Uno de los aspectos más importantes del proyecto de ley de reforma migratoria aprobada ayer en el Senado estadounidense es que la regularización, según los documentos preliminares, no aplicaría a los inmigrantes indocumentados que hayan estado en Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011.

Eso significa que si bien se abren oportunidades para garantizar la estabilidad laboral y la protección de los derechos de los inmigrantes radicados en la unión americana, también se cierran las puertas para quienes intenten migrar y buscar una mejor forma de vida en el Norte, en los próximos años.

Es alentador que en Estados Unidos avance el proceso de aprobación de una reforma migratoria de la que miles de guatemaltecos se puedan beneficiar, pero al mismo tiempo preocupa que no cambien las condiciones de vida en el país por las que muchos se ven obligados a buscar el “sueño americano” y que las oportunidades de desarrollo se limiten cada vez más para los guatemaltecos en su propio país.

En ese contexto, es importante que Guatemala se proponga su propia reforma, pero que sea de carácter institucional, social, legislativa y política, y que sea un verdadero punto de partida para transformar la realidad que hoy orilla a muchos a salir del país por la falta de empleos dignos, la inseguridad e impunidad, y la falta de certeza sobre su futuro.

Combatir la pobreza implica desarrollar proyectos de corto plazo para garantizar el bienestar de la población vulnerable y para eso los programas sociales institucionalizados y transparentes parecen ser la solución; ya tenemos bolsas y bonos seguros, pero en cuanto a transparencia y calidad de gasto, las autoridades nos quedan a deber.

Mientras tanto, para el mediano y largo plazo no hay planes que fomenten la productividad y garanticen la sostenibilidad de las economías familiares, y tampoco se observan proyectos que alienten la creación de más empresas generadoras de puestos de trabajo de calidad o que motiven la innovación de los emprendedores en los negocios.

Sobre los retrocesos en materia de inseguridad e impunidad hay mucho que decir; desde un ladrón de celulares hasta un expresidente puede burlarse de la justicia y evadir el castigo que por ley le corresponde, mientras que un estudiante o un skater puede ser perseguido por reclamar sus derechos; entre líneas, el mensaje para la población es que los poderosos y quienes se encuentren armados pueden disfrutar de la ingobernabilidad y el resto, la mayoría, debe aprender a vivir en la zozobra.

Se necesita una depuración y reforma en las instituciones de seguridad y justicia –que incluya a los altos mandos– para garantizarnos que no habrá más ineptos tomando las decisiones que difuminan la diferencia entre la represión estatal y la seguridad democrática.

Adicionalmente hay una amplia gama de problemas que se tienen que tomar en cuenta para ofrecer bienestar a la población y van encaminados a garantizar la certeza sobre los contratos, las instituciones y la aplicación de las leyes.

Por ejemplo, es importante la explotación de los recursos naturales pero con apego a la legislación ambiental, al igual que es necesario promover la empresarialidad y al mismo tiempo garantizar la certeza jurídica sobre las inversiones, y ante todo, proteger los derechos civiles.

Tenemos que dejar de buscar las soluciones a nuestros problemas en el Norte y propiciar el cambio en nuestro propio país. ¿Cuándo empezamos nuestra reforma?