Dios no lo quiera, pero cualquier día de estos un grupo de usuarios del transporte colectivo, urbano o extraurbano, desesperados por las tropelías que impunemente cometen sus choferes y propietarios, por la más ínfima causa, los van a agarrar a palos y machetazos, incendiarán uno o más buses y será cuando todo el mundo pegue el grito al cielo. Los van a calificar de violentos, retrógrados, salvajes y cuántas cosas más por querer hacer justicia con su propia mano.

¿Pero cuánto tiempo tienen nuestros funcionarios de incumplir sus deberes y obligaciones para velar por la seguridad de los ciudadanos? No es posible que sigan desatendiendo los clamores, reclamos y justas demandas de la gente que por no tener vehículo propio carecen de un transporte seguro, puntual y confortable.

No hay día de Dios que no ocurran los encontronazos causados por los patanes que al timón de uno de esos armatostes corren como que si los persiguiera el diablo, cobran el valor del pasaje a su sabor y antojo y encima de ello tratan a la gente como si fueran bultos de la estación. No, no hay derecho, que los guatemaltecos con horchata y no con sangre en las venas nos quedemos frente al televisor como si nada estuviese ocurriendo cuando un funcionario de la Dirección General de Transportes, después de un aparatoso accidente,  demostrando tal incapacidad diga que la seguridad en las camionetas corre por cuenta de los choferes y de los propietarios, como también de cada pasajero, porque esa dependencia no tiene tiempo para andar detrás de ellos velando porque cumplan con las leyes y demás normas elementales de seguridad.

A tal punto de irresponsabilidad e incumplimiento de deberes hemos llegado. Nuestra enorme burocracia nos permite tener dependencias públicas hasta para tirar para arriba, pero sin cumplir con sus obligaciones. Todas gozan de directores, subdirectores, jefes, subjefes, oficiales, secretarias, porteros, guaruras bien pagados y hasta con carros blindados, pero a la postre, los encopetados solo sirven para vivir tirándose la chibola unos a otros, pero ninguno se amarra los pantalones para poner en cintura a los responsables evitando que a diario ocurra  la tremenda cantidad de pérdidas de vidas humanas y demás daños y perjuicios. Para eso está el Procurador de los Derechos Humanos, dicen algunos, otros, que para eso debiera servir la Municipalidad y alguien más cita a la  Dirección de Tránsito o al Ministerio de Gobernación. Pero cuando se le acabe la paciencia franciscana al pueblo ¿Cuál de todos irá a salir primero pidiendo calma y prudencia olvidándose de su culpabilidad?