo, de llegar a la Corte Internacional de Justicia  el diferendo territorial, insular y marítimo tendría que  reclamarse el territorio, comprendido entre el río Hondo y el río Sarstún, incluyendo las islas y “cayos” que se encuentran en los alrededores del territorio continental, los cuales nunca fueron incluidos ni en los tratados angloespañoles de 1783 y 1786 ni en el tratado de 1859, aun con el conocimiento que el Gobierno de Guatemala en 1991, reconoció el derecho del pueblo beliceño a su autodeterminación.

Para resolver el diferendo, con fecha 6 de febrero de 2009 la Presidencia remitió un Acuerdo Especial al Congreso de la República, para promover una Consulta Popular que defina si el caso debe ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia.

En el acuerdo, aprobado en el 2010 por el Congreso, “las partes solicitan a la Corte que determine, de conformidad con las reglas aplicables del derecho internacional, según se especifican en el Artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte, toda y cualquier reclamación legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambas partes en los mismos, y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas”.

En abril pasado, los cancilleres Caballeros y Elrington se reunieron  con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para convenir la fecha en la que se llevarán a cabo en forma simultánea las consultas populares de tema único en ambos países.

Según la Comisión de Belice, desde el momento que es un asunto prioritario de Estado, sucesivos  gobiernos han invertido en atender los asuntos que directa o indirectamente se refieren al diferendo territorial, insular y marítimo, habiendo agotado los medios de solución de controversias contenidas en el Derecho Internacional, lo que incluye negociaciones y en la actualidad la preparación del caso ante la Corte Internacional de Justicia.

“Es importante hacer la salvedad que las investigaciones y preparación del material para presentar el caso a la Corte Internacional de Justicia está a cargo de un equipo de profesionales nacionales”, refiere la Comisión; sin embargo, se han hecho ya los contactos con abogados internacionales con amplia experiencia en casos ante la Corte Internacional de Justicia para contratarlos a fin de defender el caso guatemalteco. 

INTERPRETACIONES

El excanciller Gabriel Orellana, quien plantea un análisis con diversos escenarios sobre la consulta, considera que el resultado que derive de la pregunta tendría varias interpretaciones.
 
Por ejemplo, puede ser que los guatemaltecos elijan que no quieren que la Corte Internacional de Justicia decida sobre el diferendo. En este caso, según el diplomático, “políticamente, el mensaje podría ser interpretado como que Guatemala renuncia a cualquier derecho sobre el territorio de Belice”.
 
Si son los beliceños quienes dicen que no, “Guatemala podría mantener su reclamo”. La otra posibilidad es que ambos países digan que no. La voluntad, en este caso, sería interpretada como que los países querrían que la controversia finalice, “y eventualmente buscar otro tipo de solución entre los pueblos”.

Al ser cuestionado sobre las posibilidades para que Guatemala encuentre un resultado favorable en la Corte –en caso de que llegase a esa instancia–, el diplomático considera que una estimación sobre el fallo sería anticipada, pues a su criterio Guatemala tiene pretensiones sobre el territorio, las islas y el mar, “y falta ver cómo lo va pedir y qué va a pedir de esos aspectos”.

“Hasta que no se llegue al punto primario, que es, si el pueblo de Guatemala está de acuerdo con que el caso se lleve a la Corte Internacional de Justicia, no ganamos nada con especular qué chance tenemos, porque después de resuelto lo de la consulta popular, lo que tenemos que ver es cómo y qué se va a pedir”, señaló.

Por su parte, Rodolfo Rohrmoser, abogado en derecho constitucional y derecho internacional, opina que la consulta popular representa un costo innecesario para un conflicto que ha “tardado tanto en resolverse” y cree que todo litigio implica un riesgo, por lo que  “nadie garantiza un éxito en la Corte Internacional de Justicia”.

Rohrmoser considera que si Guatemala reclama la totalidad de Belice, tiene pocas opciones de resulta favorecida en la Corte.  “Si pide todo el territorio, va a perder seguro”, anticipa.

El experto coincide con Orellana, al enfatizar que si la Corte falla en contra de Guatemala, esto determina el fin de todo conflicto. “Si Guatemala pierde el caso, lo habrá perdido para siempre, para toda la vida, ya no hay instancias. Ahí termina todo”, puntualizó.