Así como pequeños grupos y personas individuales de la izquierda radical aún sueñan con la época estalinista y asumen posiciones extremistas en sus pugnas, más teóricas que realistas, con sus adversarios de la ultra derecha no menos fanatizados que los primeros, éstos conservadores a ultranza suelen calificar de comunistas, populistas o terroristas a quienes defienden los derechos humanos de los guatemaltecos en general, pero especialmente de los campesinos, indígenas y otros sectores organizados que intentan defender sus legítimos intereses, como los comunitarios que se enfrentan en desigualdad de condiciones a las poderosas industrias extractivas.
Al partir de esas conductas torpes e intolerantes, no sería extraordinario que miembros de la cúpula empresarial más retrógrada y sus voceros mediáticos tilden de marxistas disfrazados o de compañeros de viaje a un grupo de multimillonarios inversionistas de Estados Unidos que ha lanzado una campaña a escala mundial “Para exigir a grandes empresas transnacionales, como las tiendas Walmart, la aerolínea Delta y la red hotelera Hyatt, que sus filiales en todo el planeta dejen de facilitar el trabajo forzado y la trata de personas, entre otros abusos a los derechos humanos”.
Esta información forma parte de un despacho de la agencia internacional de noticias IPS fechada en Washington y firmada por Carey L. Girón, de modo que no se origina en La Habana, Caracas, La Paz, Quito, Buenos Aires, Montevideo o la capital de otra nación latinoamericana regida por gobiernos de izquierda de variada gama, sino del corazón del poder político del capitalismo.
El impulsor de esta corriente capitalista humanizada, que constituye una campaña que se desarrollará durante el presente mes de enero, es el Centro Interreligioso de Responsabilidad Empresarial (ICCR, por sus siglas en inglés), que representa a nada menos que a 300 organizaciones de inversionistas basadas en la identidad religiosa de sus asociados y que gestionan alrededor de Q100 mil millones de dólares en activos, que, a su lado, la corporación patronal financieramente más fuerte de Guatemala es una figura decorativa.
La exigencia de que modifiquen sus prácticas se dirige en particular a 15 consorcios transnacionales de los sectores de turismo y la industria alimentaria, que tienen sus casas matrices en Estados Unidos, y probablemente porque su sede principal está en Canadá o en un país europeo no se cita a las compañías mineras que operan en Guatemala y que no respetan las frágiles normas que supuestamente amparan a las comunidades adyacentes a las minas de cielo abierto y al medio ambiente.
Según la IPS, Amol Mehra, director de International Corporate Accountability Roundtable, precisó que “Todos tenemos un papel que desempeñar para combatir adecuadamente los abusos, como la trata de personas; y las empresas deben convertirse en parte de la solución al poner en práctica el respeto por los derechos humanos y asegurarse que sus socios, proveedores, filiales y representantes hagan lo mismo”.
La campaña del ICCR exhorta a 15 transnacionales estadounidenses que adopten medidas en este sentido y previamente, en marzo de 2013 emitió un código de ética para empresas de todo el mundo, con el propósito de persuadirlas para que publiquen declaraciones específicas en torno a garantizar que sus cadenas de suministros cumplen con los acuerdos internacionales para el combate a la trata de personas.
(El consumidor Romualdo Tishudo leyó este graffiti: -Cuando un empresario insensible estafa a un pobre, se llama negocio; cuando el pobre pelea sus derechos se le llama violencia)