La componenda es seguramente la práctica más común en las negociaciones polí­ticas del paí­s, donde es usual sentarse a la mesa para plantear el reparto del botí­n que constituye el cargo público y jamás para asumir compromisos y, más importante, obtenerlos en aras del interés general a cambio de algún apoyo que se pueda dar a alguien.

En esta segunda vuelta suman y se multiplican las componendas porque es tiempo de “negociación” y todo aquel que siente que tiene algún caudal electoral que puede sumarle a uno de los candidatos en segunda vuelta hace la oferta para lograr algo a cambio. Históricamente nadie ofrece un apoyo polí­tico absolutamente gratis, pero lo importante serí­a que las demandas fueran en función de paí­s y no de intereses personales.

No es lo mismo ir a pedir que coloquen a algunos allegados “aunque sea de vistas en alguna aduana” que demandar, a cambio del apoyo, el compromiso de cambiar la ley electoral del paí­s, por ejemplo, o reclamar que se vuelva a implementar la ley de enriquecimiento ilí­cito que liberalmente fue derogada en tiempos de ílvaro Arzú, cuando su aplanadora amarilla controlaba el Congreso de la República.
 
  Demandar que el futuro gobierno asuma un compromiso claro con la seguridad alimentaria para reducir drásticamente la desnutrición infantil que afecta a la mitad de los niños de Guatemala, condenados de por vida a estar en inferioridad de condiciones porque ni fí­sica ni mentalmente podrán alcanzar el nivel mí­nimo tolerable de desarrollo. En esas condiciones sí­ que es obligado negociar y pactar, porque se están haciendo exigencias que ponen el dedo en la llaga y no simplemente acuerdos para que si fulanito gana no vaya a procesar a zutanito o que le dé empleo al otro cuate.
 
  Por supuesto que es mucho más fácil la componenda y estamos mucho más acostumbrados a ellas, tanto así­ que sabemos cómo exigirlas y hacer que se cumplan, mientras que con los acuerdos que demandan compromisos en función de paí­s siempre surge la duda de si no estarán hablando babosadas o, en el mejor de los casos, que cómo se hará para obligar a que respeten lo pactado y se haga realidad el compromiso. Casos en los que se apoya a alguien para que no vaya a moverse el aparato de justicia en contra de quien está dando el respaldo o de sus compinches han abundado en la historia polí­tica del paí­s y no se limita únicamente a lí­deres polí­ticos que negocian sus partidos o su caudal electoral, sino también a quienes ofrecen apoyos económicos para financiar determinada candidatura.

Habiendo tanto por qué negociar apoyos polí­ticos en busca de lo mejor para Guatemala no deberí­a ser difí­cil encontrar puntos en los que puede haber acuerdos. Y con ello se darí­a el caso de que los programas de gobierno de cada candidato se pudieran ver enriquecidos por los nuevos compromisos adquiridos luego de la segunda vuelta cuando se trate de cuestiones razonables. Quién se podrá oponer, por ejemplo, a que se le pida a un candidato que si quiere el apoyo se comprometa a no volver a contratar a la OIM y a esa retahí­la de entidades internacionales que nos estafan y nos roban, además de que le ponga fin a los fideicomisos. Si el apoyo es valedero, sí­ estamos hablando de que una fuerza polí­tica importante puede demandar eso y más para bien del paí­s.
  Pero acuerdos de esos no abundarán porque casi nadie piensa en ellos, fundamentalmente se piensa en cómo se le saca raja a la situación y se le exprime porque oportunidades de negociar así­ no son muchas ni crecen en los árboles.