Aunque Guatemala avanza en tecnicismos y leyes para mejorar la fiscalización y combatir la corrupción, entablar un combate frontal de este problema es todavía una tarea pendiente. Analistas consideran que más que avances, el país va en retroceso en la búsqueda de la transparencia y lo mejor de los controles sobre la gestión pública.

La Asamblea General de la ONU proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla.

Recientemente Transparencia Internacional difundió el Índice de Percepción de la Corrupción, donde Guatemala, pese a contar con un gobierno que ha manifestado tener como una de sus banderas la transparencia, y  haber logrado que el Congreso aprobara una ley contra la corrupción, empeoró su punteo bajando del puesto 33 al 29, en una escala en la que el 0 representa el mayor grado de este flagelo.

Pero ¿Qué dicen las estadísticas y los actores involucrados en esta lucha? ¿Realmente el país no ha logrado avances en esta materia?

RETROCESO

Alejandro Balsells, miembro del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), opinó que Guatemala ha ido en retroceso ante la falta de políticas claras en la lucha contra la corrupción.

El entrevistado citó como ejemplo, el reciente informe de Transparencia Internacional, que sitúa a Guatemala con un punteo que empeoró en la percepción de este tema.

“Realmente no existen políticas eficientes en los tres organismos del Estado, las entidades de control, las entidades descentralizadas, léase municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) o la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para combatir la corrupción”, criticó.

Balsells calificó la corrupción como el cáncer que destruye el Estado democrático, y acotó que las entidades públicas del país, sin excepción, están llenas de actos y omisiones corruptas.

“Le ponemos más atención a lo que pasa en los Organismos Ejecutivo y Judicial, pero es pavoroso lo que ocurre en el seguro social, la Usac, las municipalidades, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala; basta ver las denuncias de corrupción en las federaciones deportivas, que supuestamente están para promover un arte y lo que hacen es robar”, dijo enfático.

Por otro lado, el entrevistado dijo que pese a las convulsiones que causan los señalamientos de corrupción, la indiferencia hace que nada cambié, y que por el contrario todo siga igual, o empeore.

“Aquí lo que hay es indiferencia. No hay interés. Aquí se cumple con sacar una Ley que combata la corrupción, pero no hay una política clara que lo haga; no hay voluntad política en ninguno de los organismos de Estado ni en las entidades descentralizadas y autónomas”, resaltó.

Si las cosas siguen igual, y la corrupción sigue su camino, enraizándose en las instituciones creadas para hacer de Guatemala un Estado sólido, efectivo y que persiga el bien común de la sociedad, el futuro es oscuro.

Esa es la apreciación de Balsells, quien manifestó que el rumbo que se visualiza en un empobrecimiento mayor, es falta de credibilidad en el sistema y más violencia.

Sin embargo, dijo que sí ve posibilidades reales de que la situación cambie, pero para eso “hay que tomar acciones reales, y no solo dejar el discurso”; también indicó que este no es solo un trabajo de las instituciones y del gobierno, sino además de la sociedad, para cambiar esa percepción, de que “la sociedad está acostumbrada a vivir con la corrupción”.

INDIFERENCIA

Helen Mack, directora de Fundación Mirna Mack, opinó que Guatemala va en retroceso en relación a la lucha contra la corrupción, y la falta de transparencia. Los factores de la decreciente situación, van desde el mal uso de ley, las compras por excepción que se han vuelto norma, y las declaraciones que refieren que un poder Ejecutivo ha estado paralizado y funciona en relación a la corrupción, refirió.

“Se hacen préstamos para pagar la corrupción de los diputados; la cooptación de las instituciones que deberían ser contrapesos y que han sido cooptadas por el mismo Organismo Ejecutivo, la Corte de Constitucionalidad, lo que estábamos oyendo de la Corte Suprema de Justicia, el IGSS, el Ministerio Público”, acotó.

La aparente cooptación debilita el sistema democrático, precisó Mack, e indicó que quienes resultan más afectos por esto, son los guatemaltecos, porque un tema que gira alrededor de todo esto es la impunidad.

“Aquí hemos visto cómo diversos funcionarios y miembros de la élite política  han sido señalados de cometer esta clase de delitos y aunque hayan denuncias, aparentemente el Ministerio Público no investiga bien, no consigue las pruebas y se queda en la impunidad”,  criticó.

Esto se debe, según Mack, a la penetración de intereses en el propio sector justicia, y la percepción es que no funciona la justicia para los grandes funcionarios: “por eso es que cada vez la corrupción es más descarada y nada sucede, y hablan abiertamente de esto y ¡nada pasa!”, dijo enfática.

