Terminó la gestión de Francisco Dall’Anese al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitada por las autoridades del país,

Que ahora, además de combatir las estructuras del crimen organizado, tiene la compleja tarea de trasladar capacidades a las instituciones de seguridad y justicia nacionales, para consolidar su labor contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
 
La CICIG tiene ya solo dos años, luego de que pasara seis en el país, para capacitar a los actores del sistema de justicia guatemalteco y fortalecer el combate a los grupos paralelos de poder. La expectativa podría ser, ahora, que la impunidad en el país continúe a la baja, y no que se mantenga o, peor aún, crezca.
 
Después de Carlos Castresana y de Dall’Anese, ahora llega el turno del colombiano Iván Velásquez para dirigir la Comisión, que según el presidente Otto Pérez Molina, terminaría sus funciones en 2015.

El analista independiente Oswaldo Samayoa opina que en una primera etapa, la presencia de la CICIG ha evidenciado debilidades estructurales en el sistema de justicia, poniéndolas a la vista del país para que las supere.
 
En una segunda etapa, señala el analista, la Comisión ha demostrado que la interacción entre el sistema de justicia y la realidad de la criminalidad tiene complicaciones que van más allá de los modelos operativos y de gestión judicial.
 
“Ahora nos pone el reto de discutir y debatir sobre esa temática. Lo que se viene o lo que deberíamos de internalizar con la CICIG es (…), primero, que todo ese conjunto de casos que tiene el sistema judicial tenga una pronta solución o por lo menos que los diligencie prontamente”, acota.
 
También indica que otra prioridad es que la Comisión tenga la capacidad de institucionalizar en el Ministerio Público (MP) la nueva Dirección de Investigación Criminal y en todos los entes que tengan que ver con modelos democráticos, técnicos y profesionales de investigación criminal.
 
Al ser consultado si al día de hoy el país cuenta con un sistema de justicia mejor que antes, el analista señaló que la naturaleza de la CICIG, más que mejorar el sistema, debía desarticular los cuerpos clandestinos dentro de la estructura estatal, y en ese sentido dijo considerar que sí hay avances.
 
Por otro lado, comentó que si el modelo de la justicia es mejor que antes, debe ser un reto a lo interno, a nivel de país y Estado. “Tenemos evidenciados puntos clave a partir del aporte de la CICIG y que debemos trabajar, es algo que hay que rescatar y que nos contribuye para profundizar y buscar soluciones; entonces tendremos avances”, refirió.
 
CRIMINALIDAD OSCURA A LA LUZ
 
Samayoa analizó que se ven aspectos positivos en la desmantelación de estructuras criminales desde el punto de vista en que el ente internacional logró identificar casos clave, como cuerpos clandestinos, criminalidad oscura dentro del aparato de la Policía y del sistema penitenciario, pues “los sacó a luz e incluso los llevó a proceso judicial”.
 
De acuerdo con el entrevistado eso nunca se había dado en el país hasta que la CICIG apareció; ese es un avance y es lo positivo de ese sistema de regulación, añadió. Lo negativo, dijo, es que no garantiza que no se sigan formando los cuerpos clandestinos o que no se sigan formando dentro de la policía o dentro de los sistemas de seguridad y justicia.
Por su parte, David Martínez-Amador, miembro del Proyecto Criminova México y Red de Investigadores Sociales (INSUMISOS), recordó que la tarea de fondo de la Comisión es pelear contra el Estado paralelo.
Sin embargo, debido a la complejidad del trabajo y  dada la evolución de la CICIAGS a la CICIG, se entiende que una Comisión contra la Impunidad tiene un rango amplio de labores, algunas más fáciles de realizar que otras.
“Procesar la corrupción estatal, apoyar los esfuerzos de las comisiones de postulación, sugerir ejes de reformas al sector de justicia, procesar los actos de ejecución paralela que sucedían adentro del Estado, mostrar los actos del ‘tumbe’ de drogas que policías, expolicías y asesores de Gobernación realizaban (…) todo esto es muy importante, pero queda pendiente afectar las estructuras que originalmente se consideran como cuerpos paralelos en la historicidad guatemalteca”, acotó.

Una de las  estructuras más importantes, indicó, son los grupos de exmilitares dedicados en su momento a realizar inteligencia militar y que con la transición democrática se incrustaron para seguir haciendo inteligencia, asesinando, drenando los recursos del Estado. 

En ese sentido, el entrevistado subrayó que es clave y vital que el nuevo Comisionado pueda entender lo que constituye el concepto de cuerpos paralelos en la experiencia guatemalteca, así como que se aleje de las esferas sociales, los reflectores, las “roscas de poder” y de “alta sociedad”.

“Que se ‘blinde’ literalmente a toda influencia externa innecesaria y dedique sus esfuerzos para dirigir la institución a lo que le falta,  concentrarse en trasladar capacidades y mantener un diálogo permanente con los actores de sociedad civil”, recomendó.  

Al ser consultado sobre el procesamiento de casos de estructuras paralelas dijo que se han investigado de un tipo diferente al que la Comisión originalmente debía dirigirse, pero que no han afectado las estructuras más poderosas. ¿Por qué?  “Porque hay pocos perfiles de Comisionado que tengan la experiencia previa para lidiar con tamaño de hidra de mil cabezas que afecta Guatemala”, puntualizó.  
SIN HERRAMIENTAS
 
Erick Juárez, experto en reforma judicial, indicó que sin un índice delincuencial que permita evidenciar los grupos de poderes paralelos al Estado existentes en el 2006 comparados con los de 2013, es imposible que se pueda analizar objetivamente el papel de la CICIG, tomando en consideración que su objetivo no es la desarticulación de grupos normales y cotidianos de criminalidad organizada, sino aquellos paralelos al Estado que resultan poco visibles.
 