En muchas oportunidades, autoridades del Ministerio Público han manifestado que también se lucha contra la corrupción a través del mensaje, es decir que con sentencias “ejemplares”, se estaría diciendo a los corruptos “esto les pasará si siguen robando”.

Sin embargo, la entrevistada opinó que aún no se ha dictado esa condena que pondría a temblar a los funcionarios, políticos, o empresarios que participen en tramas de corrupción.

“Yo todavía no he visto ningún caso de corrupción con sentencias ejemplares; parece que casi todos los casos de este tipo se han caído, y esto es parte de la mecánica de la impunidad; esto es lo que socava el Estado de Derecho”, dijo.

Por último, la analista también dijo que hay un problema también de fondo que tiene que ver con el sistema de partidos políticos: “Lo difícil es que este sistema se autorreforme si hay gente que se beneficia de esto, entonces no hay un interés; hay todo un Estado que funciona para toda una elite política, económica y social, y no para las grandes mayorías”.

CÍRCULO DE CORRUPCIÓN

Esto lo refleja en recién informe de Transparencia Internacional (TI), que difundió el Índice de Percepción de la Corrupción, donde Guatemala, empeoró su punteo bajando del puesto 33 al 29, cuando en teoría debería estar mejorando si el discurso de las más altas autoridades del país se estaría cumpliendo.

“Lo que salta más a la vista son las caídas de Centroamérica como bloque. Una explicación es que los grupos del crimen organizado necesitan la corrupción para traficar con drogas, armas y personas”, aseguró Alejandro Salas, director para las Américas de TI.

A su juicio, estas organizaciones y sus conflictos provocan un “desgaste sistemático” en toda la región, que contiene a los países con mayores caídas del ranking: Guatemala, Panamá, República Dominicana y Honduras.

En relación al alto índice de impunidad en los casos relacionados a delitos de corrupción, que aún no han sido resueltos en el Organismo Judicial, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, opinó que aún es difícil probar los ilícitos, ya que los involucrados se cuidan de no dejar rastro del hecho criminal.

“Es claro que el que está cometiendo corrupción tiene claro que no debe dejar ninguna huella que le pruebe lo que está pasando; hoy día ya se cuidan de hacer llamadas comprometedoras, y menos de enviar correos electrónicos”, manifestó.

También indicó que el aparato judicial sí está preparado para procesar y dictar sentencias ejemplares en este tipo de ilícitos, pero “en la corrupción hay mucho elemento político y en el Organismo Judicial también hay intereses políticos que hacen proclive a ciertos manejos de la cosa pública en detrimento de la transparencia”.

AVANCES LEGISLATIVOS

José Alejandro Arévalo, diputado del Congreso de la República, contradice las declaraciones anteriores, pues opinó que en el ámbito  legislativo sí hubo avances en la lucha contra la corrupción.

“Se han emitido dos piezas legislativas que son muy importantes, una es la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito o Ley contra la Corrupción, que es de reciente inicio de vigencia y por eso es que seguramente todavía no hay condenas, porque hay delitos que no estaban tipificados antes”, manifestó. 

Además, resaltó que otras de las piezas legislativas salidas del Congreso, a las que no se les ha dado la importancia que merecen son las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, así como la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y Contraloría General de Cuentas, las cuales recientemente entraron en vigencia.

El congresista resaltó que desde el punto de vista legislativo se ha incorporado un nuevo marco jurídico para perseguir la corrupción y la opacidad en el manejo de las cuentas y los fondos públicos.

“Ahora le corresponde precisamente a la Contraloría y al Ministerio Público perseguir a los funcionarios que estén involucrados en ese tipo de delitos, pero también hay que reconocer que son reformas recientes, que se emitieron en la actual legislación”, instó.

Arévalo resaltó que al contar con las leyes, debe velarse porque se apliquen: “Tenemos que asegurarnos que el Organismo Ejecutivo las cumpla, y que cuando haya funcionarios tanto del sector público, como del sector privado, porque ahora las leyes castigan a personas y empresarios que se agencian del dinero de manera ilícita, el Organismo Judicial y el Ministerio Público los persiga y demuestre la evasión de la Ley”.

El diputado puntualizó diciendo que en materia de emisión de leyes que ayuden a perseguir la corrupción y la falta de trasparencia en el manejo de los fondos públicos, Guatemala tiene avances importantes; sin embargo aún tiene mucho por hacer, ya que se encuentra pendiente de aprobación, por ejemplo, la ley del secreto bancario, que reforzaría la persecución de los delincuentes de cuello blanco.