Dichos grupos son los que actúan con alto nivel de control y de injerencia sobre las altas esferas de poder, señaló el analista, donde el propio Estado no puede intervenir por distintas razones, como políticas y de conflicto de intereses.
 
“De tal cuenta de que en ese sentido, desde mi punto de vista es un tanto difícil hacer un balance efectivo de las circunstancias en las cuales pudo haber indicado negativa o positivamente la Comisión en Guatemala, toda vez que no existe un mapa de esos grupos de poder paralelos al Estado”, declaró.

Según el experto, un segundo aspecto es el que tiene que ver con cómo ha logrado la CICIG incidir «fuertemente» en la percepción ciudadana de eliminación de esas estructuras de poder paralelas. En este caso la percepción es «muy subjetiva», pero es de «cara a los ciudadanos» que al final determinan si ha sido o no impactante según las condiciones de información que perciben.

Sin embargo, de conformidad con lo dicho por el analista «la percepción ciudadana es negativa», porque según parte de la opinión pública, se tiene un impacto en las condiciones en que estaban las cosas antes de la instalación de la CICIG, pero no se llenaron las «grandes expectativas ciudadanas».

Por otro lado, donde sí hay un balance positivo, es en cuanto a que ha contribuido a fortalecer la institucionalidad de justicia en Guatemala en el Ministerios Público, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil.

Respecto del MP, afirma que sí hay traslado de capacidades porque se han desarrollado acompañamientos, además de destrezas de los funcionarios y empleados, «para comprender de una forma diferente las circunstancias del quehacer como fiscales».

Hay transferencia de experiencia técnica en métodos especiales de investigación criminal y metodologías de trabajo de investigación cruzada, aunque el elemento más importante transferido es más de investigación que de litigio, opina Juárez. Es importante también el uso de  la tecnología y el manejo de información.

Para la PNC, se ha fortalecido el grupo de investigación, desarrollo de grupos élites para indagar en casos de alto impacto.

Al OJ, «vemos una debilidad porque no pudo fortalecer la institucionalidad del poder judicial»,  particularmente por la intención de desarrollar investigaciones contra jueces que no prosperaron y además, “por el tema de independencia judicial, no son mayores los elementos que pueda transferir para su fortalecimiento, aunque sí podría haberlo hecho en el desarrollo de capacidades de jueces”.

APORTES

Martínez-Amador, señaló que uno de los principales aportes de la CICIG es  el hecho de generar la comprensión ante los actores políticos, empresariales y del resto de sociedad civil en cuanto a que determinados actos al margen de la ley pueden ser perseguidos. 

“Es un estímulo fabuloso para un sistema que, en realidad, era inexistente en el pasado con respecto a los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, ejecuciones extrajudiciales, espionaje, chantaje”, precisó.

En otro aspecto, el analista dijo que desnudó las carencias del sistema de justicia y puso sobre la mesa la necesidad de invertir a fondo en ella. “En palabras de Carlos Castresana: ‘Se tiene la calidad de seguridad de acuerdo a la cantidad que uno paga (tributa)’”, citó.

Por último señaló que se generó un puente muy importante de comunicación entre el MP, el Ministerio de Gobernación y la Comisión.  “Esto generó resultados importantes logrando la reducción de los índices de violencia del 45 por cada 100,000 al 39 por cada 100,000, aunque los datos jamás serán exactos ante la ausencia de un censo”, añadió.

DOS OPCIONES
A consideración de Martínez-Amador, en estos dos últimos años de trabajo, la CICIG tiene dos opciones: Centrarse en el traslado de capacidades, técnicas, procedimientos y terminar de entrenar marcos operativos o, de fondo,  se intenta los últimos dos años hacer lo esencial: “Desbaratar las estructuras que generan (históricamente lo han hecho) la calidad del Estado Paralelo”.

“Lo que se decida hacer determinará el perfil del nuevo Comisionado.  Hay que tomar en cuenta que desbaratar estructuras paralelas suena fácil en el papel, pero hay pocas experiencias comparadas que provean las cualidades necesarias para atender el caso de Guatemala.  Es un trabajo muy duro, en términos operativos y es un trabajo muy duro en términos de insumos académicos para ‘mapear’ las estructuras”, explicó.

El entrevistado consideró que para mejorar el sistema de justicia es necesaria una reforma integral, “partiendo del Sistema Penitenciario hacia los mecanismos que ‘detienen’ los actos delictivos (PNC). 

Aunque reconoció que se ha trabajado en los mecanismos de investigación, Martínez-Amador dijo que aún quedan actores del sector judicial que siguen favoreciendo al sistema.

NO LES EXTRAÑA
Diego Álvarez, vocero de la CICIG, dijo que la entidad siempre ha estado en la mira de críticas, de comunicados de prensa en contra y recientemente amparos e iniciativas de Ley que adversan su presencia, casualmente, de parte de abogados defensores de los involucrados en los casos de la Comisión, señaló.

«La evidencia de que se está haciendo un trabajo difícil es precisamente que cuando se llega a los tribunales hay un bache, una barrera, por diferentes causas, pero una de ellas es la lucha que se da de estos abogados para sacar a la CICIG de un caso determinado», dijo el vocero.

Por otro lado, mencionó que los ataques están planeados para desgastar al personal y a la CICIG.

«A veces pareciera que primero hay que ganar un juicio en los medios de comunicación y después en los tribunales y allí es donde nos estamos equivocando todos, los juicios se ganan o se pierden en los tribunales», acotó.

Álvarez refirió que esos ataques significan que van por el camino correcto, para lograr justicia en determinado caso, y que los fortalecen para seguir adelante.